miércoles, 13 de noviembre de 2019

Programa de radio Días D: 27 años del Crímen Racista de Lucrecia Pérez


Hoy, hace 27 años que un grupo de neonazis acabo con la vida de la dominicana Lucrecia Pérez Matos. Fue el primer crimen racista reconocido en España.

Con este programa queremos conmemorar su memoria y acercarnos a lo que se denominan Delitos de Odio y cómo el Discurso de Odio estuvo en la base de este cruel asesinato.

Para saber más de su historia os recomendamos el libro "El crimen Racista de Aravaca" de Tomás Calvo Buezas.


jueves, 7 de noviembre de 2019

IX Jornadas Afroamericanas. La Revolución Digital (4.0) que viene

La próxima semana se celebrarán las IX Jornadas Afroamericanas organizadas por UMOYA - Federación de Comités de Solidaridad con África Negra y #ComitéÓscarRomero.


Desde Movimiento contra la Intolerancia queremos contribuir a su difusión y animaros a asistir puesto que se tratarán interesantes temas relacionados con el continente africano.

Bajo el título "La revolución digital (4.0) que viene" podremos disfrutar de dos charlas:

- Jueves 14 de noviembre: "África y la cuarta revolución industrial ¿aportes mutuos o más de lo mismo?". a cargo de Begoña Iñarra, licenciada en Ciencias Químicas y misionera en África.

- Viernes 15 de noviembre: "La revolución tecnológica para una nueva sociedad, por José Mª Vigil, compilador de la Agenda Latinoamericana mundial.

Ambas conferencias tendrán lugar, a las 19:30 horas, en el Aula 202 "Juan de la Cosa" de la Facultad de Derecho de la UVa (Plaza de la Univesidad, 2/n).

Entrada libre hasta completar aforo.
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Nota de Prensa: EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA POLÍTICA DE CATALUÑA CONSTATA EL ESCANDALOSO INCREMENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA URBANA


07-10-2019

El Observatorio Cívico de Violencia Política de Cataluña, constituido por Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, constata con preocupación la verificación de los funestos pronósticos sobre el incremento de la violencia política en Cataluña, del que advertimos en nuestro primer informe y apela a la reponsabilidad política.

En aquel documento indicábamos que de los 189 incidentes contabilizados en el primer semestre de 2019 relacionados con la violencia política, el 92% eran perpetrados por grupos o personas partidarias de la independencia y constatábamos que eran actos numerosos, continuos y de una creciente potencia lesiva. También alertábamos sobre el peligro de banalizar la violencia, invisibilizar a la víctima, amparar la impunidad de los agresores, deslegitimar a los jueces y fuerzas de seguridad y, en definitiva, despreciar al Estado de Derecho.

Igualmente, avisábamos del elevado riesgo de que esa numerosa microviolencia se condensara y estallara cuando las circunstancias políticas propiciaran la exaltación de elementos extremistas. Lamentablemente, en estos momentos ya no se puede hablar en Cataluña de violencia política de baja intensidad, sino que el fenómeno de la guerrilla urbana violenta ha tomado las calles de muchas ciudades de Cataluña poniendo en peligro la seguridad de las personas y causando daños importantes al mobiliario público.

Desgraciadamente, la respuesta de las autoridades autonómicas a ese fenómeno no es la adecuada. Es especialmente preocupante que el presidente de la Generalitat sea reacio a realizar condenas de los gravísimos altercados ejecutados por elementos ultranacionalistas y antisistema que pretenden derribar el sistema democrático. Además, sus imprudentes apelaciones a la desobediencia civil han sido un alarmante caldo de cultivo que ha favorecido los episodios generalizados de violencia que está padeciendo la sociedad catalana.

Por ello, creemos imprescindible acabar con la notoria condescendencia de las autoridades con los violentos que deja indefensos a los ciudadanos partidarios de las instituciones y valores democráticos. Además, es indispensable que apoyen sin fisuras a las Fuerzas de Seguridad en su labor de control del orden público y que colaboren en la puesta a disposición de la justicia de los responsables e instigadores directos e indirectos de la violencia.

El Observatorio Cívico de Violencia Política de Cataluña está procesando todos los incidentes violentos de los que tiene noticia. Se ha habilitado para aquellas personas que tengan conocimiento documentado o hayan sufrido directamente este tipo de actos el correo electrónico observatorio@impulsociudadano.org,

A este correo se pueden remitir los documentos acreditativos del incidente (fotografías, vídeos, copias de denuncias, noticias de prensa o enlaces de publicaciones….) con indicación de fecha y lugar del mismo.

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lunes, 4 de noviembre de 2019

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid convoca una manifestación contra la sentencia por la violación de Manresa

Los cinco chicos han sido condenados a penas de entre diez y doce años por delito de abuso sexual a menor y no por agresión

Según ha indicado la Coordinadora de Mujeres en un comunicado, esta movilización pretende condenar el fallo de la Audiencia de Barcelona

La manifestación arrancará a las 20.00 horas del lunes en la plaza de Fuente Dorada

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha convocado una manifestación para el próximo lunes, 4 de noviembre, contra la sentencia a la violación múltiple de Manresa, a cuyos cinco miembros se les ha condenado a penas de entre diez y doce años por delito de abuso sexual a menor y no por agresión a una niña de 14 años en Manresa (Barcelona) en 2016.

Según ha indicado la Coordinadora de Mujeres en un comunicado, esta movilización pretende condenar el fallo de la Audiencia de Barcelona y reclamar en la calle "que no fue un abuso", sino que "fueron cinco violaciones".

La manifestación, convocada bajo los lemas de 'No es abuso es violación' y 'Basta ya de justicia patriarcal', arrancará a las 20.00 horas del lunes en la plaza de Fuente Dorada de la capital del Pisuerga y transcurrirá por la bajada de la Libertad y la calle Angustias hasta llegar a los juzgados de Valladolid.

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Condenados por abusos sexuales y no por agresión los autores de la violación grupal de Manresa

 La Audiencia de Barcelona considera que la víctima se encontraba "en estado de inconsciencia", por lo que los acusados no tuvieron que usar "violencia o intimidación"


La violación grupal de una adolescente de 14 años en Manresa no es agresión sexual, sino abuso sexual. La sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco de los seis acusados a penas de entre 10 y 12 años por abuso sexual y abuso sexual continuado a una menor, pero no contempla, como pedía la Fiscalía, elevar la pena a agresión sexual. Esta sentencia sigue la estela de la polémica que se inició con el caso de La Manada de Pamplona, a los que la Audiencia Provincial de Navarra condenó en abril de 2018 por abuso sexual continuado. El Supremo elevó la condena el pasado junio y lo consideró una violación múltiple.

El grupo de Manresa violó por turnos a la víctima, que había tomado alcohol y drogas ( "algún porro de marihuana", según los hechos probados) y estaba inconsciente, en una fábrica abandonada en el camino Torres d'en Vinyes durante un botellón en 2016. "No pasó desapercibido" para ninguno de los congregados que la joven era menor de 16 años y que estaba en estado de inconsciencia, prosigue la sentencia.

El tribunal admite que el crimen fue "extremadamente intenso y especialmente denigrante", pero no se puede tipificar como agresión sexual porque la menor estaba inconsciente y no hubo violencia ni intimidación, elementos necesarios para catalogar los hechos de esa manera. Los agresores, reza la sentencia, "pudieron realizar los actos sin usar ningún tipo de violencia o intimidación para vencer una oposición que no existía".

En las sesiones del juicio, celebradas en julio, la víctima declaró que recordaba solo parte de lo ocurrido, pero que uno de los principales acusados, Bryan Andrés —el que empezó la cadena de violaciones por turnos de 15 minutos— la obligó a tener sexo mientras esgrimía una pistola. En la sentencia queda recogido, no obstante, que era otro de los implicados, Marco Antonio, quien tenía en las manos "lo que parecía una pistola".

La joven declaró en el juicio que uno de los acusados, Bryan Andrés, le dijo que tenía que hacerle una felación a él y a Maikel Pascual, otro de los implicados en el crimen. La joven aseguró que accedió porque Maikel y Bryan se pasaban una pistola y se sintió intimidada. Sin embargo, el Tribunal no contempla, entre los hechos probados, que se utilizase la pistola para intimidar a la víctima. Los magistrados sostienen que no se puede saber "con certeza si aquello que la víctima dijo que iba recordando acerca de lo que ocurrió, los flashes de ciertas escenas que mencionó, son efectivamente una rememoración tardía de las percepciones sensoriales conservadas en la memoria o fruto de la interiorización del relato sentido por otras personas".

El Tribunal considera que se trata, inequívocamente, de un delito de abuso sexual. "Ha quedado acreditado que la víctima, mientras que se producían los hechos, y desde el momento antes hasta horas después de lo sucedido, se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación (...). Se está ante la hipótesis que considera abusos sexuales no consentidos, aunque en este caso el consentimiento sería irrelevante atendiendo a la edad de la víctima", sostiene el tribunal en la sentencia, que no es firme. Abel Pié, abogado de uno de los agresores, confirmó que las defensas apelarán la sentencia y pedirán la absolución de los condenados.

Hay un episodio de los hechos probados, sin embargo, que plantea dudas respecto  a la inconsciencia de la menor, tal como subraya la catedrática en Derecho Penal de A Coruña, Patricia Faraldo. Dice así: "Cuando ya se habían marchado la mayor parte de los reunidos, Bryan Andrés y Maikel, al mismo tiempo, cogieron a XXX, liberaron sus respectivos penes de los pantalones y los posaron en la cara de la chica para que ella les masturbase, chupándolos, consiguiendo satisfacer sus deseos libidinosos con la felación que ella les hizo". Según Faraldo, "para mantener que estuvo inconsciente en todo momento, este episodio se debería haber descrito de otra manera. Me deja perpleja". La catedrática considera además que el hecho de que uno de los condenados invitara al resto a entrar a la caseta (Bryan Andrés "le dijo ahora podían entrar ellos", según la sentencia), debería haber supuesto "que se le considerara inductor de los hechos de los demás, lo que significaría una pena mayor".

La Fiscalía, que empezó acusando a los agresores de un delito de abusos sexuales, terminó rectificando y, en la última sesión del juicio, elevó la petición de pena para los seis acusados: de entre 10 y 12 años para cada uno de ellos, pasó a solicitar entre 14 y 15 años por agresión sexual. El fiscal consideró entonces que los seis acusados actuaron de forma organizada y que aprovecharon su superioridad numérica para "intimidar" a la víctima. Los magistrados no han pasado por alto este cambio de posicionamiento de la Fiscalía y, en el fallo, han mostrado su "sorpresa", por la modificación de calificación jurídica del ministerio fiscal en sus conclusiones, porque la prueba practicada en el plenario apoyaba su calificación provisional de abusos sexuales y, en cambio, "no aportó elementos que justificaran mutar los abusos en agresión sexual, en los trámites de conclusiones”.

Sobre la edad de la víctima —tenía 14 años cuando se produjeron los hechos—, el Tribunal rechaza la declaración de los acusados, que aseguraban que desconocían que era menor de edad. "En el juicio oral, celebrado tres años después de los hechos, el Tribunal ha podido comprobar que el aspecto físico de aquella chica  sigue teniendo una apariencia de adolescente incipiente, que no llegaría aún a los 16 años", reza la sentencia. Los magistrados son tajantes: "Si no hicieron nada para cerciorarse de este dato fue porque les resultó indiferente".

El tribunal ha impuesto para dos de los acusados, Bryan Andrés y Maikel Pascual, la pena más elevada, de 12 años, al considerar que en su caso se dio una situación de continuidad donde, estando ellos dos con la joven en la misma escena, le pidieron “prestación sexual”. A Daniel David Rodríguez, Yordanis de Jesús Campo y Walter Diego Claudio, los magistrados los condenan a 10 años por un delito de abuso sexual.

Otros dos jóvenes juzgados por estos hechos han sido absueltos. En uno de los casos, no ha quedado acreditada su participación en el delito de abusos sexuales. En el otro, que según el relato de la Fiscalía se masturbó mientras miraba cómo los demás violaban a la chica, aunque no participó directamente, ha considerado que no se ha probado el delito de omisión de impedir delitos del que estaba acusado.

La sala, que ha absuelto a todos  los acusados del delito de amenazas, ha fijado en 12.000 euros la indemnización a la víctima, de forma conjunta y solidaria, al considerar que “el ataque a la indemnidad sexual de la víctima fue extremadamente intenso y especialmente denigrante, y además, se produjo sobre una menor que se encontraba en situación de desamparo”.

Esta sentencia recuerda al caso de La Manada de Pamplona, que fue polémico por el mismo motivo. Primero la Audiencia de Navarra y después el Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenaron a los cinco autores de la violación de una joven a nueve años de prisión por abuso sexual y no por agresión. Ambos fallos generaron multitud de protestas en toda España, los partidos políticos se manifestaron en contra de la decisión judicial e incluso el Gobierno anunció que iba a modificar la legislación. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que cambió la calificación de los hechos y elevó las penas. Sentenció que La Manada cometió una violación continuada en grupo y castigó a los cinco autores de la violación a 15 años de cárcel. El alto tribunal entendió que la joven sufrió una "situación intimidante" que hizo que ella misma "adoptara una actitud de sometimiento", los acusados se "aprovecharon" de estas circunstancias para atacar a la joven.

La sentencia sobre el ataque de La Manada de Pamplona en julio de 2016 generó una amplia protesta en las calles y provocó que el Gobierno, entonces del Partido Popular, decidiera revisar el concepto de violencia que figura en el Código Penal para los casos de violación.
El Gobierno del PSOE hizo suya la iniciativa del PP y, en julio de 2018, anunció una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos no dependan de la interpretación de los jueces. La comisión de codificación, a la que se encargó un dictamen sobre la cuestión, propuso la desaparición de la actual distinción entre abuso y violación y que se considere violación cualquier agresión sexual con penetración no consentida.

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jueves, 31 de octubre de 2019

A juicio por denegar a una niña la educación inclusiva


Los padres de una niña con discapacidad denuncian a la administración madrileña por incumplir la Convención de la ONU


Cuando suena una nota musical, el cerebro de Athenea se activa. Ella, una niña de 13 años con discapacidades y capacidades diversas, ha encontrado en el piano una tabla de salvación a nivel educativo y vital. Sus padres, Carmen Nieto y José Ignacio Boixo, basándose en ese hallazgo en las aptitudes de su hija, luchan desde hace años contra el sistema para que reciba la educación que ellos quieren, la denominada inclusiva, es decir, la que se imparte en un centro ordinario, pero con los apoyos necesarios. Sin embargo, un informe realizado en 2017 por un comité de evaluación de la Comunidad de Madrid decidió lo contrario: Athenea debía ser escolarizada en educación especial, la destinada exclusivamente a alumnos con alguna discapacidad. El asunto, enquistado en la administración tras años de reclamaciones, irá a los tribunales por la vía penal. El caso está además en la fiscalía provincial.
Miércoles por la tarde en Colmenarejo. Athenea recibe en su casa a Ingartze Astuy, su profesora de piano. Lo que empezó como una forma de activar sensorialmente su cerebro se ha convertido en parte esencial de la vida de la niña, que nació con un tumor cerebral del que fue operada a los 23 días de vida y por el que, tras ser intervenida, sufrió una infección hospitalaria que la dejó con secuelas severas. “No va a ver, ni oír, ni andar”, dijeron los médicos a los padres “A los seis meses me fui a casa con un bebé que era un vegetal. Aunque yo la miraba y veía un sujeto”, recuerda Carmen. Los inicios fueron duros pero, ahora, en plena adolescencia, Athenea, cuyo hermano es el español que diseñó el mayor hito de la computación cuántica, ve con gafas, oye perfectamente y anda moderadamente bien con la ayuda de un corsé. Además de esos logros, la niña destaca por tener “un oído musical absoluto”, en palabras de su primera profesora de piano, Diana Real, y los informes de su neurólogo. “Claramente mi hija no va a entender nunca el teorema de Pitágoras, pero tiene derecho a formar parte de la sociedad y la cultura a la que pertenece. No quiero que se le aparte y se le ponga el cartel de discapacitada para que forme parte de un gueto”, se queja la madre.
Pero para conseguir eso, los padres tienen que luchar contra el sistema educativo. En concreto, contra la Comunidad de Madrid. Dos padres formados (ella, licenciada en filosofía, máster en psicoanálisis y perito judicial; él, ingeniero informático y perito judicial también) y asesorados por el CERMI (Comité Español de Representantes con Personas con Discapacidad) y por Juan Rodríguez Zapatero, su abogado, están dispuestos a acudir a donde haga falta: los tribunales españoles, europeos o de derechos humanos. “Mi hija no puede estar en una clase poniendo pinchitos en un agujero, que es lo que se hace en educación especial. A los niños hay que estimularlos, ver en qué destacan y potenciar eso como un tesoro. Con ella puede ser la música, pero a otro niño se le puede dar bien el dibujo o ser un genio de las matemáticas. No podemos segregarlos y tratarlos a todos por igual”.
Carmen señala el momento en que cambió la suerte de Athenea, en lo referente a su educación. Fue en 2017, cuando decidió denunciar unos supuestos malos tratos que sufría en uno de los cinco colegios por los que ha pasado. “Venía con golpes y me trataban de loca. Hasta que me dijeron que me tenía que aguantar porque era la madre de una discapacitada”. Tras su queja, un comité de evaluación de la Comunidad de Madrid valoró a la niña. “Te engañan. Te preguntan por ella y te hacen creer que van a valorar también sus aptitudes para decidir qué es lo mejor. Sin embargo, cuando te dan el informe solo se centran en sus discapacidades. Y, a partir de ahí, estás perdido. La Comunidad te dice que si no lo firmas, se queda sin escolarizar”. Desde entonces, Athenea está matriculada en educación especial. Y sin opción a réplica.
La jefa de área de Educación del centro de Madrid, Coral Báez, denegó de nuevo a finales de julio la petición de Carmen y José Ignacio de elegir la educación de Athenea, basándose en aquella evaluación que le hicieron a la niña en 2017. Era el quinto ‘no’ que recibían en dos años. Así que pusieron una denuncia en el juzgado de Collado Villalba, y después comunicaron su caso al fiscal general de Madrid, Javier Caballero Klink, que “dada la gravedad del caso”, en palabras suyas remitidas por carta a los padres de Athenea, lo puso en manos de la fiscalía provincial de la región.
El profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma, Gerardo Echeita, defiende que padres como los de Athenea “no se sientan solos” en una lucha titánica contra el sistema. “Lo que piden es un derecho fundamental. Y los derechos no son optativos. Lo dice nuestra Constitución y la Convención de la ONU. Pedir una educación inclusiva no es un capricho de unos padres, ni los niños están ahí para fastidiar a los demás”, analiza. La administración regional, sin embargo, no lo tiene tan claro.
Los datos
"Nosotros lo que decimos es que educación ordinaria con apoyos sí, pero educación especial, también", explica Enrique Ossorio, consejero de Educación. "Yo fui el otro día al colegio La Quinta, de El Pardo, y es que es absolutamente imposible, eso no sería educación inclusiva, porque si a esos chicos los llevas a un colegio ordinario lo que vas a conseguir es que no se integren, en un colegio ordinario estarían completamente rechazados".
Según datos aportados por la administración, la región madrileña cuenta en la actualidad con 25 centros públicos de Educación Especial y 41 concertados. Del total de alumnos con necesidades especiales, cerca de 33.000 (el 83%) están escolarizados en centros ordinarios con apoyos o en centros de escolarización preferente. El restante asiste a centros de Educación Especial. Lo que no cuentan esas cifras, insiste Carmen, es que esos niños en centros ordinarios estudian en aulas segregadas.
"Esa es la típica respuesta de las administraciones que van al número pero no a la calidad de la respuesta a la que tienen derecho. Como este es un asunto de más calado, en seguida tratan de abrumar con cifras olvidando lo sustantivo del asunto y es que es un derecho refrendado al más alto nivel que obliga a los Estados partes a no conformarse con tener más o menos alumnos en centros ordinarios o especiales, sino a comprometerse con que, en un tiempo razonable, todos tengan una educación inclusiva de calidad", continúa Echeita. Por ahora, analiza, esta educación es irreal si no existen políticas con un enfoque sistémico orientadas a crear las condiciones para que sea real. "Porque es posible. Está más que demostrado en países como Portugal, Italia, algunos estados de Canadá... la lista es larga". Representantes de la ONU, que han visitado España en varias ocasiones, han dado un tirón de orejas reiteradamente a España por incumplir la normativa internacional. Ossorio, sin embargo, lo tiene claro: "Yo invito a la ONU a que vaya al colegio La quinta, les vea y considere si pueden estar en un colegio ordinario. Yo no sé la ONU de la mano de quién habrá venido, pero es tan evidente...".
Athenea, ajena a la lucha de sus padres, es una niña bromista, risueña y le encanta regalar abrazos. Dos días a la semana recibe las clases de piano en su casa, con Ingartze. Se sienta frente al teclado del instrumento de madera que preside el salón, se concentra y lee partituras hechas con diferentes colores. “¿Ves cómo lo he hecho? ¡Soy una campeona!”, celebra cada vez que termina una melodía. Hace relativamente poco consiguió su último logro: utilizar también su mano izquierda. “La tenía tan rígida que no la usaba. Pero ella misma ha encontrado la solución. En el momento en que se dio cuenta que la necesitaba para que el piano sonara bien, consiguió dominarla”, explica su profesora.
Por lo pronto, sus padres han conseguido, no sin mucha insistencia, que el colegio en el que estudia ahora, La Purísima, acepte un piano donado por ellos mismos para que pueda tocar también durante sus horas lectivas. No es una conquista menor para ellos: “Al menos han reconocido que sabe leer una partitura, antes no se lo creían”.
UNA PROPOSICIÓN DE LEY QUE TODAVÍA SIGUE VIGENTE
La educación inclusiva es un asunto espinoso que divide a la comunidad educativa. El año pasado, una propuesta de ley apoyada por 43 Ayuntamientos de la Comunidad —de diferentes sensibilidades políticas— llegó a la Asamblea en favor de este tipo de educación y siguió adelante gracias al apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos. “Se aprobó con amplia mayoría”, explica Jesús Rogero, miembro del grupo promotor de aquella proposición de ley y profesor de Sociología en la Universidad Autónoma. “Una iniciativa legislativa no decae con el cambio de Gobierno”, agrega. Pero Ciudadanos forma parte ahora de él. Los intereses políticos han cambiado.
Tras la aprobación de esta proposición, directivos y gerentes de escuelas católicas de Madrid denunciaron que, si seguía adelante, los centros de educación especial corrían peligro de desaparecer y se iba a perder el derecho de los padres a elegir el centro adecuado para sus hijos. Dos sindicatos de la educación concertada apoyaron ese argumento, el FSIE (Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid) y FEUSO Madrid (Federación de Enseñanza de USO de Madrid), y de ahí nació la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial también’, que defiende el derecho a llevar a sus hijos a centros de educación especial. “Se desinformó a las familias y les dijeron que si seguía adelante esa ley y otra similar, aunque más ambiciosa propuesta por Podemos, se iban a cerrar los centros y no es así. Y se montó un revuelo. Hay intereses de que se mantengan las cosas como están. Esos centros también son un negocio. Hay un lobby de la escuela concertada especial”, analiza Rogero. Carmen, por su parte, finaliza: "Nos quieren enfrentar a los padres cuando no hay nada más lejos de la realidad. Yo no digo que haya que cerrar esos centros, habrá algunos niños que lo necesiten. Pero no todos por regla general".
La Consejería de Educación ha eliminado en al menos una decena de colegios la figura del especialista en audición y lenguaje. Según denuncian familias y profesores, el trabajo de este maestro ha quedado relegado a niños con trastornos del lenguaje exclusivamente y han dejado de apoyar al resto de alumnos con trastornos del espectro autista que requieren de estos especialistas como recogen sus informes, elaborados por los orientadores de la Comunidad de Madrid.
Desde la Consejería explican que los recursos se asignan en función de las necesidades y que se ha dado prioridad a los niños con retraso específico del lenguaje. Niegan los recortes y admiten que no hay recursos suficientes para cubrir las necesidades de todos los niños con trastornos como autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral. 
Comisiones Obreras, por su parte, opina que los recortes son evidentes, que faltan muchos profesionales y que los que trabajan lo hacen muy por encima de su ratio. Denuncian que la Consejería está dando órdenes verbales a los orientadores para que "no diagnostiquen a más niños porque no hay recursos".
Colegios como el Pi y Margall de Malasaña o el Amos Acero de Puente de Vallecas, son algunos de los colegios afectados. "Se está dejando en manos de las familias la atención especial que requieren sus hijos que sí que tienen el apoyo del maestro de audición y lenguaje en otras comunidades", explican fuentes del sindicato. 
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El acoso escolar también te deja sin amigos

El 45% de las víctimas de bullying pierde a sus aliados a causa de la situación vejatoria y de vulnerabilidad que están padeciendo.

Ser diana del acoso escolar te aísla. Te distancia de tu familia, de tus profesores y también de tus amigos. Exactamente el 45% de las víctimas de bullying pierde a sus aliados a causa de la situación vejatoria y de vulnerabilidad que están padeciendo. Así lo concluye el estudio anual de la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR, 900 20 20 10), aún pendiente de publicación.

Además dichos datos inciden en que el 22% de los niños acosados se siente solo, lo que supone tener menos apoyo para enfrentar el problema. “Esta soledad”, añaden, “es más acusada en los casos de ciberacoso”. Aquí el porcentaje de pérdida de amistades o sentirse aislado se eleva hasta el 65%, informa EFE. Esta es la primera vez que se incluye la variable de la amistad, o pérdida de la misma, dentro de este informe, según explican desde ANAR, organización que trabaja junto al Ministerio de Educación para acabar con esta lacra en los colegios.

Los datos salen a la luz tras el lanzamiento de la iniciativa ¿Tú actúas? de la Fundación Mutua Madrileña, organización que lucha activamente contra el bullying en el aula desde 2016 y en el que ha cooperado también Disney.

La iniciativa, en formato vídeo, se incluye dentro de su campaña #activatupoder y consiste en un experimento sociológico con niños de 10 a 12 años en los que asumen distintos roles en diversas situaciones de acoso.

El vídeo empieza con decenas de chavales entrando a un centro escolar, relacionándose, riéndose. Después el plano pasa a un aula y la primera pregunta es clara: ¿Todos sabéis lo que es el acoso escolar, verdad? Todos asienten. “Pues vamos a imaginar que una situación de bullying se está dando en vuestro centro escolar”, les dice a una decena de chavales la orientadora del experimento.

“Pues tú vas a estar de acosador y tú de acosado”, señala la mujer a un par de participantes. A lo que el niño al que le toca ser el acosador esgrime un “no, yo no quiero, me da cosa hacer esas cosas”. Y de esta forma, se suceden escenas entre abusador y abusado, hasta que uno de ellos pregunta: “¿Podemos intervenir?”. A lo que la coordinadora responde un rotundo sí.

De los tres roles trabajados, el de acosado, acosador o de ayuda, los pequeños dicen cómo se han sentido. “Como acosado, me he sentido solo y triste”. Y así uno a uno narran su experiencia. Al final, la mujer vuelve a preguntar: ¿actuaríais frente al acoso? A lo que todos responden “Sí”.

El objetivo del cortometraje es, efectivamente, eso, resaltar la importancia de propiciar un mayor apoyo a los compañeros, a las víctimas de acoso. Ya un estudio realizado por esta fundación determinó el pasado mes de febrero que el “80% de los estudiantes cree que el apoyo de la clase es la medida más eficaz contra esta lacra”.

Fundación ANAR será la encargada de llevar el vídeo a las aulas de más de 200 colegios como “soporte para combatir y prevenir el bullying en las aulas. Es, normalmente, la labor que realizamos con los orientadores, profesores, psicólogos, alumnos, todo el entorno escolar en nuestro día a día”, informan desde ANAR.

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