Movimiento contra la Intolerancia, organización independiente para la protección de los derechos humanos, se suma y apoya el llamamiento realizado por las organizaciones sindicales de los Mossos dÉsquadra, de las Guardias Urbanas, Policía Locales, Policía Portuaria y de sus asociaciones profesionales, en defensa de la seguridad pública en Cataluña mediante la marcha convocada el próximo 23 de octubre en Barcelona.
Consideramos que la actual situación es insostenible y expresamos nuestra preocupación por la sucesión de actos que vienen padeciendo los agentes de seguridad y que se han producido en diferentes escenarios y momentos. Los ataques a los policías y la degradación de su función pública perjudican directamente el servicio que tienen que desarrollar. Y estos hechos, muy graves, afectan a su vez al conjunto de la ciudadanía en cuanto debilitan nuestras libertades públicas y derechos fundamentales.
Rechazamos de manera firme los actos de agresión a los agentes de seguridad que constatamos, sin solución de continuidad, tanto en botellones, algaradas, concentraciones y manifestaciones, así como en las actuaciones de seguridad ciudadana y de orden público, en donde grupos o individuos concretos ponen en peligro las libertades y derechos fundamentales garantizados por la Constitución española y quiebran el derecho a la seguridad ciudadana,
Proclamamos que la dignidad de los agentes y el respeto al ejercicio de su función, consagrada en el artículo 104 de la Constitución española, tiene que ser perfectamente compatible con el derecho a la manifestación pacífica. La protección de los agentes de la seguridad y de la ciudadanía en general exige que las autoridades adopten las directrices necesarias para afrontar las conductas violentas como un ilícito penal.
Reclamamos por tanto, el rechazo, la deslegitimación y condena de cualquier acto de violencia y exigimos un pronunciamiento claro y rotundo por parte de las autoridades públicas, los medios de comunicación y el conjunto de la ciudadanía frente a este tipo de conductas.
No podemos aceptar que los agentes de seguridad en Cataluña no obtengan la debida respuesta institucional; por el contrario, en demasiadas ocasiones son destinatarios de expresiones individuales denigrantes por parte de algún representante público que merece nuestro más absoluto reproche.
Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a los agentes de seguridad, víctimas de estos comportamientos e invitamos al conjunto de nuestra sociedad democrática a rechazar toda manifestación violenta por su ilegalidad e ilegitimidad moral, a que no se menosprecie ni la seguridad pública ni a las personas que lo desarrollan, y a sumarse a la marcha del día 23 de octubre convocada por las organizaciones sindicales y agrupaciones profesionales de la policía en defensa de la seguridad pública en Cataluña.
¡¡ LOS AGENTES DE SEGURIDAD TAMBIEN TIENEN DERECHOS HUMANOS !!
Sólo en España, 11,8 millones personas (25,3%
de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Se
percibe una leve mejoría en la tasa general pero la pobreza ha aumentado ya que
hay colectivos que no perciben dicha mejoría.
La aporofobia, es el odio y rechazo a
las personas pobres. Según datos de Hogar Sí y el Observatorio Hatento en
nuestro país la mitad de las personas sin hogar habrían sufrido agresiones,
humillaciones e intimidaciones motivadas por la intolerancia y los prejuicios,
el 83% de las personas sin hogar víctimas de un delito de odio no
lo han denunciado y algo también preocupante que interpela al conjunto de
la sociedad, el 68% de los testigos de delitos de odio no actuaron.
En todo el
mundo, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al
día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento
adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
La pobreza no es solo una cuestión
económica. Por ese motivo, debemos dejar de observarla exclusivamente como una
falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende,
además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.
La pobreza es en sí misma un problema
de derechos humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia de violaciones
de los derechos humanos, pues se caracteriza por vulneraciones múltiples e
interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
y las personas que viven en ella se ven expuestas regularmente a la denegación
de su dignidad e igualdad.
Reducir la pobreza y erradicarla es
por tanto una obligación de todas las sociedades.
En promedio, las mujeres representan algo más del 40% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de África y Asia.
Sin embargo, se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta a la propiedad de la tierra y el ganado, la igualdad de remuneración, la participación en la toma de decisiones de entidades como las cooperativas agrarias, y el acceso a recursos, crédito y mercado para que sus explotaciones y granjas prosperen.
Todo ello se traduce no solo en el empeoramiento de su calidad de vida, sino en un obstáculo mundial para acabar con la pobreza y el hambre ya que, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos, la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría entre 2,5 y 4% y el número de personas desnutridas en el mundo disminuiría aproximadamente entre un 12% y un 17% (FAO, 2011).
Este Día Internacional, bajo el tema "Las mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas las personas", apreciemos la labor de estas heroínas en la lucha contra el hambre, tal cual marca el reto 2 de nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible (Hambre Cero), y reivindiquemos unas zonas rurales en las que estas agricultoras y ganaderas, muchas de ellas parte de la economía informal y simultáneamente mantenedoras de sus hogares, puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres.
Entradas
Comentarios
