Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado investigaron en 2023 un total de 115 infracciones penales
e incidentes de odio en Castilla y León, lo que supone un incremento del 79,68
por ciento respecto a 2022, cuando se contabilizaron 64, mientras en el
conjunto del país los hechos conocidos se situaron en 2.268, un 21,34 por
ciento más que los 1.869 del ejercicio anterior, según recoge el ‘Informe sobre
la evolución de los delitos de odio en España 2023’.
Este lunes, el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó el informe durante la cuarta
reunión de la Comisión de Seguimiento del ‘II Plan de Acción de Lucha contra
Delitos de Odio 2022-2024’, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra
los Delitos de Odio (Ondod) a partir de los datos facilitados al Sistema
Estadístico de Criminalidad (SEC) por Policía Nacional, Guardia Civil,
Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y policías locales.
Asimismo, de los 115 delitos
conocidos en Castilla y León por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
33 fueron por infracciones penales de racismo y xenofobia, 28 por la
orientación sexual o el género y 25 por la ideología. También destacan las diez
por la discriminación sexual o de género, las seis vinculadas a la
discapacidad, las cuatro sobre cuestiones administrativas y de otro tipo; las
tres sobre creencias religiosas; las dos por la aporofobia o el antigitanismo,
y las relacionadas con la discriminación de género (una) o por enfermedad
(una).
En cuanto a la variación
interanual, se produjo un ascenso en todos los ámbitos, salvo en el de
antisemitismo, que no registró ningún hecho delictivo frente a uno en 2022 y la
discriminación por género, que pasó de dos a uno.
La evolución por provincias
refleja el mismo número de hechos delictivos vinculados con el odio en Burgos y
Zamora, donde en 2023 y 2022 se contabilizaron diez y dos respectivamente,
mientras en Valladolid se produjo un descenso pasando de 19 a 13. En el lado
opuesto, se registraron aumentos en Ávila, de cuatro a 15; en León, de diez a
23; en Palencia, de cuatro a 18; en Salamanca, de nueve a 16; en Segovia, de
cinco a 12, y en Soria, de uno a seis.
Igualmente, las Fuerzas de
Seguridad del Estado detuvieron o investigaron a 81 personas en Castilla y León
durante 2023, un 113,15 por ciento más que el año anterior, mientras en todo el
Estado fueron 1.161 personas, un 38,5 por ciento más. En cuanto a los hechos
esclarecidos, fueron 95 en la Comunidad y 1.545 en todo el país.
Responsabilidad a los políticos
Desde Movimiento contra la
Intolerancia, Olga Hurtado considera que este aumento se debe a una mayor
concienciación en la sociedad, tanto a la hora de denunciar estos delitos como
de arropar a la víctima.
Eso sí, pide más responsabilidad
a los cargos públicos para no protagonizar comentarios racistas amparados por
las instituciones: "Hay una responsabilidad de los cargos políticos de
tener un análisis de la realidad sin hacer discursos contra los inmigrantes,
por ejemplo; está claro que si aumenta el discurso xenófobo o racista, puede
haber un aumento de este tipo de delitos en nuestra comunidad autónoma".
Más sensibilización
Por comunidades autónomas,
Navarra registró la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por
cada 100.000 habitantes (14,14), por delante de País Vasco (12,21) y la ciudad
autónoma de Melilla (10,53). Le siguieron Asturias (6,96), La Rioja (5,27) y
Castilla y León, en el sexto puesto, con 4,83. Por provincias, destaca Palencia
en el cuarto puesto con (11,41), Ávila en el sexto (9,46), Segovia en el noveno
(7,73) y Soria en el duodécimo, con 6,71; León en el décimo sexto (5,14) y
Salamanca, en el décimo octavo (4,89).
Grande-Marlaska vinculó el
aumento a la mayor concienciación y sensibilización social sobre este tipo
delitos, debido en parte a la labor de la Ondod y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. “Esta sensibilización es crucial para combatir la infradenuncia. No
solo la víctima es, en muchos casos, desconocedora de su propia situación, sino
que, lamentablemente, en innumerables ocasiones son también los testigos
quienes la normalizan”, manifestó.
Asimismo, el ministro apeló a la
responsabilidad de la sociedad para erradicar los discursos de odio. “Todos y
todas, a través de nuestras labores diarias, somos responsables de que este
discurso no socave la cohesión social, estigmatizando y deshumanizando a los
que son diferentes”, dijo.
Durante su intervención en la
Comisión de Seguimiento del II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de
Odio 2022-2024, el ministro destacó el elevado cumplimiento de las medidas
establecidas en el plan de acción y alentó a la Ondod a trabajar en el segundo
semestre para impulsar un tercer plan bianual, a partir de 2025, “que continúe
poniendo a España en la vanguardia de la lucha contra los delitos de odio”.
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