Informe sobre el racismo y la xenofobia durante el estado de alarma en España

Crisis sanitaria COVID-19: Informe sobre el racismo y la xenofobia durante el estado de alarma en España                                                                                  El Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendiente en España junto a Rights International Spain (RIS) presentan un informe que recoge las manifestaciones de racismo y xenofobia ocurridas entre el 15 de marzo y el 2 de mayo, durante el estado de alarma en España como consecuencia del COVID-19. El documento, impulsado por la sociedad civil y por solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha sido remitido al Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los Afrodescendientes, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Minorías y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros organismos de derechos humanos. UN 70% AFIRMA HABER SUFRIDO UNA PARADA POR PERFIL RACIAL La investigación recoge más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias. De las informaciones obtenidas directamente de las personas afectadas y organizaciones sociales, se ha documentado las vulneraciones de derechos humanos sucedidas en diferentes puntos del Estado español siendo Madrid la región con un mayor número de denuncias (40%), seguida por Catalunya (21%) y País Vasco (8%). En cuanto al grupo étnico racial que sufrió el mayor número de violaciones, de las 47 respuestas individuales recibidas, las personas negras y afrodescendientes (32%) fueron las más afectadas, seguidas por árabo-musulmanas (30%), gitanas (25%) y latinas (8%). Del total de víctimas, un 70% afirman haber sufrido una parada por perfil racial además de ser objeto de brutalidad policial tras ser identificadas. La mayor parte de comentarios de odio citados en el informe afectan a personas gitanas. Casi un 26% de los encuestados están en una situación administrativa irregular, lo que incrementa notablemente su indefensión y la vulnerabilidad frente a los abusos. Si bien, tal y como se ha observado en la investigación, tener una situación administrativa regular no es garantía para las personas racialmente diversas. El 45% de los casos se refieren a violaciones de derechos que afecta a un colectivo en particular y un 10% corresponde a políticas que contribuyen a discriminación contra personas afrodescendientes.  El Estado debe abordar seriamente el racismo estructural en España que perpetúa las desigualdades y no solo las manifestaciones que genera RECOMENDACIONES Los delitos de odio deben ser investigados de manera rápida y efectiva. Se debe prohibir por ley el uso de perfiles raciales por parte de la policía. Asimismo, es necesario introducir formularios de identificación que recojan datos empíricos objetivos de control policial que incluyan etnicidad y nacionalidad. Todo uso excesivo de la fuerza debe investigarse de forma pronta, exhaustiva y efectiva. Es preciso fortalecer las garantías y mecanismos de denuncia, creando un mecanismo independiente de supervisión y rendición de cuentas para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. La reforma general de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana para adecuar la norma a los estándares internacionales, eliminando las disposiciones vulneradoras de derechos fundamentales.   Las administraciones públicas deben regularizar de manera urgente la situación administrativa de las personas migrantes que se encuentran en el territorio español, garantizando sus plenos derechos, permitiendo su acceso a la salud y vivienda digna en condiciones de igualdad. Ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadoras y trabajadores domésticos. Asimismo, firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. NOTA España se sometió en enero de 2020 al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que evalúa, cada cinco años, los progresos en materia de garantías fundamentales de los Estados miembros. El resultado de dicho examen, las observaciones finales, recoge 275 recomendaciones propuestas por 110 Estados. Entre ellas, figuran al menos 82 sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de lucha contra la discriminación racial. En este sentido, el gobierno deberá especificar el 20 de junio qué recomendaciones adoptará y cómo las aplicará.  Descargar informe Para más información y entrevistas, contactar con: Isabelle Mamadou (Equipo):  +34 637 97 59 54 Esther Mamadou (Equipo):  + 34 666 74 85 83 Youssef M. Ouled (RIS):  +34 678 80 61 09