El 39% de los 138 registrados en
la última década en Valladolid fueron por este motivo, seguidos de la ideología
(20%), discriminación por sexo o género (13,7%) y por orientación sexual o
identidad de género (11,5%)
Valladolid no es, ni de lejos,
una provincia con graves problemas de criminalidad. Lo dicen los datos. El año
pasado registró una tasa de 28 delitos por cada mil habitantes, frente a los 50
de España, según los datos del Ministerio del Interior. Pese a ello, el goteo
de casos de delitos de odio ha sido constante en la última década. El año
pasado fueron 17 dentro de una estadística que tiene en cuenta tanto los
delitos como las infracciones administrativas. Son un 30% más que los 13 del
año 2023, aunque, como es lógico, las variaciones porcentuales están expuestas
a cambios muy bruscos en cifras tan 'pequeñas'.
Entre 2014 y 2024 se han
producido 138 delitos de odio o infracciones en Valladolid y hay uno de ellos
que destaca sobre los demás: el racismo y la xenofobia, que copa casi el 40%.
No hay que remontarse mucho en la hemeroteca para encontrar uno de ellos,
porque, además, fue portada en medio mundo. Hace apenas un par de meses cinco
aficionados del Real Valladolid fueron condenados por la Audiencia Provincial
como autores de un delito de odio por gritar «puto negro» y «puto marica»,
entre otras expresiones, a Vinicius, jugador del Real Madrid.
Pero hay muchos más casos
alejados de los focos mediáticos. Son muchos más, incluso, de los que aparecen
en las estadísticas, porque las asociaciones que trabajan con estas víctimas
coinciden en señalar que el de odio es uno de los delitos más
«infradenunciados», ya sea porque estas personas prefieren evitar la exposición
pública, por cuestiones económicas o porque consideran que no va a servir de
mucho, aunque desde las asociaciones les intenten convencer de lo contrario.
Porque lo que no se denuncia puede parecer que no sucede.
Según la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), un delito de odio es aquel donde
la víctima sea elegida por su, real o percibida, pertenencia, simpatía,
filiación u apoyo a determinados grupos o colectivos que tienen en común la
raza, origen nacional o étnico, sexo o género, edad, orientación sexual,
religión o discapacidad. Estos delitos pueden ser castigados con penas de
cárcel a uno a cuatro años y multas de seis a doce meses.
Por detrás del racismo y la
xenofobia, los delitos de odio más habituales en Valladolid son los que están
relacionados con la ideología (20% de los casos), la discriminación por sexo o
género (13,7%) y la orientación sexual o la identidad de género (11,5%). Los
siguientes en la lista son menos habituales. Por ejemplo, los diez casos
registrados en una década de disfobia o, lo que es lo mismo, discriminación a
las personas con alguna discapacidad. Hay otros siete relacionados con la
religión, dos casos de aporofobia (discriminación a las personas sin recursos),
otro de antisemitismo y otro relacionado con una enfermedad.
Las asociaciones
Aunque Policía Nacional y Guardia
Civil tienen unidades específicas para tratar estos delitos, muchas de las
denuncias llegan primero a asociaciones del tercer sector. De hecho, estos
colectivos tienen contacto directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para agilizar denuncias e investigaciones. Una de ellas es Fundación
Triángulo, defensora de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Su presidenta,
Yolanda Rodríguez, recuerda que el concepto de delito de odio va mucho más allá
de la agresión física, pese a que mucha gente lo circunscriba a este tipo de
ataques. «Un insulto también es un delito de odio», incide. El problema para
las víctimas en muchos casos es poder demostrarlo. Si no hay testigos que
quieran declarar o grabaciones en las que los agresores utilicen expresiones
que puedan estar relacionadas con estos delitos, hay poco que hacer delante de
un juez. «Hay casos, por ejemplo, cuando alguien va a una entrevista de trabajo
y se ve por su documentación o por su aspecto que es una persona 'trans' y no
le contratan, ¿cómo demuestras tú eso?», señala. Rodríguez también incide en
que estas agresiones no solo se producen en el espacio físico. También en el
virtual. «En las redes sociales, como no tenemos la obligación de
identificarnos, pues la indefensión es absoluta», añade. Un aspecto que, según
ella, debería cambiar.
Precisamente hace poco más de un
mes que la Policía Nacional identificó en Valladolid a un adolescente de 14
años como posible autor de un delito de odio por escribir, sin identificarse, a
través una cuenta de X, reiterados mensajes contra el colectivo LGTBIQ+ y
deportistas de raza negra, entre otros.
Otra asociación que trabaja
ayudando a víctimas de delitos de odio es Progestión. Lo hace en Madrid, donde
tiene muchos más casos, y en Valladolid, donde también ha habido alguno que al
menos ellos sospechan que pueden ser delito de odio. Por ejemplo, las «trabas»
que están poniendo algunos centros escolares para que los alumnos reciban
clases de Religión Islámica, una asignatura que están obligados a impartir si
al menos diez familias lo solicitan. «A algunos alumnos les hacen coincidir esa
asignatura con otras importantes, como matemáticas, de modo que, si quieren ir,
tienen que perder estas clases, algo que no pasa con la Religión Católica»,
denuncia Francisco Melón, abogado de la asociación, quien también asegura que
hay centros de salud de Valladolid que han denegado la asistencia sanitaria a
extranjeros en situación irregular, pese a que están obligados a prestarla si
es por una urgencia.
El letrado también incide en la
importancia de los discursos de odio, sobre todo cuando llegan a fase judicial,
porque los jueces se ven obligados a ponerlos en una balanza junto a la
libertad de expresión. «Y de momento siguen primando la libertad de expresión»,
señala.
«Purrela»
En este sentido, el PSOE anunció
hace unos días su intención de denunciar a Olga Mohíno, teniente de alcalde de
Medina del Campo, por referirse al colectivo LGTBIQ+ como «purrela», que, según
la RAE,es una «cosa despreciable, de mala calidad, de poco valor». El PSOE
considera que es un discurso que incita al odio. Esta misma semana Podemos
también avanzó que estudia llevar el caso al Observatorio del Racismo y la
Xenofobia.
Por otro lado, la delegación en
Castilla y León de Movimiento contra la Intolerancia también dispone de una
oficina de atención a víctimas de delitos de odio, donde se analiza al detalle
cada uno de los casos. Incluso disponen de una figura para acompañar en todo
momento a los denunciantes. Hasta en el juicio. La responsable, Olga Hurtado,
señala que hay muchas víctimas que prefieren no denuncian porque están en
situación irregular y temen una expulsión del país. «Otras piensan que no sirve
para nada, que no quieren exposición pública o no tienen confianza en las
instituciones», añade. Además, hay otras personas que ni siquiera conocen los
recursos que disponen para recibir ayuda.
En el ámbito local, el
Ayuntamiento está haciendo trámites para poner en marcha dos mesas de trabajo
dentro del Observatorio de los Derechos Humanos, una para combatir la xenofobia
y el antigitanismo y otra contra la discriminación a personas con discapacidad.
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