miércoles, 26 de junio de 2019

Antidisturbios para una pelea de un niño de 8 años en Valladolid


Intervinieron 12 dotaciones policiales para apaciguar una trifulca entre 50 personas que se saldó con dos detenciones porque no había suficientes agentes para practicar más sin correr riesgo



Plaza de Lola Herrera. Valladolid

La agresión de un menor de 8 años a una niña en Valladolid concluyó la noche del pasado sábado con una trifulca a la que se sumó cerca de medio centenar de vecinos y que requirió la intervención de hasta doce dotaciones policiales, dos de ellas de la Unidad de Intervención Policial (UIP), y la detención de dos varones.
Los incidentes, según informaron a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, se iniciaron sobre las 23.45 horas del pasado sábado en la Plaza de Lola Herrera, donde, presuntamente, un menor agredió a una niña, lo que llevó a los padres de la víctima a afear la actitud del supuesto agresor.
La reprimenda, según las mismas fuentes, no sentaron nada bien a los progenitores del menor, que se liaron a guantazos con los de la agredida.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron cuatro dotaciones policiales, dos de la Policía Nacional y otras tantas de la Policía Municipal, si bien los agentes no encontraron en dicho escenario a los contendientes pues la refriega continuaba ya en la calle Arca Real, en el barrio de Las Delicias, ya con participación de un mayor número de personas que en ese momento se hallaba hostigando a la madre de la niña.

DOS HERMANOS DETENIDOS
Ante el cariz de la situación, los agentes trataron de mediar y fue cuando uno de los participantes, R.D.R, tío del niño agresor, quien supuestamente era uno de los más significados en el hostigamiento, trató de huir para no ser identificado, si bien fue finalmente interceptado no sin que antes tratara de dar un puñetazo de uno de los funcionarios.
Instantes después sería detenido su hermano y padre del menor, E.B.R, que, según la versión policial, en su intento por no ser identificado propinó un puñetazo a un agente que impactó en su rostro.
Para entonces, medio centenar de personas se había dado ya cita en la calle Arca Real, con lo que los agentes se vieron obligados a solicitar el apoyo de otras ocho dotaciones policiales, entre ellas dos de la UIP.
Las mismas fuentes apuntan que no hubo más detenidos por falta de efectivos para poder practicar las detenciones sin riesgo para los funcionarios, que finalmente trasladaron a ambos hermanos a la Comisaría de la calle Gerona acusados de un delito de atentado a agentes de la autoridad.


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lunes, 24 de junio de 2019

Detenido por un delito de odio en las redes contra un guardia civil muerto en Cádiz


Detenido en Arévalo por un delito de odio

La Guardia Civil ha detenido en Arévalo a una persona como supuesta autora de un delito de odio y contra la integridad moral del agente Fermín Cabezas, fallecido en acto de servicio en Cádiz cuando perseguía a un coche cargado de drogas.

La detención se produjo el martes dentro de la operación Dacor, al conocerse que una persona había realizado publicaciones vejatorias y discriminatorias contra Fermín Cabezas, que había prestado servicio en Ávila, entre otros destinos.

Su muerte se produjo en un acto de servicio prestado en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción cuando perseguía a un coche lanzadera, de apoyo al que transportaba la droga, 200 kilos de hachís.

Según la Guardia Civil, el detenido realizaba publicaciones con imágenes de fotografías del agente, así como del accidente, añadiendo a las mismas una etiqueta para "atraer a un colectivo al que pertenece, generando y difundiendo más odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado entre sus seguidores".

Su objetivo consistía en que sus seguidores "compartieran dichas imágenes", con el objetivo de que pudieran llegar a "hacerse virales".

Tras realizar las correspondientes investigaciones para conocer la autoría de la primera publicación en la red social, los agentes consiguieron localizar a su presunto responsable en Arévalo, siendo detenido y puesto a disposición judicial.

Esta operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Telemáticos (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila. No se descarta que se puedan producir nuevas detenciones por la difusión de todo el contenido.

España suspende en accesibilidad, educación y protección contra la violencia hacia las personas con discapacidad

Son las peores áreas de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de la ONU, según el análisis del Comité Español de Personas con Discapacidad 

El Cermi reseña 22 delitos de odio en 2018. Su informe registra 370 denuncias, 76 avances y 48 propuestas de mejora

En 2018, el Comité de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención sancionó a España por incumplirlo en materia de inclusión educativa



España tiene deberes pendientes con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Nuestro país suspende en la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según el análisis del informe anual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para evaluar la aplicación que se hace de un texto asumido por España en 2008 y que debería regir todo el ordenamiento jurídico sobre la cuestión, solo por debajo de la propia Constitución.

Accesibilidad universal, inclusión educativa y la protección contra la violencia, la explotación y el abuso de las personas con discapacidad son las tres áreas en las que más incumplimientos se registran, según el Cermi. Preocupa en especial el último apartado, con 22 casos de violencia y delitos de odio registrados durante 2018. Pero no son las únicas áreas por mejorar. Las obligaciones generales, la salud y un adecuado nivel de vida y protección social les siguen de cerca.

"España avanza en materia de discapacidad pero, como un mal estudiante, se conforma con aprobar algunas asignaturas mientras deja pendientes el resto", valora Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi y responsables de la evaluación. "Existe un tibio compromiso a la hora de que la Convención permee las políticas públicas. El Gobierno central lo tiene más claro, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos la ven muy lejana", explica.

Pero no todo son tirones de orejas. Aunque es cierto que el informe incluye 370 denuncias, también reseña 76 avances y 48 propuestas de mejora. Las denuncias (67% de los casos) siguen duplicando a la suma de avances (20%) y propuestas de mejora (13%), pero "la mirada va cambiando", afirma Martín. Entre los avances, el delegado del Cermi destaca que en este último ciclo electoral hayan podido votar unas 100.000 personas con discapacidad a las que se había retirado el derecho a voto.

Un país de barreras
La accesibilidad universal, recogida en el artículo 9 de la Convención, es un buen ejemplo del camino que falta por recorrer en cuestión de cumplimiento de la legalidad vigente. Este área recoge el 10% de las denuncias registradas por el Cermi. Más allá de lo que dice el texto de la ONU, ya de obligado cumplimiento por sí mismo, España desarrolló su propia ley que establecía que el 4 de diciembre de 2017 expiraba el límite temporal para alcanzar la accesibilidad universal de todos los productos, servicios y entornos. No se ha cumplido.

"Es el gran fracaso de las políticas públicas. Nuestro país sigue lleno de muros, barreras, obstáculos. Podemos decir que la inaccesibilidad es aún el paisaje habitual en España", sostiene Martín. Algunos ejemplos básicos: gasolineras desatendidas (piense en una persona en silla de ruedas intentando echar gasolina), infraestructuras ferroviarias impracticables o "la invasión anárquica de las aceras por patinetes y otros elementos de movilidad urbana".

La educación es otro de los principales campos de batalla de las asociaciones en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Comparte, junto a la accesibilidad, el mayor número de denuncias registradas (un 10% del total). Y en este caso es la propia ONU la que le ha sacado los colores a la administración.

El comité de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento del artículo 24 de la Convención determinó en 2018, tras estudiar el sistema español, que se viola el texto legal al no asegurar ni en su legislación ni en sus políticas ni prácticas educativas el derecho a la inclusión, a que todo el alumnado se matricule en centros ordinarios.

Y no es solo cosa de la ONU. Hasta el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión en una sentencia que condenaba al Gobierno de La Rioja por no hacer todo lo posible por escolarizan a un niño en el sistema ordinario. El TS estableció que son los recursos los que deben ir a los niños y no al revés salvo muy contadas excepciones. En España, el 20% de los niños con alguna discapacidad están matriculados en centros de educación especial, cifra que parece distar de los casos excepcionales a los que aludía el Alto Tribunal.

Violencias
La violencia, acoso y explotación sobre personas con discapacidad es otro de los temas en los que pone el foco el Cermi. En 2018 se registraron 22 casos de "palizas, agresiones, abusos sexuales y vejaciones", recoge el informe. Es un paso atrás respecto a 2017, cuando se registraron tres.

En este apartado, un poco en todos en realidad, el Cermi destaca lo positivo de que cada vez más personas se animen a denunciar. "Se ha hecho un esfuerzo en empoderar a las personas, sobre todo a las que tienen alguna discapacidad intelectual, porque a veces ni siquiera son conscientes de que se están vulnerando sus derechos o su integridad física o libertad sexual", valora.

Además de las áreas y artículos mencionados, el mayor número de denuncias por incumplimiento de la Convención se dan en temas relacionados con la igualdad y no discriminación, la salud o el nivel de vida adecuado y la protección social, cada una de ellas con un 8% de las quejas presentadas.

Con menor valor cuantitativo, pero más cualitativo por la gravedad de lo que supone, el Cermi destaca la "discriminación sistémica contras las mujeres en relación al acceso y derecho al trabajo digno. La representación de las mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo es alarmantemente baja y existe una brecha salarial".

Cambiar la Constitución
En la otra cara de la moneda, el Cermi destaca algunos avances que se han logrado. El año pasado se avanzó principalmente en las condiciones generales de vida de las personas con discapacidad como consecuencia de esa labor de hormiguita que van haciendo las ONG. Aunque quede camino por recorrer, la Convención se va conociendo y teniendo en cuenta.

También destaca, por las mismas razones que para mal, la accesibilidad: es donde más margen de mejora había. Entre estas dos áreas acumulan el 28% de los avances registrados.

Entre las mejoras del último año el Cermi destaca sobremanera la recuperación para 100.000 personas del derecho al voto, como se ha comentado. Pero hay otro proyecto legal que ocupa ahora al tercer sector, aunque se haya paralizado: el cambio del artículo 49 de la Constitución, que contaba con un gran respaldo político en la anterior legislatura pero cayó en el cajón del olvido al convocarse elecciones.

Dice dicho artículo: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Para el Cermi tiene dos problemas. Por un lado, explica Martín, el término "disminuidos". Por otro, el espíritu asistencial del texto. "Es una actualización terminológica, sí, pero va más allá por la nueva redacción de mucho mayor alcance y ambición: más garantista y promotora de derechos", explican desde el Cermi.

Por último, otro de los logros conseguidos el pasado año es la llamada "X solidaria", un mecanismo "impulsado e ideado desde la discapacidad organizada" por el que las empresas pueden dedicar el 0,7% del Impuesto de Sociedades a financiar programas sociales sin coste para ellas. Está pendiente del desarrollo reglamentario, pero será una realidad en breve, espera el Cermi.

El programa de actividades del Día del Orgullo se extenderá del 24 al 30 de junio

El 28 de junio, Día del Orgullo, se celebrará el acto institucional en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento y se colocarán en el balcón la bandera arcoíris y otra con los colores blanco, rosa y azul que representa al movimiento 'trans'




El programa contiene actividades muy variadas, algunas de carácter más festivo y otras más culturales.

Así, un año más, del 24 al 30 de junio, se realizará en diversos establecimientos hosteleros de la ciudad la V Ruta de Tapas y Tartas Triángulo Arco Iris, con entrega de premios el 2 de julio en el acto que se celebrará en el local que resulte ganador.

El día 24 de junio se realizará una actividad de información y prueba rápida de VIH, de 18 a 20 horas en los locales de Colegas Confederación LGTB (Sala 16 Centro Cívico Esgueva, en la calle Madre de Dios, 20), Fundación Triángulo (Plaza del Ochavo, nº 2 – 1º D), Comité Ciudadano Antisida de Valladolid (calle/ General Almirante, 7) y Médicos del Mundo (calle Villanueva, 1 – Bajo).

El mismo día 24 se presentará el comic "L.S.B.ANA, ¡EL LESBOCOMIC! Edición deluxe", en la librería "La otra" (calle Juan Mambrilla, 19) a las 20:30 horas.

El miércoles 26 de junio, en el Centro Municipal de la Igualdad (calle Antonio Royo Villanova) se proyectará el documental "Visibles" de Enrique Rey, y a continuación se celebrará una charla sobre mayores LGBTI con la asociación "26 de diciembre", en la que intervendrán Juan José Argüello Aira y María José Larena Gorostiaga.

El mismo día, a las 21 horas, en la Plaza del Biólogo José Antonio Valverde, se proyectará la película "Carmen y Lola". En este acto, organizado por Fundación Triángulo en colaboración con Red Pajarillos y Fundación Intras, se procederá por la concejala María Victoria Soto a la entrega del Premio Triángulo Rosa 2019, que este año ha sido otorgado al profesor de la Universidad de Valladolid Alfredo Corell.

El jueves 27 se celebrará en la playa de las Moreras la actividad "Moreras pride" que organiza como en años anteriores Valladolid Diversa, a partir de las 19 horas, con música, juegos y actividades sobre diversidad sexual y de género.

El programa se completa con la representación de dos obras de teatro, ambas el domingo 30. Por un lado, en el Centro Cívico José Luis Mosquera se ofrecerá la obra "No todo es azul" a las 19 horas; por otro lado, en la Sala 11 Filas se representará la obra "Cuadros de ti y de mi" a las 20 horas.

Blanca, la primera persona con síndrome de Down que se saca un grado en España

A sus 30 años, ha terminado el grado de Terapia Ocupacional por la Universidad Católica de Valencia "a base de esfuerzo, trabajo y superación"

Blanca durante su acto de graduación


Blanca San Segundo, de 30 años, se ha convertido en la primera persona con síndrome de Down en conseguir un grado universitario gracias, tal y como ella dice, a su "esfuerzo, trabajo y superación".

"Cualquier persona puede hacer lo que se proponga dentro de sus capacidades y no sus limitaciones", dice en una entrevista con Down España la joven, quien ha terminado el grado de Terapia Ocupacional por la Universidad Católica de Valencia.

Antes que Blanca, Pablo Pineda fue el primer europeo en conseguir un título universitario, en su caso una diplomatura en magisterio.

Blanca, quien no ha tenido adaptación curricular, asegura que tanto su familia como los profesores siempre han apostado mucho por ella y reconoce que algunas asignaturas le han costado más aunque ha tenido mucho apoyo de sus compañeros.

"Lo he sacado yo a base de esfuerzo, trabajo y superación. Estoy muy contenta, aún no me lo creo", señala la joven, que ha estudiado esa carrera para poder trabajar con personas con discapacidad.

Comenta que después de estudiar un ciclo de integración social con diferentes actividades, realizó prácticas en un centro para personas con parálisis cerebral. "Cuando veía lo que hacían y lo que conseguían, me emocionaba y por eso quise estudiar más para poder dedicarme a ello", afirma.

Solo le falta hacer la defensa del trabajo de fin de grado que ha realizado sobre terapia en aulas de niños con autismo.

De su carrera, lo que más le ha gustado ha sido todo lo relacionado con la discapacidad y la autonomía, ver los retos y cómo se van superando. "Me llena de orgullo, yo puedo ser un ejemplo para ellos", insiste.

Blanca, además, trabaja prestando apoyo a los maestros de niños con discapacidad en el centro de educación infantil inclusivo L'Alquería de Valencia y su intención es seguir y aprender más para poder ayudarles mejor.

También se ha animado a participar en política, de hecho, forma parte de la junta directiva de Ciudadanos de su localidad y quiere conseguir que la sociedad "vea que las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas".

Así, reitera que los derechos de las personas con discapacidad son su prioridad y hace un llamamiento para que todo el mundo pueda tener una educación inclusiva.

Las denuncias por 'sexting' se incrementan un 46% en el último año

Expertos advierten que el envío de imágenes o vídeos de contenido más o menos íntimo, normalmente de carácter erótico o pornográfico, sin consentimiento se ha convertido en una práctica diaria


El número de denuncias por 'sexting' en España aumentó cerca de un 46% en 2018. Según los datos facilitados a la Secretería de Estado de Seguridad por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos de Policía Local, en el año 2017 se registraron un total de 590 denuncias por revelación de secretos y difusión de grabaciones que atentan contra la intimidad. Al año siguiente, la cifra se elevó hasta las 860.

Sin embargo, fuentes de Interior advierten que la estadística no recoge datos de la Ertzaintza, los Mossos y la Policía Foral, por lo que se puede afirmar que existen más. Solo en la Fiscalía de Tarragona, por citar un ejemplo, se iniciaron 66 investigaciones en el último año relativas a denuncias por descubrimiento de secretos que van desde la difusión de contenido sexual explícito a imágenes en situaciones íntimas e incluso audios o capturas de pantalla que se reenvían sin autorización

"El envío de imágenes y vídeos de carácter sexual sin consentimiento ocurre a diario, pero no se suele denunciar y el principal motivo por el que no se acude a la policía es por vergüenza", explica Encarni Iglesias, presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, una plataforma que se creó para dar una respuesta integral a las víctimas de delitos informáticos.

"Falta formación"

Por otro lado, Iglesias cree que en España "falta formación" por parte de las autoridades a la hora de atajar este tipo de delitos y aconseja que si alguien es víctima de un delito de este tipo "debe denunciar a la Policía desde el minuto uno". "Aún hay países que ni siquiera tienen legislación sobre este asunto y, sin embargo, todos llevan un móvil en la mano", advierte.

Es claramente perceptible la frecuencia creciente con que se utilizan las tecnologías como medio para canalizar la humillación o el ejercicio del control sobre otros

De acuerdo a la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018, es claramente perceptible la frecuencia creciente con que se utilizan las tecnologías como medio para canalizar el hostigamiento, la humillación, la persecución, la coacción, el acoso o el ejercicio del control sobre otros y por ende para atentar contra la libertad de las personas.

"El uso generalizado de estas herramientas en la actividad cotidiana ha hecho factible su aprovechamiento para la comisión de este tipo de conductas cuyos efectos perversos se ven agravados por la capacidad que ofrecen las TIC para dar permanencia en el tiempo a dichas situaciones de acoso", señala el texto.

Nuevas tecnologías

Con la reforma del Código Penal de 2015 se introdujo el 'sexting' como delito, tipificándolo en el artículo 197.7 de dicho cuerpo legal. Según aclara la abogada Miriam Guardiola en la plataforma jurídica Legal Today, la  práctica consentida de enviar imágenes o vídeos de contenido más o menos íntimo está permitida y no es reprochable penalmente, pero sí se ha tipificado como delito la divulgación o emisión de estas imágenes sin el consentimiento de la víctima aunque la imagen o vídeo se hubiera tomado originariamente con su anuencia.

"La facilidad y el acceso ágil y rápido de las nuevas tecnologías han potenciado y popularizado esta práctica. Sin embargo, en ocasiones, la viralización del medio y su rápida difusión a un ritmo vertiginoso hacen que se pierda el control de la imagen, pudiendo tener consecuencias muy adversas", señala en su artículo.

Tan adversas como las que padeció Verónica, la empleada de 32 años de Iveco que se suicidó después de que un vídeo sexual con ella como protagonista se difundiese entre los trabajadores de la empresas. Tras el fatídico desenlace de la trabajadora, y mientras la Fiscalía investiga el caso, su vídeo se convirtió en el más buscado en las páginas porno, tal y como denunciaron diversas asociaciones.

El Supremo eleva la condena a La Manada a 15 años: fue una violación múltiple, no un abuso sexual


Detenidos los cinco autores de la violación. El alto tribunal revoca la sentencia de los tribunales navarros que consideraron el ataque a una joven en los sanfermines como un abuso sexual


Detención del ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero. En vídeo, hubo violencia e intimidación según las acusaciones y el Supremo. 

El caso de La Manada no fue un abuso sexual sino una violación en grupo. Así lo ha determinado este viernes por unanimidad el Tribunal Supremo, que ha elevado de 9 a 15 años la condena para José Angel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, los cinco amigos que atacaron a una joven en los sanfermines de 2016. El tribunal, tras escuchar en una vista pública los recursos de las acusaciones y las defensas contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (que ratificó la de la Audiencia de Navarra), ha decidido revocar esas sentencias y calificar los hechos como un delito continuado de violación. Los magistrados aplican además dos agravantes que elevan la pena: trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. La decisión del Supremo implica que la condena ya es firme.Los cinco miembros de La Manada han sido detenidos este mismo viernes y esta tarde han sido ingresados en el centro penitenciario Sevilla, en Mairena del Alcor.

El Supremo ha elevado de 9 a 15 años la pena de prisión para cada uno de los miembros de la Manada. Además, a uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero, le impone dos años más por el robo con intimidación del móvil de la víctima. El tribunal también incrementa a 100.000 euros el importe de la responsabilidad civil a la que tiene derecho la joven. La sentencia con los argumentos completos del Supremo tardará unas semanas pero, en un comunicado hecho público para dar a conocer el fallo, los magistrados adelantan ya parte de sus conclusiones. "El relato fáctico describe un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados", advierte el tribunal.

El Supremo cree que la víctima sufrió una "situación intimidante" que hizo que ella misma "adoptara una actitud de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a la fuerza". Los magistrados consideran que los acusados se "aprovecharon" de estas circunstancias para atacar a la joven, que sufrió al menos "diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales".

El alto tribunal, siguiendo precedentes de su propia jurisprudencia, considera que los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Navarra no pueden calificarse como un delito de abuso sexual sino como un delito de violación. Los magistrados aplican además dos agravantes. La primera, por el trato vejatorio sufrido por la joven, no solo por el hecho de que sufriera penetraciones simultáneas sino también por "el alarde" que los acusados hacen de esas prácticas en los vídeos grabados. La Audiencia de Navarra no castigó el trato vejatorio porque esta agravante no existe en el delito de abuso sexual. La segunda agravación de la pena corresponde a la actuación conjunta de dos o más personas, "sin que ello implique valorar dos veces una misma situación", afirma el tribunal.

El Supremo ha dejado también constancia ya en el comunicado difundido para explicar su fallo de que la Audiencia de Navarra "erró" al calificar los hechos como un único delito continuado. Según el alto tribunal, por la pluralidad de agresores y de "actos agresivos", lo correcto habría sido considerar a los acusados como autores y partícipes de "una pluralidad" de delitos de agresión sexual. Eso habría multiplicado las penas a los acusados, pero como ninguna de las partes impugnó esta situación, el Supremo no puede tenerla en cuenta.

El alto tribunal ha adelantado su fallo para dictarlo el mismo día en el que se ha celebrado la vista pública de exposición de los recursos, una situación poco habitual y que indica que los magistrados ya tenían clara su postura a partir de los escritos presentados por las partes y que en la vista no han surgido nuevos datos que hayan abierto la puerta a un cambio de opinión.

La decisión del Supremo va en la línea de lo que habían reclamado no solo las acusaciones, sino también los colectivos de mujeres, numerosos juristas y hasta los partidos políticos desde que la Audiencia Provincial dictó el primer fallo, en abril de 2018.

En la vista pública, la Fiscalía había pedido que la pena se duplique al considerar que no hubo abuso sexual, sino violación. "En la agresión, la voluntad del autor se impone por la fuerza, ya sea con violencia o intimidatoria", ha explicado la fiscal Isabel Rodríguez, que ha advertido de que "no se puede pedir a la víctima una actitud peligrosamente heroica".