El Día de la Cero Discriminación se celebra cada año el 1 de Marzo.
jueves, 25 de febrero de 2021
1 Marzo Día de la Cero Discriminación

lunes, 22 de febrero de 2021
¿Existe interés en quebrar el artículo de los delitos de odio del Código Penal?
Opinión Confilegal
Parece que hay conjura para reducir la respuesta penal a los denominados “Discursos y Delitos de Odio”, incluso algunos desearían eliminarlos de cualquier referencia en el Código Penal en base a un supuesto daño a la libertad de expresión.
Y esto sucede en un contexto donde hemos
podido apreciar su necesidad en la protección de las libertades y
derechos fundamentales de todas las personas para defender la convivencia
democrática ante su asalto fáctico, ante el asombro y la inquietud ciudadana
que los propios hechos despiertan.
Ejemplos recientes no faltan.
Resulta asombroso que en una manifestación autorizada se
viertan expresiones hitlerianas señalando al “judío” como el maligno mundial,
con caja de resonancia mediática y respuesta institucional tardía.
De igual manera, hemos asistido, con la excusa de la detención de Hasel
para cumplir condena de 9 meses, a unos espectáculos de violencia, saqueos,
incendios, manifestaciones ilegales y actos de odio, especialmente en
Cataluña, del que no salimos del asombro.
Para culmen, vemos a
un muñeco colgado de una soga que simboliza a la vicepresidenta Carmen Calvo, en clara amenaza a su persona y a las feministas que se oponen a interpretaciones
de género por valorar que lesionan derechos de igualdad de las mujeres.
Es difícil contribuir más y en menos
tiempo a los discursos y delitos de odio; mientras tanto somos campeones de la
falacia de “ausencia de libertad de expresión y de opinión” en España.
El resultado es un gran desconcierto e
inquietud por la inseguridad que se cierne sobre los derechos y libertades de
las personas, de asombro por la emergencia de conductas
intolerantes, coactivas y hostiles que conllevan el silenciamiento de
la crítica, y de incertidumbre y temor propio del contexto,
Covid.
Y en el contexto de esta realidad, se
plantean reformas legislativas que tienen un enorme calado, anunciadas de
manera embrollada que dicen afectar al 510 y que esperamos no estén en sintonía
con aquellos sectores que rechazan estos tipos penales y que quieren
arrastrar al Gobierno hacia reducirlos en vez de reforzarlos, que más que
nunca, es lo necesario.
Resulta inquietante ver ausentes del
debate a las asociaciones de víctimas y afectados, algo que nunca mejora una
democracia participativa.
ALCANCE Y NATURALEZA DEL ART. 510 DEL CÓDIGO PENAL
Conocido como el artículo que
sanciona el “discurso de odio”, este artículo es incorporado al CP en
1995, teniendo una aplicación limitada e ineficaz durante 20 años, período en
el que sufrimos mucho las víctimas y la sociedad, hasta la
modificación incorporada en la reforma del 2015.
Esta reforma ha sido criticada
transversalmente, desde diversas posiciones extremas, a veces para rechazar su
existencia, otras su extensión, y otras por juristas que con buena fe no
alcanzan a entender su naturaleza.
En paralelo, observamos que durante
estos últimos años, la necesidad de esta norma ha crecido pareja al desarrollo
del discurso de odio y por el contrario, su aplicación eficaz ha
prosperado dado el mayor conocimiento al respecto de los operadores
jurídicos, en especial por la importante labor de las Fiscalías de delitos de
odio.
Entendamos, por tanto, el precepto y sus
interpretaciones erróneas, excluyentes y discriminatorias.
La primera falacia que se repite hasta el aburrimiento es apreciar estos
delitos de odio con ambiguas expresiones de pretensión excluyente,
como que el objeto de su creación fue la “protección de colectivos
históricamente vulnerables”.
Nada semejante dice la norma sobre esas
categorías.
Sin embargo, la propaganda al respecto
lo quiere imponer. La norma, desde su origen, habla de
motivos que afectan a personas y grupos sociales.
La vulnerabilidad depende de situaciones
y contextos, y la historicidad no puede interpretarse para obviar o excluir
la discriminación a otros hechos insertos en el precepto que son,
digamos, menos históricos o colectivistas.
Acertó la Fiscalía
General del Estado (7/2019) en su circular sobre las pautas para interpretar
los delitos de odio tipificados en el art. 510 del C. Penal, que extiende a la
circunstancia agravante del 22.4, al señalar que el bien jurídico que se protege con la sanción de los denominados
“delitos de odio” es la universalidad de la
dignidad intrínseca de las personas y los derechos humanos que les son
inherentes.
Y esto no es reducible
a una interpretación de la condición predeterminada del sujeto pasivo, en
referencia a las motivaciones que castiga el precepto, referentes “.. a la ideología, religión o
creencias, situación familiar,.. su origen nacional, sexo,..”.
Es que acaso no puede ser objeto de
discurso y delito de odio una persona de izquierdas o de derechas, vegano o
animalista, constitucionalista o independentista, cristiano, musulmán, judío o
bahaí, marroquí, francés, ecuatoriano o portugués, feminista o queer u otros
discriminados por genética, edad, aspecto físico, origen territorial, lengua, o
por cualquier marcador de sesgo de las personas, sin ser “histórico”.
REDUCCIONISMO FALAZ

22 de febrero Día Europeo de la Igualdad Salarial

sábado, 20 de febrero de 2021
20 de Febrero Día Mundial de la Justicia Social
La
justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y
próspera, dentro los países y entre ellos. Defendemos los principios de
justicia social cuando promovemos la igualdad de género, o los derechos de los
pueblos indígenas y los migrantes. Promovemos la justicia social cuando
eliminamos las barreras que enfrentan las personas debido al género, la edad,
el color de piel, la etnia, la religión, la cultura o la
discapacidad.
#MovimientocontralaIntolerancia #JuntoscontralaIntolerancia
#CompromisoCívico #JusticiaSocial #Diversidad #Igualdad

viernes, 19 de febrero de 2021
19 de Febrero Día contra la LGBTIfobia en el Deporte

miércoles, 17 de febrero de 2021
Opinión Esteban Ibarra sobre la Proposición de ley de igualdad de trato y no discriminación
Este martes se ha debatido en el Congreso de los Diputados la denominada ley Zerolo (proposición de ley de igualdad de trato y no discriminación) registrada por el PSOE y que tanto revuelo provocó. Su socio de Gobierno, Unidas Podemos, manifestó públicamente su “enorme malestar” pues, según los morados, ambos grupos decidieron previamente presentarla conjuntamente. En este sentido, las asociaciones y ONGs celebran el paso dado, pero instan a socialistas y morados a aparcar sus diferencias en pos del bien común.
Los socialistas registraron este texto en la Cámara baja el pasado 21 de enero. En sus páginas se especifica que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo. Asimismo, la propuesta articula una respuesta sancionadora no penal para los casos que, hasta el momento, no estaban contemplados en el Código Penal y, por tanto, quedaban impunes.
Desde ElPlural.com hemos hablado con varias de las asociaciones, colectivos y ONGs que han participado de las reuniones y en la redacción del articulado, y todas coinciden en que es un gran paseo adelante que requerirá profundización en un futuro.
El presidente de Movimiento contra la intolerancia, Esteban Ibarra, subraya que se trata de una “reclamación antigua” pues “llevamos muchos años luchando contra la discriminación”. “Recibió un impulso en el 2000 con la aprobación de las directivas de igualdad de trato en la UE. A partir de ahí, reclamar esa legislación antidiscriminatoria tuvo más contundencia, aunque las directivas tardaron tres años en ser traspuestas”, añade.
En opinión de Ibarra, “tiene virtudes y también insuficiencias. Sitúa en la igual dignidad humana el bien jurídico a proteger. Esto es un avance. Tiene alcance universal, es para todas las personas por cualquier característica o circunstancia, como recoge la Constitución. También obtiene un régimen de sanciones y un comisionado que las aplique. Ahora, como insuficiencia está poco tratada la protección de las víctimas. Echamos en falta un titulo especifico y no se recoge un Consejo General de la Igualdad de trato”. Así mismo, defiende que “el comisionado tiene que ser una figura claramente independiente. Tendría que ser elegida por las Cortes”.
El responsable de relaciones institucionales de Hogar Si, Gonzalo Caro, señala que existen diversos “factores discriminatorios que provocan exclusión. Se discrimina por multitud de cuestiones”. En este sentido, y en lo que ataña a su asociación, celebra que la ley Zerolo “ayuda tanto para paliar la situación que te puede llevar al sinhogarismo” como acabar con las dificultades para salir de él.
“La discriminación se produce por ser pobre. La ley puede ser un avance y vamos a hacer propuestas para mejorar el texto”, ha añadido en declaraciones a este periódico.
Sobre las tensiones con Podemos, evita pronunciarse: “No entramos a valorar lo que sucede dentro de un Gobierno de coalición. Hacemos nuestras propuestas y se las hacemos llegar a todos los partidos. Las relaciones entre ellos no nos ataña”.
Vladimir Paspuel, de la Asociación Rumiñahui, asegura que tras muchos años trabajando en ella, por fin “se reactive y se ponga sobre el escritorio”. “Cuando el PSOE la ha presentado nos ha alegrado”, dice.
En este sentido, también valora el trabajo de Unidas Podemos, que “lo hemos visto muy positivo aunque ha habido dificultades”.
“Instamos al Gobierno a que los dos partidos limen discrepancias y acuerden por el bien de la ley y de la gente”, insiste, al tiempo que precisa que el articulo requiere una mejora: “Por ello pedimos a todos los partidos y a la sociedad civil que elaboren propuestas”.
Por su parte, Toni Poveda, de CESIDA, pone el foco en que "es una ley que va a afectar a toda la población. No es una ley para minorías. En algún momento por algún motivo podemos ser discriminados. Edad, enfermedad, orientación sexual… La discriminación que sufren las personas por VIH a la hora de hacerse un seguro, acceder a la vivienda o cualquier motivo no debe salir gratis. Afortunadamente, si esta ley sale adelante, por primera vez se incluirá esta discriminación, el de discriminación por enfermedad”.
Miguel Ángel Fernández, de la Fundación Pedro Zerolo, ha celebrado su “profunda satisfacción por la presentación de la proposición de ley”, “una ley que fue impulsada por el propio Pedro Zerolo durante su etapa de secretario de Movimientos Sociales del partido socialista y por la que tanto luchó, y que lamentablemente no pudo ver aprobada, como siempre fue su deseo”.
“Una ley necesaria porque que en palabras de Pedro Zerolo ‘discriminar no puede salir gratis’. Una ley para una gran mayoría social, porque toda la ciudadanía en algún momento de nuestra vida podemos ser objeto de discriminación”, ha apostillado.
El dirigente de la Unión Romaní, Mariano González, ha lamentado que “como colectivo éramos los que menos protegidos estábamos y estamos”, por lo que “ojalá fuera ya un hecho”, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”. En este punto ha agradecido al PSOE que siempre haya visibilizaos al colectivo gitano y ha valorado que “todos hemos querido y trabajado con Zerolo”.
“Esto es el inicio del camino. Luego lógicamente las comunidades autónomas deben empezar a trabajarla” contando con la participación de los colectivos.
Con respecto a Podemos, González ha explicado que “esa ley, sea se ley Zerolo o de Unidas Podemos o de quien sea, no debe ser una ley politizada sino una ley de colectivos, segmentos y población que estamos siendo afectados. Las rencillas políticas me parecen estupendas, pero no debe ser un palo en la rueda. Me da lo mismo que sea Podemos que PSOE”.
Javier Font, de FAMMA, ha solicitado que se preste especial atención a los palzos, pues “existe un periodo legal que hasta que puedes llegar a una conclusión es muy complicado. Nos pasa con otras normas. Está muy bien que haya un marco jurídico, pero debe haber un marco administrativo que lo desarrolle. Si existen situaciones en los que las administraciones tienen que intervenir suele ser enormemente tedioso. Es desolador los plazos de espera”.
Por último, Jesús Martín Blanco, de CERMI, ha instado a las y los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso su respaldo a la toma en consideración de la Proposición de Ley Integral de Igual de Trato y No discriminación, pues “el movimiento social de la discapacidad viene reclamando desde hace años la necesidad de que España se dote de un marco general de igualdad de trato y no discriminación, que garantice transversalmente los derechos de todas las personas y en especial de aquellas integradas en grupos sociales singularizados más expuestas a conductas discriminatorias”.

sábado, 13 de febrero de 2021
13 de Febrero Día Mundial de la Radio
