La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, calificó este miércoles de “caso de desigualdad irritante” el pacto firmado entre el Ejecutivo español y el Gobierno ruso para agilizar los procesos de adopción, del que las familias monoparentales y homosexuales quedan excluidas.
En declaraciones a Servimedia, Pérez del Campo denunció que “de nuevo el PP se ocupa sólo de las familias tradicionales”, y se preguntó si también se va a exigir para poder adoptar que los matrimonios se hayan formalizado por la Iglesia.

A su juicio, el Ejecutivo español debería hacer prevalecer las normativas internacionales y respetar la legislación española, que reconoce a estas personas como ciudadanos de pleno derecho.
En esta línea, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, declaró a esta agencia que “el Gobierno debería exigir el cumplimiento de la normativa internacional antes de aceptar acuerdos de este tipo”, y recordó que las familias formadas por parejas del mismo sexo o por un único progenitor “están amparadas por el Tribunal Constitucional, por lo que se puede considerar un acto discriminatorio en toda regla”.
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