Educación recurrirá ante los tribunales el 'pin parental' que quiere imponer Vox en Murcia y lo califica de "ilegal"

La cartera dirigida por Isabel Celáa ha mostrado su rechazo a la medida, que tilda de "censura previa" y "una objeción de conciencia encubierta"

Ha incidido en que este tipo de normativa "vulnera los derechos de los alumnos y alumnas" y excede las competencias que tienen atribuidos los centros educativos

Ahora en Murcia se debate la reforma de la ley, pero ya a principios de curso la Consejería de Educación mandó unas instrucciones a los centros para que los padres autoricen estas actividades, algo a lo que también se dirigirá el recurso

Isabel Celaá antes de su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha anunciado este jueves que va a recurrir por la vía judicial el 'pin parental' que quiere imponer Vox en la Región de Murcia a cambio de las cuentas de 2020. La titular de la cartera, Isabel Celáa, ha calificado la medida, que permite a los padres vetar actividades contrarias a sus creencias morales o éticas en los centros escolares, de "ilegal" y considera que excede las competencias que tienen atribuidos por ley los centros educativos sobre decisiones curriculares.

La imposición del 'pin parental' se está debatiendo actualmente en Murcia y ha desatado una guerra en el Gobierno del PP y Ciudadanos, pero ya a principios de curso se enviaron a todos los centros unas instrucciones que recogen la obligación de que los progenitores autoricen estas actividades. Por eso, la acción de Educación irá dirigida "a cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" en general.

Esta instrucción ha sido denunciada por Comisiones Obreras por ser contraria a una normativa de rango superior, el decreto de currículo, pero lo que se debate ahora sería una modificación de la ley. Algo que, según reconoce la cartera dirigida por Celáa, ha generado "una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa" y es contrario a Ley Orgánica de Educación (LOE) y las propias normas autonómicas de esta región, explica en una nota.

El ministerio indica que el alumnado tiene "la obligación" de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, entre ellas las de diversidad afectivo-sexual, precisamente a las que se dirige la imposición del 'pin parental'. "El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una 'objeción de conciencia encubierta' que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española", señala Educación.

La ministra ha incidido en que este tipo de normativa "vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", además de "contravenir" tratados internacionales ratificados por España como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

Por otro lado, la legislación educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros, quienes "tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar cumplimiento así a lo establecido en los currículos".

¿Qué es el 'pin parental'?

Se trata de una de las propuestas estrella de la formación de extrema derecha desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y de la que sus defensores hablan cada vez que se refieren al tema de la educación afectivo-sexual en las aulas. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios. El objetivo es que los progenitores decidan sobre si sus hijos deben asistir o no y está muy dirigido a las charlas contra la homofobia, bifobia y transfobia.

La realidad detrás de estos contenidos es bien distinta a la que explica la extrema derecha. Están contemplados en las leyes autonómicas aprobadas en varias comunidades autónomas y su objetivo es educar en diversidad. Las materias están adaptadas a cada edad y la temática se trabaja a través de diferentes recursos, actividades, películas, cuentos...

Todos los materiales didácticos desarrollados para este fin inciden en que uno de los objetivos deber ser atender a las necesidades que pueden estar dándose en el aula y prevenir el acoso LGTBIfóbico contra esos niños o niñas. De hecho, según un reciente estudio del Consejo de Europa, el 60% de los estudiantes madrileños aseguran haber presenciado acoso homófobo o tránsfobo en clase.

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Repintan el banco LGTBI de Trobajo del Camino y lo 'convierten' en un anuncio de Vox

El banco pintado el pasado 28 de agosto en conmemoración del Día del Orgullo LGTBI amaneció este pasado sábado repintado por desconocidos con la bandera española y las letras en verde del partido de extrema derecha, según denunció Podemos San Andrés del Rabanedo en Twitter

El banco pintado con el arcoiris de la bandera LGTBI fue vandalizado así

Pintado con la bandera de España y con las letras de Vox en verde. Así amaneció el pasado sábado el banco en homenaje al 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGTBI, según denunció Podemos San Andrés del Rabanedo en su cuenta de Twitter.

"Destrozan el mobiliario urbano, suponiendo un gasto extra, además de la ofensa que pretenden hacer al colectivo LGTBI", comentan en el tuit. "Por sus actos se les debe conocer", critican, aunque se desconoce la identidad del los vándalos que lo han convirtieron en un 'anuncio' del partido político de extrema derecha.

El banco se pintó el pasado 28 de junio, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI (el de las Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales). El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se sumó con la lectura de un manifiesto institucional al final de la sesión plenaria que se celebró el día anterior.

El consistorio también colgó la bandera del arcoíris del balcón municipal y pintó con los mismos colores arcoiris este banco de la plaza del Mercadillo, en el parque de la Era de Trobajo del Camino.

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El juez encausa por delitos de odio y resistencia al joven que increpó a Vox en Valladolid

El auto absuelve a los policías por las lesiones sufridas aquel día por un matrimonio y acusa a la pareja de resistencia

Detención del matrimonio encausado el 23 de marzo. / EL NORTE

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 acaba de cerrar la investigación sobre los altercados registrados el 23 de marzo ante una mesa informativa de Vox instalada en la plaza del Carmen con la acusación formal contra los tres detenidos aquel día al considerar que «existen indicios» de que el más joven, L. M. P. H., cometió un delito de odio al increpar y amenazar a los simpatizantes del partido político y otro de resistencia al enfrentarse luego a los agentes que le arrestaron. Y este último delito atribuye el juez al matrimonio formado por Pedro J. e Isabel G., que también fueron detenidos, en su caso, por «increpar a los agentes por su intervención y resistirse después a su identificación y arresto».

El auto, dictado este viernes, sobresee la causa abierta en paralelo contra los agentes de la Policía Nacional que intervinieron aquel día y que fueron denunciados por el matrimonio por las lesiones sufridas antes de ser esposados. «Sus lesiones no parecen causadas de modo doloso y se enmarcan en el curso de las inmovilizaciones y en los actos propios (de los detenidos) al agarrarse de la mano y tirar para no ser separados, cuando los policías les decían que no lo hicieran, que se iban a hacer daño».

De manera que la investigación judicial, a expensas de los más que probables recursos contra el auto por parte de los tres detenidos, concluye con el joven y el matrimonio encausados. El primero, de entrada, se enfrenta a las penas más graves, de entre uno y cuatro años de cárcel por el delito de odio (fomentar, incitar o promover odio, hostilidad o violencia contra un grupo por motivos referentes a su ideología) y penas de tres meses a un año por el delito de resistencia (por el que está acusado también el matrimonio).

«Fascistas de mierda»

Los hechos tuvieron lugar a las 13:45 horas de aquel sábado de marzo ante una mesa informativa de Vox. El auto judicial recoge que L. M. P. H., el joven detenido, hizo inicialmente «fotos de la mesa, se río de sus componentes e incitó a los transeúnte a hacer lo mismo». Después, siempre según el relato del auto, comenzó increparles a voces: «Fascistas de mierda (...), fuera de este barrio, os voy a matar...». Su ira se dirigió expresamente a uno de los integrantes de Vox, al que «intentó golpear». Y en esas estaban, ya con más gente congregada allí, cuando llegaron las patrullas policiales.

El propio joven, ahora encausado, informó a los agentes de que quería denunciar a los miembros de la mesa y apuntó que era «libre para echar a los políticos facinerosos» de su barrio. Los policías, siempre según el auto, le pidieron la documentación para denunciarle a él por los altercados (una mera sanción administrativa). Y en esas entró en escena el matrimonio para recriminar a los agentes su actuación (y así lo han reconocido ellos mismos). Pedro les dijo: «Vuestra función no está para defender a los de la mesa sino para echarles del barrio». Y su mujer, a continuación, les espetó: «Por qué venís tanta policía para ayudar a esta basura cuando para ir a nuestra casa no tenéis tiempo». El juez considera que el matrimonio impidió con su presencia la intervención inicial con el joven L. M. P. H. y, «al insistir en entorpecer la labor policial», también ellos fueron «requeridos para identificarse». Los tres se negaron e increparon a los agentes, prosigue el auto, antes de ser reducidos, esposados y detenidos. Contra el auto, que cierra la instrucción, aún caben los previsibles recursos.

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