Los delitos de odio crecieron el 10% en cinco años en Castilla y León

Los delitos de odio han crecido el diez por ciento en los últimos cinco años en Castilla y León, donde las provincias de Burgos y Ávila figuran como las que han acaparado más episodios de este tipo, han informado este miércoles fuentes del Consejo de la Abogacía de la Comunidad (CRACYL).

Estos datos, que sitúan Castilla y León en el puesto décimo entre las de mayor incidencia en España en esta clase de delitos, han movido a la Comisión de Igual del CRACYL a poner en marcha formación específica en todas las provincias de la Comunidad.

La finalidad de esta iniciativa consiste en que los letrados reciban formación concreta y gratuita en un tipo de delito que se ha incrementado en España el 36 por ciento desde 2013.

"Los delitos de odio se han convertido en un verdadero problema social la abogacía debe atender las necesidades de los ciudadanos. Estos delitos han adquirido un creciente protagonismo en el debte jurídico, pero también en la sociedad y en la política", según el presidente de CRACYL, Julio Sanz, han precisado dichas fuentes en nota de prensa.

En concreto, el aumento de las denuncias por delitos de ocio en la Comunidad entre 2013, cuando se publicó el primer informe específico sobre esta cuestión por parte del Ministerio del Interior, y 2018, se ha calculado en el diez por ciento, al pasar de 52 a 57 registros en las Comisarías.

La tasa por cada 100.000 habitantes se ha situado en 3,4, un punto por encima de Castilla y León, donde las mayores tasas de incidencia se encuentran en Burgos y Ávila, con el 5,9 y el 4,4 respectivamente.

Según la legislación penal española, los delitos de odio se entienden como los que se cometen por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza, o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia __miedo a los pobres__ y por discapacidad.

En Castilla y León, el mayor número de denuncias recogidas por delitos de odio el pasado año tuvieron que ver con racismo o xenofobia, con veintitrés casos, y por motivos ideológicos, con veinte, lo que suma 43 de las 57 incidencias registradas en la Comunidad en 2018. 

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El racismo y la xenofobia están detrás de cuatro de cada diez delitos de odio en Castilla y León

La cifra de estas infracciones penales se mantiene estable en la Comunidad en los últimos cinco años, frente al incremento nacional del 24,3%

El racismo y la xenofobia están detrás de cuatro de cada diez delitos de odio que se cometen en Castilla y León, porcentaje que a nivel nacional baja al 33%, según pone de manifiesto un estudio elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

En total, en la Comunidad se contabilizaron el pasado año 57 infracciones penales de este tipo, cifra que se mantiene estable desde 2014, año en el que se registraron dos casos menos. A nivel nacional, la evolución en este lustro ha sido totalmente distinta, ya que de los 1.285 delitos de 2014 se ha pasado a 1.598, lo que supone un incremento del 24,3%.

Después del racismo y la xenofobia, que provocaron 23 casos en Castilla y León, la ideología se sitúa como segundo factor desencadenante de este tipo de delitos con 20 casos (35%). A mucha distancia, como tercera causa de unos delitos que afectan directamente a la dignidad de las personas, se encuentra la orientación sexual. En la Comunidad se denunciaron cinco casos por este motivo, mientras que cuatro se produjeron por discriminación por sexo. Por creencias o prácticas religiosas se contabilizó un caso, dos tuvieron como víctimas a personas discapacitadas y otros dos fueron por discriminación por enfermedad.

Gráfico.

Castilla y León se situó en 2018 con una tasa de 2,4 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 3,4. Cataluña (7,9), La Rioja (7,3), País Vasco (5,5), Madrid (3,6) y Asturias (3,3) se sitúan en cabeza, mientras que las tasas más bajas se registran en Navarra, Murcia, Canarias y Extremadura (1,5).

Por provincias, Burgos presenta la tasa más alta con 5,9 casos por cada 100.000 habitantes y también se sitúan por encima de la media Ávila (4,4). Por el contrario, León (0,9) presenta la tasa más baja, por delante de Palencia (1,2), Segovia (1,3), Valladolid (1,5), Zamora (1,7), Soria (2,3) y Salamanca (2,4). En términos absolutos, Burgos también aparece en cabeza con 21 casos, por delante de Valladolid y Salamanca, ambos con 8, Ávila (7), León (4), Zamora (3). En Palencia, Segovia y Soria se registraron dos.

Víctimas

A nivel nacional, la mayoría de las víctimas que sufren delitos de odio son hombres (más del 63%), y con una edad comprendida entre los 26 a 50 años de edad (50,5%). Los menores de edad constituyen el 6,7% del conjunto de las víctimas, una cifra menor a la del año 2017 (10,3%).

La distribución de las víctimas según su nacionalidad, refleja que en primer lugar se encuentran las de nacionalidad española con el 74,6% del total. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las que contabilizan valores más elevados son las procedentes de Marruecos, Colombia y Senegal.

Las amenazas, injurias y discriminación se computan como los hechos delictivos que más se repiten. Internet (45,2%) y las redes sociales (25,9%) son los medios más empleados para la comisión de estos hechos. A continuación, aunque a mayor distancia, se emplean otras vías de comunicación como la telefonía (13,3%) y los medios de comunicación social (4,8%).

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Los ataques políticos y racistas elevan los delitos de odio

Las asociaciones alertan que la polarización política a nivel nacional y los mensajes de incitación al odio hacía algunos colectivos están pasando factura a nivel social.

«Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera». El filósofo francés Jean Paul Sartre ya alertaba hace medio siglo de los peligros que el odio hacia el distinto podía desencadenar en la sociedad. Desde insultar a inmigrantes por el mero hecho de ser diferentes, hasta los ataques por creencias religiosas, las disputas por motivos ideológicos o el acoso al colectivo homosexual son algunas de las cartas de presentación de este tipo de incidentes. Y es que, según el Ministerio de Justicia, precisamente eso es un delito de odio, cualquier infracción contra personas o propiedades basado en una característica común de sus miembros,  como su raza, el origen étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la  edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.

Una realidad a la que Castilla y León no es ajena, y que provocó más de 60 delitos de odio durante 2017 -último año con cifras oficiales del Ministerio de Justicia-, lo que supone un repunte del 25 por ciento respecto al año anterior y que pone en sobre aviso de los peligros de una lacra que amenaza con extenderse por la Comunidad. En concreto, fueron los incidentes ideológicos y racistas los que más crecieron y acapararon casi el 80 por ciento de estos sucesos. De esta forma, los delitos por ideología se duplicaron en 2017, pasando de 12 a 25, mientras que los de tintes racistas o xenófobos hicieron lo propio un 50 por ciento, al pasar de 14 a 23. Muy por detrás aparecen los delitos por orientación sexual, con siete casos (tres más que el año anterior), y los motivados por las creencias religiosas, con seis (cuatro más).

Más allá de los números de los delitos, lo realmente importante son las víctimas que están detrás de estos y cuya cifra en 2017 ascendió hasta las 47 personas, dos más que el año anterior, con especial incidencia en los incidentes ideológicos, que se saldaron con 20 víctimas, y los racistas, con diecisiete. Llama la atención, que una de cada tres eran menores de 25 años, mientras que Valladolid (15), Salamanca (13) y Burgos (12) acapararon casi el 90 por ciento de las víctimas de delitos de odio en Castilla y León.

Polarización de la sociedad

Unos datos que ven con preocupación desde la asociación Movimiento contra la Intolerancia, cuya coordinadora regional, Olga Hurtado, asegura que solo son «la punta del iceberg». «Hay mucha gente que sufre estos delitos pero no se atreve a denunciar, bien porque no tiene recursos, o porque no cree en la justicia», lamenta. Hurtado asegura que, según las cifras que manejan desde su organización, Castilla y León es la quinta comunidad que más incidentes de este tipo registró en 2018. «Estamos viendo un aumento de la situación por el odio ideológico», asegura, y alerta que la polarización política que se está viviendo a nivel nacional, con dos bloques tan definidos y cerrados, o la crispación de la situación en Cataluña, «están creando un caldo de cultivo muy peligroso para estos delitos». «No favorece nada y es muy peligroso que haya partidos que generen más odio hacia otros colectivos», apunta en referencia a Vox y sus mensajes antiinmigración, ya que, según Hurtado, «estos mensajes calan en la gente y pueden terminar en agresiones de odio». La coordinadora regional de la asociación insiste en la necesidad de «sensibilizar» más a la sociedad, y en especial a los más jóvenes, para que eviten el «odio que se disemina por redes sociales».

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