Fotos Acto institucional del Ayuntamiento de Valladolid en el Día Internacional del Orgullo LGTBI

Movimiento contra la Intolerancia se ha sumado al Acto institucional del Ayuntamiento de Valladolid para celebrar el #DiaInternacionaldelOrgulloLGTBI ️‍️‍    con un estupendo manifiesto por parte de Héctor Matesanz "Lady Veneno"

Una fecha para instar a la #Tolerancia y la Igualdad de Derechos del colectivo LGTBI+

Os eperamos en la Manifestación del #OrgulloLGBTI2019¡¡

Salida Fuente Dorada a las 19.30h y actuación de la Orquestina Anarcoyeyé en la Plaza San Benito a las 21.30h #Pride2019#LoveIsLove

Día Internacional del Orgullo LGTBI+

El Día Internacional del Orgullo LGTBI+ es una fecha para instar a la#tolerancia y la igualdad de Derechos del colectivo LGTBI+. Esta conmemoración tiene lugar el 28 de junio, día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, EE. UU.) de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación LGTBI+.

Un año más, Movimiento contra la Intolerancia se suma a la Manifestación del #OrgulloLGBTI y os animamos a participar en esta jornada reivindicativa.

MANIFESTACIÓN

Salida: Plaza de Fuente Dorada a las 19.30h

Recorrido: Plaza Fuente Dorada, Teresa Gil, Plaza de España (acera interior de la Plaza) Claudio Moyano, Santa María, Santiago, Plaza Mayor, Manzana, cruzar por Pza. Rinconada hasta C/ Sandoval, Sandoval y Explanada C/ San Benito.

Y al finalizar........  Actuación de la Orquestina Anarcoyeyé en la Plaza San Benito a las 21.30h .
Os esperamos!!!!!

Programa de Radio "Con Voz Propia": Derechos LGTBI

Bienvenidos y bienvenidas al “Con Voz Propia”, programa realizado por el voluntariado de Movimiento contra la Intolerancia, en Valladolid.

Hoy hablamos del colectivo LGTBI y de sus derechos. 

Para empezar, escucharemos los testimonios de Vic y Daniela.

En el Artículo de hoy recorremos el camino desde Stonewall, ese 28 de junio de 1969, hasta hoy, pasando por la despenalización de la homosexualidad en España.

En nuestra sección de Mujeres Haciendo Historia nos vamos a los primeros años del siglo XX para hablar de Elisa y Marcela.

En nuestro Rincón de la Ecología hablaremos del reciclaje. Todo esto acompañado de Noticias de actualidad, interesantes recomendaciones en nuestra Agenda y buena música.

50 años de Stonewall, los disturbios que iniciaron la revolución gay

El mundo entero recuerda cada año esta reyerta en el marco de la celebración del Día Internacional del orgullo LGTBI.

Detalle del cartel de Peter Hujar para el Frente de Liberación Gay 

Sylvia Rivera tiene 18 años. Está bailando en una discoteca con sus amigas, cuando unos policías irrumpen en el lugar. Obligan a los asistentes a mostrar su documentación, y, cuando le llega el turno a Sylvia, el agente le pregunta si es hombre o mujer. Ella lo tiene claro. Se siente molesta e intenta agredir al agente. Ella y el resto de sus amigas son arrestadas por no llevar tres prendas de ropa de hombre acorde a su identificación, algo que dicta la ley. Esto fue la chispa que inició los disturbios de Stonewall, una revolución que lucha contra los prejuicios, leyes, gobiernos, partidos políticos y religiones.

El Stonewall Inn había sido un restaurante y club nocturno que frecuentaban personas heterosexuales durante la década de los cincuenta. Sin embargo, el local fue adquirido en 1966 por tres miembros de la Mafia que lo reabrieron como un bar gay, una práctica muy común. Los socios de este nuevo negocio decidieron reabrirlo como un “club de bebidas” privado, lo que les eximía de la prohibición de servir alcohol sin licencia. Aun así, el apodado “Tony el Gordo”, gestor principal del local, pagaba alrededor de 2.000 dólares en sobornos semanales al Sexto Recinto de la Policía de Nueva York.

Una vez inaugurado el local, sus asistentes podían refrescarse con una bebida –normalmente adulterada con agua- servida por una drag queen llamada Maggie Jiggs. Dejando la barra a un lado, el principal lugar de reunión de los asistentes era la pista de baile, iluminada con luces oscuras. Aunque pueda sorprender a más de uno, la iluminación jugaba un papel principal, puesto que “en el caso de que llegara inesperadamente la policía o un hombre sospechoso con ropas de secreta, unos focos alumbraban instantáneamente la zona de baile, indicando a todo el mundo que dejara de bailar o se los llevarían”, tal y como detalla en Stonewall: El Origen de una revuelta el historiador estadounidense Martin Duberman.

Las personas que frecuentaban el Stonewall eran transexuales, travestis, negros y jóvenes que se dedicaban al trabajo sexual. Su gran mayoría eran adolescentes a los que su familia había echado de casa debido a su condición. Estos miembros del colectivo solían acampar en un parque emplazado frente al Stonewall. Sin embargo, había figuras como Bob Kohler, que sería más tarde un referente en el Frente de Liberación Gay, que solía ayudar a mujeres trans y afroamericanas. Según Loren González, Secretario de Organización de la Federación Española de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, las mujeres trans y racializadas eran el “grupo más vulnerable”.

Sylvia Rivera tenía 18 años cuando se iniciaron los famosos disturbios de Stonewall. De ascendencia portorriqueña y venezolana se convertiría posteriormente en una de las activistas más reconocidas del colectivo trans. Esta adolescente había abandonado su vida de trabajadora sexual para convertirse en reponedora, lo que para ella era “un buen trabajo con un buen jefe que le permitía llevar maquillaje si así se sentía bien”, apunta Martin Duberman. Pese a su reticencia, Sylvia acudió a la fiesta en el Stonewall de su amiga Marsha P. Johnson la madrugada del sábado 28 de junio de 1969.

La Policía irrumpió en el local de forma inesperada, pidiendo a los clientes que formaran una fila y sacaran su documentación. Parecía una redada basada en el patrón habitual, por lo que solo serían arrestados quienes fueran sin documentación. Uno de los policías se acercó a Sylvia y le preguntó si era hombre o mujer. Ella, molesta, casi agrede al agente, pero el novio de esta la detuvo. Sin embargo, un policía se la llevó a la fuerza hasta la puerta del local. Otras mujeres fueron arrestadas por no llevar el mínimo de tres prendas de su “género” por ley.

La acción policial sorprendió a la administración del Stonewall, que normalmente recibía un aviso de la policía a la que sobornaba en caso de redada. Pero, en esta ocasión, la redada estaba protagonizada por federales. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF por sus siglas en inglés) había averiguado que las botellas de alcohol que utilizaban en el club carecían de sellos federales, y “al poner bajo vigilancia al Stonewall, la BAFT había descubierto la alianza corrupta del bar con la comisaría del Distrito Sexto”, según puntualiza Martín Duberman.

Algunos de los clientes que estaban siendo registrados en esta redada profirieron abucheos hacia la policía al ver que detenían a gente a remolque y las llevaban a la furgoneta. Cuando ese grupo de clientes se convirtió en una muchedumbre considerable a su retaguardia, los policías comenzaron a golpear a diestro y siniestro. Esta situación sorprendió a los agentes, ya que el colectivo LGTBI estaba respondiendo a la represión policial burlándose de ellos y arrojándoles al cuerpo lo primero que cogían. Tal y como apunta el estudioso del cine y escritor español, Alberto Mira: “Estaban acostumbrados a que la gente se callara, pero estos devolvían los golpes. Gente gay, trans y latina respondió a algo a lo que normalmente no se respondía”.

Como resultado de esta reyerta que se alargó hasta altas horas de la madrugada, cuatro agentes acabaron heridos y una treintena de personas ingresó en los calabozos de la comisaría del Distrito Sexto, de las cuales, siete eran empleados del Stonewall. Los detenidos tenían cargos que iban desde persecución por resistirse al arresto hasta la desobediencia.

Al día siguiente, los antidisturbios estaban colocados en línea a lo largo de la Christopher Street desde el Stonewall. Las trans que protagonizaron la velada anterior comenzaron a entonar una canción y a alzar sus piernas, a lo que los antidisturbios respondieron lanzando sus porras sobre las costillas. Sin embargo, a diferencia de la noche anterior, el gentío había crecido considerablemente y era más difícil de controlar. Aun así, “los policías venían determinados desde el principio a sofocar la rebelión, a aporrear cabezas y romper huesos”, apunta Duberman.

La tranquilidad inundó la ciudad de Nueva York las dos noches siguientes, en gran parte debido a la lluvia. El colectivo aprovechó estos momentos para organizarse, para “hablar, reflexionar o hacer estrategia”, señala Loren González. Después de este tiempo de relativa calma, llegó la noche del miércoles, momento en que tuvieron lugar una serie de sucesos que recordaban a lo ocurrido durante el pasado fin de semana: se prendió fuego a contenedores y se lanzaron botellas a los agentes.

La del miércoles fue la última noche de disturbios, pero cuando llegó la manifestación frente al Independence Hall solo dos días después, el cambio resultaba evidente. Se palpaba algo distinto. De entre las setenta y cinco personas que se manifestaban, surgieron dos mujeres que comenzaron a caminar juntas de la mano, esto significó que “los acontecimientos de Stonewall habían tenido su efecto”, indica Duberman. Aun así, Frank Kameny, el que fuera organizador de la manifestación, hizo que ambas soltaran sus manos.

Lo ocurrido en las calles de Nueva York en 1969 ha pasado a la historia por diversos motivos: la ubicación, las calles estrechas de la ciudad que favorecían a los manifestantes y la movilización de personas queer. Ya había habido disturbios antes, pero lo más representativo de estos es que, a día de hoy, se siguen rememorando en el marco de la celebración del Día Internacional del orgullo LGTBI. Tal y como apunta Alberto Mira, “Stonewall es un momento crítico, es muy importante porque, desde entonces, el colectivo sale a la calle porque tiene algo que celebrar. Antes se hacía todo en secreto”.

Cincuenta años después, personas como Sylvia tienen que seguir respondiendo a preguntas sobre su género.

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Valladolid recoge el mayor porcentaje de agresiones sexuales de Castilla y León en 2018

El turno de oficio especializado en violencia de género, que componen 1.018 abogados en Castilla y León, atendió a un total de 106 mujeres por agresión sexual en 2018 y casi la mitad (un 44%) eran menores.

Los datos del primer trimestre de este año superan a la media de 2018, que se sitúa en 26 solicitudes de asistencia gratuita, frente a las 31 tramitadas en los tres primeros meses de 2019

Desde que se firmara el convenio entre el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL) y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en enero de 2018, si se suman los casos del año pasado y del primer trimestre de 2019, un total de 137 mujeres de la región han recurrido al turno de oficio por sufrir agresiones sexuales, que van desde el acoso, el abuso o la agresión hasta la pornografía infantil o amenazas, entre otros tipos.

El perfil de estas víctimas es el de mujeres jóvenes -más del 75% es menor de 35 años-desempleadas, que viven en zonas urbanas y son de nacionalidad española.

MÁS INCIDENCIA A MENOR EDAD

 

El porcentaje de ataques disminuye conforme aumenta la edad de las mujeres, de hecho, el grupo donde la incidencia es mayor es en el de las menores de 18 años (un 44%), le siguen las mujeres entre 19 y 25 años (34%) y las de entre 36 y 45 años (13%), mientras que entre los 46 y 55 desciende hasta el 7% y en las mayores de 55 años la incidencia es del 2%.

Los datos recogidos por el CRACYL también analizan la nacionalidad de las víctimas: el 79% de las mujeres que sufrieron agresiones sexuales en las nueve provincias de Castilla y León eran españolas y el 21% de otros países; tan sólo un 8% pertenecían a alguna minoría étnica.

En cuanto a la situación laboral, 8 de cada 10 víctimas estaban desempleadas, y la mayor parte de las agresiones (el 66%) se han producido en zonas urbanas

En cuanto a los datos por provincias, Valladolid se sitúa como el territorio de la Comunidad con mayor porcentaje de agresiones sexuales durante el periodo de 15 meses recogido, con un 28% del total (38 víctimas), mientras que en Segovia no se ha registrado ningún caso.

 León (25), Palencia (24) y Salamanca (19) siguen de cerca a Valladolid con un 18%, un 18% y un 14%, respectivamente; mientras que en Zamora (11), Burgos (11), Ávila (7) y Soria (2) la proporción de agresiones es bastante menor, con un 8% en las dos primeras y un 5% y 2% en las restantes.

TURNO DE OFICIO IGUALITARIO

 

Siete de los nueve colegios de la Comunidad disponen de un turno de oficio especializado en violencia de género y agresiones sexuales, compuesto por un total de 1.018 abogados. Un servicio a la ciudadanía que cuenta con paridad absoluta entre los profesionales que lo integran, ya que el 49,9% son abogadas.

El turno más numeroso es el de Salamanca con 206 abogados inscritos, seguidos del de Valladolid -que suman 195 letrados, de los cuales 23 cuentan con una formación específica en esta materia que el ICAVA exige para formar parte del único turno especializado sólo en agresión sexual de la Comunidad-, León (175) y Burgos (159).

Las provincias con menor población como Palencia, Ávila y Zamora suman 64, 45 y 14 letrados especializados en esta materia, respectivamente.

En Segovia y Soria, que no disponen de turno específico en agresiones, atienden estas demandas los 120 abogados segovianos del turno de oficio de violencia de género y los 40 de Soria.

Todos los letrados inscritos han asistido a los cursos obligatorios que imparte el CRACYL sobre violencia de género con el objetivo de que las víctimas cuenten con abogados especializados en esta materia en los turnos de todas las provincias. 

En noviembre de 2017, y dentro del modelo integral de atención a víctimas de violencia de género 'Objetivo Violencia Cero' impulsado por la Junta de Castilla y León, el CRACYL suscribió un convenio con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para afrontar dos nuevas prestaciones gratuitas para víctimas: una de asistencia jurídica gratuita a mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales, y otra para la asistencia y atención letrada, también gratuita y en todo tipo de materias, para los menores huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género.

Así, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el CRACYL unen fuerzas para impulsar la atención a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales a cargo de abogados especializados.

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El 40% de los alumnos de la ESO con discapacidad sufren acoso escolar en la comunidad

Triciclos que sustituyen a las sillas de ruedas de niños, en el García Quintana de Valladolid. / 

GABRIEL VILLAMIL

Un estudio del Cermi y la Once revela que ocho de cada diez estudiantes cree que «el ser diferente» es un factor de riesgo para ser víctima de bullying.

Son más las víctimas y son más vulnerables. El acoso escolar rodea la vida en el cole y el instituto del 33% de los menores, según diversos estudios generales; pero cuando estos alumnos tienen además una discapacidad se convierten en la víctima perfecta para los más desalmados. Encuentran más con lo que meterse y mayor indefensión. El comité que engloba todas las asociaciones sobre discapacidad física, sensorial o intelectual y mental, el Cermi, y la Fundación Once han querido investigar esta realidad en España, y en cada comunidad  (no hay diferencias territoriales), donde apenas hay estudios pero recogiendo el informe de la Unión Europea que apunta a que una discapacidad es un claro factor de riesgo.
Víctimas de acoso y de ciberacoso. Lo son más estos niños y adolescentes, el 40% de los que estudian la ESO lo sufren y el 37% de los de Primaria. Los 14 años es una edad especialmente crítica y el ser mujer alza ligeramente las cifras
Los alumnos con alguna discapacidad pueden estudiar en centros ordinarios, públicos, concertados o privados, o en los especiales. En la comunidad, hay 1.319 matriculados en estos últimos específicos para ellos y 8.051, en los centros habituales. De los que acuden a colegios e institutos ordinarios, el mayor volumen (3.849) tiene un trastorno de personalidad y el segundo grupo más frecuente (1.872), una discapacidad intelectual.Le siguen los de discapacidad física (938), auditiva (360) y visual (144). Son los públicos los que más casos registran, también escolarizan a más, pero ningún centro educativo se libra de esta realidad. El trabajo recoge que el 80% de este alumnado cree que el verlos como 'diferentes' es un claro factor de riesgo para sufrir estas agresiones.
Las burlas, el aislamiento y el rechazo se corresponden con las modalidades de abuso escolar más frecuentes (8 de cada 10 casos). El alumnado víctima de ciberacoso lo ha sido, sobre todo, por recibir comentarios desagradables a través de WhatsApp (18,8%) y Facebook (10,3%). El nivel de bullying es muy variable, desde la persecución desagradable y continuada con comentarios siempre negativos hacia la víctima que vive así años hasta situaciones todavía más graves. En el 58% de los casos esta persecución se prolonga durante años y suele ser ejercida por un grupo de compañeros del mismo aula o curso.

Las consecuencias son marcadamente negativas para su estabilidad emocional pero también para sus resultados académicos. Dichos daños perjudican tanto a las personas agresoras, como para los compañeros. El trabajo de campo realizado detecta el sufrimiento que experimenta el alumnado con discapacidad cuando es víctima de acoso. Las reacciones más frecuentes, en más de la mitad de los casos, se corresponden con el empeoramiento de las calificaciones (31,3%), el descenso de la motivación para asistir a clase (57,8%), el incremento de la tristeza (62,5%) y muchos relatan las «ganas de llorar» (53,6%). Castilla y León es una de las comunidades con más alta participación en las encuestas de la investigación y el trabajo al aportar el 5,8% de las respuestas.

Los resultados de la investigación revelan también la tendencia del alumnado 'espectador' a permanecer en silencio ante el acoso, «si bien es cierto que cuatro de cada diez profesionales del ámbito educativo opinan que los compañeros defienden a la víctima y ponen la situación en conocimiento del profesorado». El personal destaca que la familia del agresor suele rechazar tales acusaciones y la de la víctima tiende a protegerla pero no sabe cómo.

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Antidisturbios para una pelea de un niño de 8 años en Valladolid

Intervinieron 12 dotaciones policiales para apaciguar una trifulca entre 50 personas que se saldó con dos detenciones porque no había suficientes agentes para practicar más sin correr riesgo

Plaza de Lola Herrera. Valladolid

La agresión de un menor de 8 años a una niña en Valladolid concluyó la noche del pasado sábado con una trifulca a la que se sumó cerca de medio centenar de vecinos y que requirió la intervención de hasta doce dotaciones policiales, dos de ellas de la Unidad de Intervención Policial (UIP), y la detención de dos varones.

Los incidentes, según informaron a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, se iniciaron sobre las 23.45 horas del pasado sábado en la Plaza de Lola Herrera, donde, presuntamente, un menor agredió a una niña, lo que llevó a los padres de la víctima a afear la actitud del supuesto agresor.

La reprimenda, según las mismas fuentes, no sentaron nada bien a los progenitores del menor, que se liaron a guantazos con los de la agredida.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron cuatro dotaciones policiales, dos de la Policía Nacional y otras tantas de la Policía Municipal, si bien los agentes no encontraron en dicho escenario a los contendientes pues la refriega continuaba ya en la calle Arca Real, en el barrio de Las Delicias, ya con participación de un mayor número de personas que en ese momento se hallaba hostigando a la madre de la niña.

DOS HERMANOS DETENIDOS

Ante el cariz de la situación, los agentes trataron de mediar y fue cuando uno de los participantes, R.D.R, tío del niño agresor, quien supuestamente era uno de los más significados en el hostigamiento, trató de huir para no ser identificado, si bien fue finalmente interceptado no sin que antes tratara de dar un puñetazo de uno de los funcionarios.

Instantes después sería detenido su hermano y padre del menor, E.B.R, que, según la versión policial, en su intento por no ser identificado propinó un puñetazo a un agente que impactó en su rostro.

Para entonces, medio centenar de personas se había dado ya cita en la calle Arca Real, con lo que los agentes se vieron obligados a solicitar el apoyo de otras ocho dotaciones policiales, entre ellas dos de la UIP.

Las mismas fuentes apuntan que no hubo más detenidos por falta de efectivos para poder practicar las detenciones sin riesgo para los funcionarios, que finalmente trasladaron a ambos hermanos a la Comisaría de la calle Gerona acusados de un delito de atentado a agentes de la autoridad.

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Detenido por un delito de odio en las redes contra un guardia civil muerto en Cádiz

Detenido en Arévalo por un delito de odio

La Guardia Civil ha detenido en Arévalo a una persona como supuesta autora de un delito de odio y contra la integridad moral del agente Fermín Cabezas, fallecido en acto de servicio en Cádiz cuando perseguía a un coche cargado de drogas.

La detención se produjo el martes dentro de la operación Dacor, al conocerse que una persona había realizado publicaciones vejatorias y discriminatorias contra Fermín Cabezas, que había prestado servicio en Ávila, entre otros destinos.

Su muerte se produjo en un acto de servicio prestado en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción cuando perseguía a un coche lanzadera, de apoyo al que transportaba la droga, 200 kilos de hachís.

Según la Guardia Civil, el detenido realizaba publicaciones con imágenes de fotografías del agente, así como del accidente, añadiendo a las mismas una etiqueta para "atraer a un colectivo al que pertenece, generando y difundiendo más odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado entre sus seguidores".

Su objetivo consistía en que sus seguidores "compartieran dichas imágenes", con el objetivo de que pudieran llegar a "hacerse virales".

Tras realizar las correspondientes investigaciones para conocer la autoría de la primera publicación en la red social, los agentes consiguieron localizar a su presunto responsable en Arévalo, siendo detenido y puesto a disposición judicial.

Esta operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Telemáticos (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila. No se descarta que se puedan producir nuevas detenciones por la difusión de todo el contenido.

Fuente

España suspende en accesibilidad, educación y protección contra la violencia hacia las personas con discapacidad

Son las peores áreas de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de la ONU, según el análisis del Comité Español de Personas con Discapacidad 

El Cermi reseña 22 delitos de odio en 2018. Su informe registra 370 denuncias, 76 avances y 48 propuestas de mejora

En 2018, el Comité de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención sancionó a España por incumplirlo en materia de inclusión educativa

España tiene deberes pendientes con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Nuestro país suspende en la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según el análisis del informe anual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para evaluar la aplicación que se hace de un texto asumido por España en 2008 y que debería regir todo el ordenamiento jurídico sobre la cuestión, solo por debajo de la propia Constitución.

Accesibilidad universal, inclusión educativa y la protección contra la violencia, la explotación y el abuso de las personas con discapacidad son las tres áreas en las que más incumplimientos se registran, según el Cermi. Preocupa en especial el último apartado, con 22 casos de violencia y delitos de odio registrados durante 2018. Pero no son las únicas áreas por mejorar. Las obligaciones generales, la salud y un adecuado nivel de vida y protección social les siguen de cerca.

"España avanza en materia de discapacidad pero, como un mal estudiante, se conforma con aprobar algunas asignaturas mientras deja pendientes el resto", valora Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi y responsables de la evaluación. "Existe un tibio compromiso a la hora de que la Convención permee las políticas públicas. El Gobierno central lo tiene más claro, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos la ven muy lejana", explica.

Pero no todo son tirones de orejas. Aunque es cierto que el informe incluye 370 denuncias, también reseña 76 avances y 48 propuestas de mejora. Las denuncias (67% de los casos) siguen duplicando a la suma de avances (20%) y propuestas de mejora (13%), pero "la mirada va cambiando", afirma Martín. Entre los avances, el delegado del Cermi destaca que en este último ciclo electoral hayan podido votar unas 100.000 personas con discapacidad a las que se había retirado el derecho a voto.

Un país de barreras

La accesibilidad universal, recogida en el artículo 9 de la Convención, es un buen ejemplo del camino que falta por recorrer en cuestión de cumplimiento de la legalidad vigente. Este área recoge el 10% de las denuncias registradas por el Cermi. Más allá de lo que dice el texto de la ONU, ya de obligado cumplimiento por sí mismo, España desarrolló su propia ley que establecía que el 4 de diciembre de 2017 expiraba el límite temporal para alcanzar la accesibilidad universal de todos los productos, servicios y entornos. No se ha cumplido.

"Es el gran fracaso de las políticas públicas. Nuestro país sigue lleno de muros, barreras, obstáculos. Podemos decir que la inaccesibilidad es aún el paisaje habitual en España", sostiene Martín. Algunos ejemplos básicos: gasolineras desatendidas (piense en una persona en silla de ruedas intentando echar gasolina), infraestructuras ferroviarias impracticables o "la invasión anárquica de las aceras por patinetes y otros elementos de movilidad urbana".

La educación es otro de los principales campos de batalla de las asociaciones en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Comparte, junto a la accesibilidad, el mayor número de denuncias registradas (un 10% del total). Y en este caso es la propia ONU la que le ha sacado los colores a la administración.

El comité de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento del artículo 24 de la Convención determinó en 2018, tras estudiar el sistema español, que se viola el texto legal al no asegurar ni en su legislación ni en sus políticas ni prácticas educativas el derecho a la inclusión, a que todo el alumnado se matricule en centros ordinarios.

Y no es solo cosa de la ONU. Hasta el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión en una sentencia que condenaba al Gobierno de La Rioja por no hacer todo lo posible por escolarizan a un niño en el sistema ordinario. El TS estableció que son los recursos los que deben ir a los niños y no al revés salvo muy contadas excepciones. En España, el 20% de los niños con alguna discapacidad están matriculados en centros de educación especial, cifra que parece distar de los casos excepcionales a los que aludía el Alto Tribunal.

Violencias

La violencia, acoso y explotación sobre personas con discapacidad es otro de los temas en los que pone el foco el Cermi. En 2018 se registraron 22 casos de "palizas, agresiones, abusos sexuales y vejaciones", recoge el informe. Es un paso atrás respecto a 2017, cuando se registraron tres.

En este apartado, un poco en todos en realidad, el Cermi destaca lo positivo de que cada vez más personas se animen a denunciar. "Se ha hecho un esfuerzo en empoderar a las personas, sobre todo a las que tienen alguna discapacidad intelectual, porque a veces ni siquiera son conscientes de que se están vulnerando sus derechos o su integridad física o libertad sexual", valora.

Además de las áreas y artículos mencionados, el mayor número de denuncias por incumplimiento de la Convención se dan en temas relacionados con la igualdad y no discriminación, la salud o el nivel de vida adecuado y la protección social, cada una de ellas con un 8% de las quejas presentadas.

Con menor valor cuantitativo, pero más cualitativo por la gravedad de lo que supone, el Cermi destaca la "discriminación sistémica contras las mujeres en relación al acceso y derecho al trabajo digno. La representación de las mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo es alarmantemente baja y existe una brecha salarial".

Cambiar la Constitución

En la otra cara de la moneda, el Cermi destaca algunos avances que se han logrado. El año pasado se avanzó principalmente en las condiciones generales de vida de las personas con discapacidad como consecuencia de esa labor de hormiguita que van haciendo las ONG. Aunque quede camino por recorrer, la Convención se va conociendo y teniendo en cuenta.

También destaca, por las mismas razones que para mal, la accesibilidad: es donde más margen de mejora había. Entre estas dos áreas acumulan el 28% de los avances registrados.

Entre las mejoras del último año el Cermi destaca sobremanera la recuperación para 100.000 personas del derecho al voto, como se ha comentado. Pero hay otro proyecto legal que ocupa ahora al tercer sector, aunque se haya paralizado: el cambio del artículo 49 de la Constitución, que contaba con un gran respaldo político en la anterior legislatura pero cayó en el cajón del olvido al convocarse elecciones.

Dice dicho artículo: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Para el Cermi tiene dos problemas. Por un lado, explica Martín, el término "disminuidos". Por otro, el espíritu asistencial del texto. "Es una actualización terminológica, sí, pero va más allá por la nueva redacción de mucho mayor alcance y ambición: más garantista y promotora de derechos", explican desde el Cermi.

Por último, otro de los logros conseguidos el pasado año es la llamada "X solidaria", un mecanismo "impulsado e ideado desde la discapacidad organizada" por el que las empresas pueden dedicar el 0,7% del Impuesto de Sociedades a financiar programas sociales sin coste para ellas. Está pendiente del desarrollo reglamentario, pero será una realidad en breve, espera el Cermi.

El programa de actividades del Día del Orgullo se extenderá del 24 al 30 de junio

El 28 de junio, Día del Orgullo, se celebrará el acto institucional en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento y se colocarán en el balcón la bandera arcoíris y otra con los colores blanco, rosa y azul que representa al movimiento 'trans'

El programa contiene actividades muy variadas, algunas de carácter más festivo y otras más culturales.

Así, un año más, del 24 al 30 de junio, se realizará en diversos establecimientos hosteleros de la ciudad la V Ruta de Tapas y Tartas Triángulo Arco Iris, con entrega de premios el 2 de julio en el acto que se celebrará en el local que resulte ganador.

El día 24 de junio se realizará una actividad de información y prueba rápida de VIH, de 18 a 20 horas en los locales de Colegas Confederación LGTB (Sala 16 Centro Cívico Esgueva, en la calle Madre de Dios, 20), Fundación Triángulo (Plaza del Ochavo, nº 2 – 1º D), Comité Ciudadano Antisida de Valladolid (calle/ General Almirante, 7) y Médicos del Mundo (calle Villanueva, 1 – Bajo).

El mismo día 24 se presentará el comic "L.S.B.ANA, ¡EL LESBOCOMIC! Edición deluxe", en la librería "La otra" (calle Juan Mambrilla, 19) a las 20:30 horas.

El miércoles 26 de junio, en el Centro Municipal de la Igualdad (calle Antonio Royo Villanova) se proyectará el documental "Visibles" de Enrique Rey, y a continuación se celebrará una charla sobre mayores LGBTI con la asociación "26 de diciembre", en la que intervendrán Juan José Argüello Aira y María José Larena Gorostiaga.

El mismo día, a las 21 horas, en la Plaza del Biólogo José Antonio Valverde, se proyectará la película "Carmen y Lola". En este acto, organizado por Fundación Triángulo en colaboración con Red Pajarillos y Fundación Intras, se procederá por la concejala María Victoria Soto a la entrega del Premio Triángulo Rosa 2019, que este año ha sido otorgado al profesor de la Universidad de Valladolid Alfredo Corell.

El jueves 27 se celebrará en la playa de las Moreras la actividad "Moreras pride" que organiza como en años anteriores Valladolid Diversa, a partir de las 19 horas, con música, juegos y actividades sobre diversidad sexual y de género.

El programa se completa con la representación de dos obras de teatro, ambas el domingo 30. Por un lado, en el Centro Cívico José Luis Mosquera se ofrecerá la obra "No todo es azul" a las 19 horas; por otro lado, en la Sala 11 Filas se representará la obra "Cuadros de ti y de mi" a las 20 horas.

Blanca, la primera persona con síndrome de Down que se saca un grado en España

A sus 30 años, ha terminado el grado de Terapia Ocupacional por la Universidad Católica de Valencia "a base de esfuerzo, trabajo y superación"

Blanca durante su acto de graduación

Blanca San Segundo, de 30 años, se ha convertido en la primera persona con síndrome de Down en conseguir un grado universitario gracias, tal y como ella dice, a su "esfuerzo, trabajo y superación".

"Cualquier persona puede hacer lo que se proponga dentro de sus capacidades y no sus limitaciones", dice en una entrevista con Down España la joven, quien ha terminado el grado de Terapia Ocupacional por la Universidad Católica de Valencia.

Antes que Blanca, Pablo Pineda fue el primer europeo en conseguir un título universitario, en su caso una diplomatura en magisterio.

Blanca, quien no ha tenido adaptación curricular, asegura que tanto su familia como los profesores siempre han apostado mucho por ella y reconoce que algunas asignaturas le han costado más aunque ha tenido mucho apoyo de sus compañeros.

"Lo he sacado yo a base de esfuerzo, trabajo y superación. Estoy muy contenta, aún no me lo creo", señala la joven, que ha estudiado esa carrera para poder trabajar con personas con discapacidad.

Comenta que después de estudiar un ciclo de integración social con diferentes actividades, realizó prácticas en un centro para personas con parálisis cerebral. "Cuando veía lo que hacían y lo que conseguían, me emocionaba y por eso quise estudiar más para poder dedicarme a ello", afirma.

Solo le falta hacer la defensa del trabajo de fin de grado que ha realizado sobre terapia en aulas de niños con autismo.

De su carrera, lo que más le ha gustado ha sido todo lo relacionado con la discapacidad y la autonomía, ver los retos y cómo se van superando. "Me llena de orgullo, yo puedo ser un ejemplo para ellos", insiste.

Blanca, además, trabaja prestando apoyo a los maestros de niños con discapacidad en el centro de educación infantil inclusivo L'Alquería de Valencia y su intención es seguir y aprender más para poder ayudarles mejor.

También se ha animado a participar en política, de hecho, forma parte de la junta directiva de Ciudadanos de su localidad y quiere conseguir que la sociedad "vea que las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas".

Así, reitera que los derechos de las personas con discapacidad son su prioridad y hace un llamamiento para que todo el mundo pueda tener una educación inclusiva.

Las denuncias por 'sexting' se incrementan un 46% en el último año

Expertos advierten que el envío de imágenes o vídeos de contenido más o menos íntimo, normalmente de carácter erótico o pornográfico, sin consentimiento se ha convertido en una práctica diaria

El número de denuncias por 'sexting' en España aumentó cerca de un 46% en 2018. Según los datos facilitados a la Secretería de Estado de Seguridad por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos de Policía Local, en el año 2017 se registraron un total de 590 denuncias por revelación de secretos y difusión de grabaciones que atentan contra la intimidad. Al año siguiente, la cifra se elevó hasta las 860.

Sin embargo, fuentes de Interior advierten que la estadística no recoge datos de la Ertzaintza, los Mossos y la Policía Foral, por lo que se puede afirmar que existen más. Solo en la Fiscalía de Tarragona, por citar un ejemplo, se iniciaron 66 investigaciones en el último año relativas a denuncias por descubrimiento de secretos que van desde la difusión de contenido sexual explícito a imágenes en situaciones íntimas e incluso audios o capturas de pantalla que se reenvían sin autorización

"El envío de imágenes y vídeos de carácter sexual sin consentimiento ocurre a diario, pero no se suele denunciar y el principal motivo por el que no se acude a la policía es por vergüenza", explica Encarni Iglesias, presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, una plataforma que se creó para dar una respuesta integral a las víctimas de delitos informáticos.

"Falta formación"

Por otro lado, Iglesias cree que en España "falta formación" por parte de las autoridades a la hora de atajar este tipo de delitos y aconseja que si alguien es víctima de un delito de este tipo "debe denunciar a la Policía desde el minuto uno". "Aún hay países que ni siquiera tienen legislación sobre este asunto y, sin embargo, todos llevan un móvil en la mano", advierte.

Es claramente perceptible la frecuencia creciente con que se utilizan las tecnologías como medio para canalizar la humillación o el ejercicio del control sobre otros

De acuerdo a la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018, es claramente perceptible la frecuencia creciente con que se utilizan las tecnologías como medio para canalizar el hostigamiento, la humillación, la persecución, la coacción, el acoso o el ejercicio del control sobre otros y por ende para atentar contra la libertad de las personas.

"El uso generalizado de estas herramientas en la actividad cotidiana ha hecho factible su aprovechamiento para la comisión de este tipo de conductas cuyos efectos perversos se ven agravados por la capacidad que ofrecen las TIC para dar permanencia en el tiempo a dichas situaciones de acoso", señala el texto.

Nuevas tecnologías

Con la reforma del Código Penal de 2015 se introdujo el 'sexting' como delito, tipificándolo en el artículo 197.7 de dicho cuerpo legal. Según aclara la abogada Miriam Guardiola en la plataforma jurídica Legal Today, la  práctica consentida de enviar imágenes o vídeos de contenido más o menos íntimo está permitida y no es reprochable penalmente, pero sí se ha tipificado como delito la divulgación o emisión de estas imágenes sin el consentimiento de la víctima aunque la imagen o vídeo se hubiera tomado originariamente con su anuencia.

"La facilidad y el acceso ágil y rápido de las nuevas tecnologías han potenciado y popularizado esta práctica. Sin embargo, en ocasiones, la viralización del medio y su rápida difusión a un ritmo vertiginoso hacen que se pierda el control de la imagen, pudiendo tener consecuencias muy adversas", señala en su artículo.

Tan adversas como las que padeció Verónica, la empleada de 32 años de Iveco que se suicidó después de que un vídeo sexual con ella como protagonista se difundiese entre los trabajadores de la empresas. Tras el fatídico desenlace de la trabajadora, y mientras la Fiscalía investiga el caso, su vídeo se convirtió en el más buscado en las páginas porno, tal y como denunciaron diversas asociaciones.

El Supremo eleva la condena a La Manada a 15 años: fue una violación múltiple, no un abuso sexual

Detenidos los cinco autores de la violación. El alto tribunal revoca la sentencia de los tribunales navarros que consideraron el ataque a una joven en los sanfermines como un abuso sexual

Detención del ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero. En vídeo, hubo violencia e intimidación según las acusaciones y el Supremo. FOTO: ALEJANDRO RUESGA VIDEO: REUTERS

El caso de La Manada no fue un abuso sexual sino una violación en grupo. Así lo ha determinado este viernes por unanimidad el Tribunal Supremo, que ha elevado de 9 a 15 años la condena para José Angel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, los cinco amigos que atacaron a una joven en los sanfermines de 2016. El tribunal, tras escuchar en una vista pública los recursos de las acusaciones y las defensas contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (que ratificó la de la Audiencia de Navarra), ha decidido revocar esas sentencias y calificar los hechos como un delito continuado de violación. Los magistrados aplican además dos agravantes que elevan la pena: trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. La decisión del Supremo implica que la condena ya es firme.Los cinco miembros de La Manada han sido detenidos este mismo viernes y esta tarde han sido ingresados en el centro penitenciario Sevilla, en Mairena del Alcor.

El Supremo ha elevado de 9 a 15 años la pena de prisión para cada uno de los miembros de la Manada. Además, a uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero, le impone dos años más por el robo con intimidación del móvil de la víctima. El tribunal también incrementa a 100.000 euros el importe de la responsabilidad civil a la que tiene derecho la joven. La sentencia con los argumentos completos del Supremo tardará unas semanas pero, en un comunicado hecho público para dar a conocer el fallo, los magistrados adelantan ya parte de sus conclusiones. "El relato fáctico describe un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados", advierte el tribunal.

El Supremo cree que la víctima sufrió una "situación intimidante" que hizo que ella misma "adoptara una actitud de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a la fuerza". Los magistrados consideran que los acusados se "aprovecharon" de estas circunstancias para atacar a la joven, que sufrió al menos "diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales".

El alto tribunal, siguiendo precedentes de su propia jurisprudencia, considera que los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Navarra no pueden calificarse como un delito de abuso sexual sino como un delito de violación. Los magistrados aplican además dos agravantes. La primera, por el trato vejatorio sufrido por la joven, no solo por el hecho de que sufriera penetraciones simultáneas sino también por "el alarde" que los acusados hacen de esas prácticas en los vídeos grabados. La Audiencia de Navarra no castigó el trato vejatorio porque esta agravante no existe en el delito de abuso sexual. La segunda agravación de la pena corresponde a la actuación conjunta de dos o más personas, "sin que ello implique valorar dos veces una misma situación", afirma el tribunal.

El Supremo ha dejado también constancia ya en el comunicado difundido para explicar su fallo de que la Audiencia de Navarra "erró" al calificar los hechos como un único delito continuado. Según el alto tribunal, por la pluralidad de agresores y de "actos agresivos", lo correcto habría sido considerar a los acusados como autores y partícipes de "una pluralidad" de delitos de agresión sexual. Eso habría multiplicado las penas a los acusados, pero como ninguna de las partes impugnó esta situación, el Supremo no puede tenerla en cuenta.

El alto tribunal ha adelantado su fallo para dictarlo el mismo día en el que se ha celebrado la vista pública de exposición de los recursos, una situación poco habitual y que indica que los magistrados ya tenían clara su postura a partir de los escritos presentados por las partes y que en la vista no han surgido nuevos datos que hayan abierto la puerta a un cambio de opinión.

La decisión del Supremo va en la línea de lo que habían reclamado no solo las acusaciones, sino también los colectivos de mujeres, numerosos juristas y hasta los partidos políticos desde que la Audiencia Provincial dictó el primer fallo, en abril de 2018.

En la vista pública, la Fiscalía había pedido que la pena se duplique al considerar que no hubo abuso sexual, sino violación. "En la agresión, la voluntad del autor se impone por la fuerza, ya sea con violencia o intimidatoria", ha explicado la fiscal Isabel Rodríguez, que ha advertido de que "no se puede pedir a la víctima una actitud peligrosamente heroica".