Cuatro personas asaltan una vivienda por una bandera republicana en el balcón

Los agresores entraron en la casa, donde había cinco personas, y agredieron a dos de los moradores

Javier Cuesta, agredido por tener una bandera republicana en el balcón de su casa de Granada, ha añadido una española tras el incidente.FERMIN RODRIGUEZ

El 16 de mayo, tras la muerte de Julio Anguita, Javier Cuesta decidió homenajearlo colgando en su balcón una bandera republicana. Ahí seguía una semana después cuando tras concluir la manifestación diaria de la ultraderecha en el centro de Granada un joven decidió orinarse en la puerta, justo debajo del balcón y la bandera. El sobrino de Javier, de 23 años, se percató del hombre que orinaba y le dijo que se fuera. Comenzó entonces una trifulca que acabó con Javier Cuesta y su sobrino en el hospital con hematomas y roturas varias y con una denuncia contra cuatro asaltantes por un posible delito de odio y agresión.

En la vivienda de Javier Cuesta, de dos plantas, residen estos días cinco personas. El propio Javier, de 40 años, sus padres, de 80, un sobrino de 23 y la madre de este, hermana de Javier. El sábado, Javier y su sobrino habían terminado de organizar una habitación cuando el primero se fue a duchar y su sobrino –alguien a quien “no le gusta precisamente la bandera republicana” según cuenta su tío– se entretenía en el balcón. Ahí fue cuando vio al hombre orinando. Le reconvino y bajó a la calle a decirle que se fuera. Comenzó una pelea que el joven dio por concluida al ver que a su contrincante se unían tres personas más que paseaban con él y que estaban unos metros más allá. El sobrino, con miedo, se metió en la casa y cerró la puerta.

Javier, músico y trabajador en el sector de la maquinaria de hostelería, estaba a punto de ducharse cuando oyó los gritos de su padre y de su hermana, que estaban en la planta baja, la de la entrada a la vivienda. Los cuatro intrusos y agresores –“de alrededor de treinta años, vaqueros, polo blanco y uno de ellos con un reloj Lotus que perdió en la trifulca”, narra Cuesta– habían pegado una patada en la puerta y buscaban al sobrino, que se había refugiado en su habitación. Mientras unos echaban la puerta abajo del dormitorio, otros se habían metido en el salón. Allí se encontraron con los padres de Javier, uno de ellos con principio de Alzheimer, que no entendía lo qué estaba pasando. Nadie lo entendía, realmente.

El ruido hizo que Javier bajara corriendo –“pensé que nos estaban robando”, dice Cuesta– y tres de ellos ya estaban camino de la calle. Se topó con el cuarto justo a la bajada de las escaleras. Allí le espetó: “¿Qué hacéis, qué queréis?”. Se enzarzaron en una pelea que pasó de la entrada de la casa a la calle. Allí se unieron los otros tres asaltantes. “Se liaron a puñetazos y patadas conmigo. Un golpe en el estómago me tiró al suelo. Ahí siguieron dándome patadas. Pensé que me moría, que no iba a volver a ver a mis hijos ni a mis padres”, relata Cuesta. “Sinceramente, creo que he resucitado porque creía que me mataban. Si no salen mis padres a ver qué pasa y con el ruido salen los vecinos, no sé qué hubiera sido de mí”.

Javier nunca consiguió que le respondieran a la razón del asalto. Fue su sobrino el que le recordó la bandera. “¿Por qué si no en nuestra puerta, con lo vacía y larga que es la calle? Es la única que tiene algo diferente”, dice Cuesta que le dijo el sobrino. Tras la agresión, los amigos le recomendaron que fuera al hospital. Allí estuvo hasta pasadas las cuatro de la madrugada. Necesitaba que lo curaran y que le dieran un parte de lesiones. Y ahí consta: Politraumatismo y luxación del meñique derecho. A ello suma varias puertas rotas en su casa.

El lunes, Javier Cuesta tuvo de volver a un centro de salud porque le aparecieron nuevos moratones y necesitaba un nuevo parte de lesiones. Con ello, el lunes por la tarde presentó una denuncia en el juzgado de guardia por un presunto delito de odio y agresión contra los asaltantes, que no han sido detenidos aún porque en la mañana del martes aún no había llegado la denuncia a la policía y no había comenzado, por tanto, ninguna investigación. Fuentes de la fiscalía, no obstante, explican a este periódico que, a partir del relato del denunciante, no hay un nexo directo entre la bandera y la agresión, por lo que, explican, “parece inicialmente un incidente de seguridad ciudadana absolutamente lamentable que será investigado bajo la supervisión del servicio de delitos de odio por si aparece dicho motivo de actuación”.

El martes por la mañana, la bandera republicana de Javier Cuesta sigue en el balcón. Le acompaña ahora una bandera española porque, como dice el agredido medio en broma, “si juega España contra Rusia, yo voy con España porque soy español”.

Fuente y más información aquí

Los incidentes de odio en Cataluña se multiplicaron por cinco tras la sentencia del ‘procés’, según el Observatorio de la Violencia Política

ASÍ SE DESPRENDE DEL INFORME ELABORADO POR IMPULSO CIUDADANO Y MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

Agresión en Tarragona de un independista a una mujer que llevaba una bandera de España, ocurrida durante una de las protestas de separatistas por la sentencia del 'procés'.

Tras la sentencia del ‘procés’, los incidentes de odio y las acciones violentas en Cataluña ascendieron a un millar, lo que multiplica por cinco la cifra detectada en el primer semestre, según ha informado el ‘Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña’.

Esta entidad, creada por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, presididas por José Domingo y Esteban Ibarra, respectivamente, ha presentado recientemente su informe del segundo semestre de 2019.

El Observatorio ha constatado un enorme incremento de los incidentes relacionados con el nacionalismo agresivo.

Según explica, “los episodios de microviolencia han seguido siendo numerosos, como en el primer semestre, pero lo más preocupante es la aparición de fenómenos organizados de guerrilla urbana, especialmente intensos durante la “Semana extrema”, del 14 al 20 de octubre, que han generado situaciones de gran peligro y que han sido la causa de cientos de heridos y muchos daños en propiedades públicas y privadas”.

El Observatorio Cívico de la Violencia Política ha contabilizado “977 incidentes de violencia política y odio ideológico” en el último semestre de 2019, cinco veces más que en el primero, “en el que fueron 187”.

Indica que el 96,22% de los incidentes han sido “provocados por partidarios de la independencia de Cataluña”, lo que representa un ligero incremento respecto al semestre anterior, en el que fueron el 91,53%”.

Los sucesos ocasionados por contrarios a la independencia suponen un 2,05%, mientras que el resto, un 1,73% son incidentes de autoría indeterminada, “recíproca (frecuentemente rifirrafes entre conductores atrapados por cortes de carretera y nacionalistas que invaden la vía) o no relacionada con la independencia”.

Según este informe, los grupos o personas contrarias a la secesión han sufrido el 28,97% de la violencia (283 incidentes), frente al 4,10% (40 sucesos) dirigidos contra los secesionistas.

Apunta que “la mitad de estas últimas agresiones (20) han sido provocadas por sectores muy radicalizados del mismo bloque ideológico independentista”.

El Observatorio destaca que un porcentaje altísimo de incidentes (el 65%, que suman 645 casos), han sido dirigidos contra “personas indeterminadas que han visto restringidos sus derechos fundamentales (libertad de tránsito viario, acceso a los puestos de trabajo o a la universidad)” como consecuencia de los actos convocados por independentistas que “han desencadenado numerosos desórdenes públicos”.

PARTIDOS POLÍTICOS

En relación con los partidos políticos, señala que el más afectado por la violencia, en sus sedes, dirigentes o militantes, mediante escraches, agresiones, pintadas, lanzamiento de excrementos, deslucimientos o daños, ha sido el Partido Socialista de Cataluña (PSC), con 33 incidentes, que representan el 33% del total de agresiones a partidos.

Indica que los ataques a las sedes del PSC en Terrassa y Esparraguera se han llevado a cabo con los militantes dentro de las instalaciones.

Por su parte, Ciudadanos ha sufrido el mayor número de agresiones físicas a sus militantes, con 25 incidentes, el 25% del cómputo.

El Partido Popular y Esquerra Republicana de Cataluña han sido atacados en 13 ocasiones, con la peculiaridad de que en el caso de ERC doce de ellos fueron realizadas por otros partidarios de la secesión que “afeaban a esta formación su pusilanimidad en la lucha por la independencia”.

El PdCat-JxCat también ha sufrido 7 ataques de otros grupos secesionistas.

Vox ha sido atacado en 5 ocasiones y En Comú Podem (ECP) y la CUP dos veces cada uno.

También destaca que los partidos constitucionalistas han sufrido 78 ataques y los independentistas, 22.

Explica que las agresiones en el 95% de los casos las han realizado individuos de la órbita secesionista; en el 4%, antisecesionistas, y en el 1% la autoría es indeterminada.

El Observario Cívico de la Violencia Política resalta que los grupos constitucionalistas suelen ser calificados recurrentemente por sus agresores como “fascistas” y que sus instalaciones son pintadas con la cruz gamada.

El Observatorio también ha detectado 15 ataques a sedes o personas vinculadas a entidades sociales, 10 del ámbito constitucionalista, 3 del independentista y 2 del deportivo (atribuibles al sector separatista).

Según explica, la asociación de jóvenes constitucionalista ‘S’ha Acabat’ ha sido las más afectada, al igual que en el primer semestre, con 4 ataques, los mismos que ‘Societat Civil Catalana’.

En cuanto a los ataques a las instituciones (sus instalaciones, autoridades y funcionarios), informa que han pasado de 79 a 204 casos en el segundo semestre.

Los más afectados han sido las fuerzas policiales, con 72 incidentes.

Informa que muchos sucesos son “de extraordinaria gravedad”, como demuestra que durante los disturbios se han producido, entre otros, intentos de derribo de un helicóptero policial con cohetes pirotécnicos; lanzamientos de artefactos incendiarios, objetos punzantes, pirotécnicos y contundentes y de ácido a los agentes; utilización de sierras eléctricas para cortar señales de tráfico; colocación de trampas en las barricadas; intento de asalto de instalaciones públicas (comisarías, casas-cuarteles, subdelegaciones del Gobierno, incendio de una Delegación de Hacienda); quema de numerosos contenedores y elementos del mobiliario urbano y privado; “intento de linchamiento a agentes” que quedaron aislados en los tumultos; ocupación del aeropuerto de El Prat con cientos de pasajeros y empleados atrapados; intento de acceder a las pistas de la terminal 1; y actos de pillaje en establecimientos comerciales y de vandalismo en instalaciones del metro.

“Algunos hechos denotan una extraordinaria deshumanización en relación con las personas afectadas, como la profanación de tumbas de siete soldados y guardias civiles en el cementerio de Sant Andreu (Barcelona) o las mofas a un paracaidista militar accidentado”, manifiesta.

También expone que el Rey (con 19 incidentes) “ha sido objeto especial de la ira del independentismo, con “numerosos actos de escarnio de su figura, como la quema de su fotografía, ahorcamiento de su efigie, colocación de guillotinas con una corona, etc.

Asimismo, recuerda el boicot que se produjo a la entrega de los premios Princesa de Gerona en el Palacio de Congresos de Barcelona, con “agresiones y acoso a los asistentes y cortes de vías públicas para impedir el acceso”.

LOS PERIODISTAS, OBJETO DE ATAQUES A MANOS DE GRUPOS SECESIONISTAS

Este informe también arroja que los periodistas constituyen “uno de los colectivos que más ha sufrido actos de acoso, golpes, insultos, escupitajos, lanzamientos de latas, botellas, etc. en los actos convocados por las entidades separatistas (25 casos).

Otros dos casos son de autoría indeterminada.

Además, informa que los grupos independentistas han realizado campañas llamando al boicot comercial de grandes empresas, como Zara, Telefónica, La Caixa, han ocupado sucursales bancarias, y han elaborado listas negras de los hoteles en los que se hospedaban policías nacionales y guardias civiles.

“Especial objeto de inquina ha padecido la empresa de panadería de Josep Bou, concejal del PP en Barcelona. Se ha pasado de 4 incidentes en el primer semestre a 36 en el segundo”, detalla.

‘HISPANOFOBIA’

El Observatorio también ha detectado 36 casos de hispanofobia.

Destaca, por ejemplo, las propuestas de sanción a los alumnos de una clase porque algunos de ellos hablaban en castellano; la prohibición a los ‘mossos’ de emplear el castellano, salvo en conversaciones privadas; las quemas de la bandera constitucional y las agresiones a personas que la llevaban; el “acoso” en un centro de salud a una doctora que utilizó el castellano con una paciente; el “trato vejatorio” a una menor que llevaba simbología española por parte de una monitora escolar; y la “utilización de niños en la divulgación de vídeos con mensajes hispanófobos”.

9 DETENIDOS EN RELACIÓN A LA FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS

El informe también señala que en el segundo semestre de 2019 fueron detenidos 9 individuos adscritos al ámbito secesionista acusados de fabricar explosivos y planear tomar el Parlamento autonómico.

El Observatorio ha detectado cinco supuestos de enaltecimiento del terrorismo, con gritos a favor del asesinato de policías, apelaciones directas al uso de la violencia, y distribución de manuales para realizar actos violentos.

De todos los hechos expuestos en el informe, “las áreas más castigadas por la violencia política han sido la ciudad de Barcelona (333 actos que representan el 34,09% del total; el área metropolitana de Barcelona (141 actos, que alcanzan el 14,43%), y la provincia de Gerona (109 actos, que suman el 11,16%)”.

El Observatorio Cívico de la Violencia Política, concluye que la violencia descrita “no es una mera reacción esporádica, sino la exteriorización de una violencia latente durante décadas, alimentada por un discurso de odio ideológico que demoniza las instituciones judiciales y los símbolos comunes españoles y que desprecia las reglas del juego democrático”.

Señala que este discurso, “alentado desde las instituciones gobernadas por las formaciones independentistas, inculca “frustración, resentimiento y fobia a lo español y tiene el riesgo de una pradera seca en la que puede prender cualquier pequeña chispa”.

Además, manifiesta que “la práctica de ese discurso conlleva la vulneración de los derechos fundamentales de miles de personas que se ven secuestradas por los intentos de amedrentamiento que ejecutan grupos alimentados de fanatismo excluyente”.

Para impedir el progreso de la violencia, el Observatorio manifiesta que es “esencial que las instituciones eduquen en valores democráticos, respeten la diferencia, defiendan el Estado de Derecho, sean ejemplares en el ejercicio de la solidaridad, defiendan la igualdad en derechos y obligaciones sin distingos étnicos, lingüísticos y económicos, y trabajen por la convivencia y por una sociedad correctamente informada que denuncie los discursos de odio”.

Pinchando aquí puede descargarse el informe completo.

Movimiento contra la Intolerancia pone en conocimiento de la Fiscalía de delitos odio el “tuit” de Ponsatí

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia considera que el "tuit" de Clara Ponsatí encaja en un delito de odio del 510.2 del Código Penal.

El mensaje que publicó ayer en su cuenta de Twitter la prófuga independentista y eurodiputada, Clara Ponsatí, y que retuiteó el también huido de la justicia, el expresidente del gobierno autonómico catalán, Carles Puigdemont, puede tener consecuencias legales.

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia (MCI), ha declarado a Confilegal que lo ha puesto “en conocimiento de la Fiscalía de delitos de odio del Tribunal Supremo para que actúe”.

En este caso sería competente el Alto Tribunal ya que Ponsatí es eurodiputada y tiene, por lo tanto, aforamiento.

“Consideramos que el tuit de esa señora, ‘De Madrid al Cielo’, publicado en un momento en el que, en la capital de España, ya habían muerto 281 personas por el coronavirus, encaja a la perfección en el artículo 510.2 del Código Penal. Porque lesiona la dignidad de los madrileños por razón ideológica en un contexto de extraordinaria gravedad. La Comunidad de Madrid está muy conmocionada”, añade Ibarra.

Desde su punto de vista, lo que ha hecho Ponsatí “es estigmatizar a los madrileños, reírse de ellos y, a su vez, burlarse de nuestro drama, que son los muertos, y mostrar un gran gesto de insolidaridad con al ciudadanía de Madrid. Lo estamos pasando muy mal“.

Sobre Puigdemont, Ibarra considera que “retuitear ese mensaje no tiene nombre. Y de nada sirvió que luego borraran el ‘tuit’. Se han retratado como seres humanos. Han mostrado su catadura moral a las claras”.

Fuente y más información aquí

Carta abierta a Ponsati y Puigdemont sobre la muerte y el dolor de la gente que asciende “De Madrid al Cielo”

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, autor de esta carta abierta dirigida a Clara Ponsatí y Carles Puigdemont.

Señora Ponsatí, y también usted, señor Puigdemont, a estas alturas ya sabrán que la asociación que represento –Movimiento contra la Intolerancia– les ha puesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la presunta comisión de un delito de discurso de odio.

¿Por qué? Por su deleznable “tuit” del domingo.

Ese que usted publicó, señora Ponsatí, y que usted, señor Puigdemont, después retuiteó.

Presuponemos que sus palabras se sitúan en el tipo penal que sanciona a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad…”.

Movimiento contra la Intolerancia pone en conocimiento de la Fiscalía de delitos odio el "tuit" de Ponsatí

El líder de Movimiento contra la Intolerancia considera que el "tuit" de Ponsatí encaja en un delito de odio del 510.2 del Código Penal.

USTEDES DOS SE HAN BURLADO DE MUERTE DE CIENTOS DE PERSONAS 

Burlarse por la muerte de cientos de personas, la tragedia de miles y la conmoción general, nos indigna y nos asquea a todos. Ustedes dos lo han hecho.

Se han retratado de una forma personal muy clara.

Fueron muchas las gentes que se lo reprocharon. Una auténtica avalancha. Y el asco nos alcanzó a la totalidad de las “gentes de bien”.

Usted, señora Ponsatí, tardó en disculparse.

Y fue después de conocer nuestra denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Lo publicó este diario digital jurídico, Confilegal, a las 11 de la mañana.

Pero usted no se pronunció hasta casi las 2 de la tarde. A través de su cuenta de Twitter.

La misma vía por la que se había pronunciado un día antes y que se dio prisa en borrar cuando vio que todo el mundo, literalmente, se le echó encima.

Sus disculpas, señora Ponsatí, son insuficientes.

Y su silencio, señor Puigdemont, habla por sí mismo.

No vale con intentar parapetarse en un hilo donde empieza asegurando que tiene tres hermanas viviendo en Madrid y que su voluntad era hacer “una crítica sarcástica e indignada a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”.

Nadie la cree, señora Ponastí. Nadie.

Se suele decir que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Usted será esclava de estas palabras hasta el final de sus días.

Todo el mundo la recordará por eso.

Clara Ponsatí interviniendo en un mitin.

RESPETO A LA DIGNIDAD DE TODOS LOS SERES HUMANOS

Para nosotros, desde Movimiento contra la Intolerancia, el respeto por la igual dignidad de todos los seres humanos constituye el fundamento de la sociedad democrática.

El desprecio a todo un pueblo, el desprecio que usted ha expresado en cuatro palabras –”De Madrid al Cielo”, cuando en Madrid habían fallecido casi doscientas personas por el coronavirus– es incompatible con el respeto a la dignidad humana.

Por lo que puede considerarse necesario “sancionar o incluso impedir todas las formas  de expresión que difundan, incitan, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia”, como así lo afirman Tribunales como el Constitucional español y el europeo de Derechos Humanos.

Señora Ponsatí, usted  ha querido excusarse ante “la gente de buena fe, que se ha sentido herida” y responder “a las interpretaciones interesadas” de su tuit.

Su compañero, Puigdemont, ni siquiera lo ha hecho.

Sinceramente, no entendemos eso de la “gente de buena fe”.

Y más en un contexto donde su ironía “sarcástica” radica en que esas gentes que sufren hoy muerte y dolor a las que usted se refiere en cuanto a su ascenso “De Madrid al Cielo”, son precisamente esas gentes de buena fe a las que usted se refiere. 

Usted y el señor Puigdemont pueden criticar lo que quieran la gestión política.

Vivimos en libertad.

Pero con este “tuit” han cruzado todas las líneas rojas existentes.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO AMPARA LA IMPUNIDAD DE LA AGRESIÓN 

Ponsati, téngalo usted claro, muy claro –y usted también, Puigdemont– : la libertad de expresión no ampara la impunidad de agresión.

La densa carga de hostilidad ubicada en esas cuatro palabras que humilla, por la vía de la vejación irónica, como mandan los cánones de los mejores aparatos de propaganda, no tiene excusa.

Y se debe sancionar. Lo creemos firmemente. No les puede salir gratis.

Sus disculpas han sonado a falsas y forzadas. A nuestro juicio, redundan en su negativa visión de la sociedad madrileña.

Disculpas que no fueron acompañadas por usted, Puigdemont, su antiguo jefe, compañero de fuga y tuiteo.

Le recuerdo, señora Ponsatí, que la Jurisprudencia constitucional ha destacado tanto el carácter preeminente que tiene el derecho a la libertad de expresión en los sistemas democráticos, como su carácter limitado cuando entra en conflicto con otros derechos o intereses constitucionales: “Como sucede, por ejemplo, con aquellas expresiones que son manifestación del discurso de odio”.

Porque, desde nuestro punto de vista, eso es lo que usted hizo.

Fuente y más información aquí

La Audiencia carga contra los ultras de Hazte Oír: “Incumple el deber de promover el interés general”

El órgano confirma la medida de Interior de retirar al grupo la condición de asociación de utilidad pública.

El autobús tránsfobo de Hazte Oír, en una imagen de 2017.KIKE PARA

La Audiencia Nacional ha infligido un duro varapalo a Hazte Oír, la organización ultracatólica que puso en marcha en 2017 una campaña tránsfoba y fletó varios autobuses con mensajes como “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen”. A través de una sentencia fechada el pasado 19 de febrero, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirman la decisión del Ministerio del Interior de retirar a este grupo la condición de asociación de “utilidad pública”. Entre otros motivos porque “incumplieron el deber de promover el interés general”, según reza el fallo.

La resolución confirma la medida del Gobierno de Pedro Sánchez, que retiró en 2019 este beneficio al colectivo. El Ejecutivo la adoptó con dos argumentos. El primero, de carácter más secundario, fue que Hazte Oír incumplió el plazo para presentar sus cuentas anuales de 2017. El segundo y verdadero motivo “esencial”, como reconoce Interior, fue que la asociación “no contribuyó con sus actuaciones a promover el interés general”. “La campaña realizada a través de un autobús puesto en circulación por las calles de Madrid resulta contrario a la ley” que otorga la condición de “utilidad pública”, añadió la Abogacía del Estado.

Una tesis que respalda la Audiencia Nacional en su sentencia, cuya ponencia ha corrido a cargo del juez Jesús García Paredes. Los magistrados subrayan, en primer lugar, que la campaña de Hazte Oír “obvió” el factor de la orientación sexual: “Que puede coincidir o no con la correspondiente categoría biológica”. “Es un hecho inconcuso la incidencia en la personalidad de quien, psicológicamente, siente una determinada orientación sexual”, apostilla entonces la Sala, que recuerda que, por tanto, existe una batería de leyes que tratan de dar una respuesta social y concienciar. Y, en este contexto, el grupo ultra “incumplió” el deber de promover la “tolerancia”.

Pero los magistrados van aún más allá: “Es incompatible la realización de estas actividades [como la campaña de los autobuses] con el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas a una asociación que identifica la promoción del interés general con la de su ideario”. Y remacha: “La asociación, que se ha beneficiado de dicho reconocimiento jurídico, se aleja de la participación en actividades de interés general, al sustituir la promoción del interés general por la promoción de su interés particular, enervando el fomento de la tolerancia a la hora de afrontar la problemática que deriva de la identidad de género”.

Tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional, el colectivo ha cargado contra los magistrados: “Quienes disienten de la corrección política y de los dogmas ideológicos impuestos por la izquierda radical ya saben lo que les espera a partir de ahora con este fallo”, ha asegurado su presidente, Ignacio Arsuaga. “La retirada de la condición de utilidad pública es un claro ejemplo de persecución ideológica contra quienes nos negamos a aceptar graves ataques contra los niños y los padres”, ha añadido, antes de acusar a los jueces de “plegarse” y “minar varios derechos fundamentales”.

El Gobierno ya argumentó, en cambio, que la retirada de este beneficio no supone “cuestionar el derecho de Hazte Oír a ejercer su libertad ideológica y difundir sus ideas en materia educativa”. “Sin embargo, quien ejerce estos derechos fundamentales y libertades públicas es responsable de las consecuencias jurídicas que puedan derivarse del modo en que lo haga”, expuso el Ejecutivo.

Mensajes para “negar la dignidad”

Hazte Oír logró en 2017 que, después de que un juez prohibiese circular a su bus tránsfobo, la Audiencia Provincial le levantase el veto. “Los mensajes son dudosamente delictivos”, apuntó el tribunal entonces, que aun así admitió que pueden considerarse “desagradables y agresivos”. El juez anterior fue, en cambio, más allá: “Hazte Oír no se limita a exponer el ideario que pueda tener. Si no que, extralimitándose de dicho ideario, parece dirigirse a las personas con una orientación distinta, negándosela y lesionando de esta manera su dignidad”, escribió en un auto.

Fuente y más información aquí

Educación recurrirá ante los tribunales el 'pin parental' que quiere imponer Vox en Murcia y lo califica de "ilegal"

La cartera dirigida por Isabel Celáa ha mostrado su rechazo a la medida, que tilda de "censura previa" y "una objeción de conciencia encubierta"

Ha incidido en que este tipo de normativa "vulnera los derechos de los alumnos y alumnas" y excede las competencias que tienen atribuidos los centros educativos

Ahora en Murcia se debate la reforma de la ley, pero ya a principios de curso la Consejería de Educación mandó unas instrucciones a los centros para que los padres autoricen estas actividades, algo a lo que también se dirigirá el recurso

Isabel Celaá antes de su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha anunciado este jueves que va a recurrir por la vía judicial el 'pin parental' que quiere imponer Vox en la Región de Murcia a cambio de las cuentas de 2020. La titular de la cartera, Isabel Celáa, ha calificado la medida, que permite a los padres vetar actividades contrarias a sus creencias morales o éticas en los centros escolares, de "ilegal" y considera que excede las competencias que tienen atribuidos por ley los centros educativos sobre decisiones curriculares.

La imposición del 'pin parental' se está debatiendo actualmente en Murcia y ha desatado una guerra en el Gobierno del PP y Ciudadanos, pero ya a principios de curso se enviaron a todos los centros unas instrucciones que recogen la obligación de que los progenitores autoricen estas actividades. Por eso, la acción de Educación irá dirigida "a cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" en general.

Esta instrucción ha sido denunciada por Comisiones Obreras por ser contraria a una normativa de rango superior, el decreto de currículo, pero lo que se debate ahora sería una modificación de la ley. Algo que, según reconoce la cartera dirigida por Celáa, ha generado "una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa" y es contrario a Ley Orgánica de Educación (LOE) y las propias normas autonómicas de esta región, explica en una nota.

El ministerio indica que el alumnado tiene "la obligación" de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, entre ellas las de diversidad afectivo-sexual, precisamente a las que se dirige la imposición del 'pin parental'. "El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una 'objeción de conciencia encubierta' que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española", señala Educación.

La ministra ha incidido en que este tipo de normativa "vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", además de "contravenir" tratados internacionales ratificados por España como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

Por otro lado, la legislación educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros, quienes "tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar cumplimiento así a lo establecido en los currículos".

¿Qué es el 'pin parental'?

Se trata de una de las propuestas estrella de la formación de extrema derecha desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y de la que sus defensores hablan cada vez que se refieren al tema de la educación afectivo-sexual en las aulas. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios. El objetivo es que los progenitores decidan sobre si sus hijos deben asistir o no y está muy dirigido a las charlas contra la homofobia, bifobia y transfobia.

La realidad detrás de estos contenidos es bien distinta a la que explica la extrema derecha. Están contemplados en las leyes autonómicas aprobadas en varias comunidades autónomas y su objetivo es educar en diversidad. Las materias están adaptadas a cada edad y la temática se trabaja a través de diferentes recursos, actividades, películas, cuentos...

Todos los materiales didácticos desarrollados para este fin inciden en que uno de los objetivos deber ser atender a las necesidades que pueden estar dándose en el aula y prevenir el acoso LGTBIfóbico contra esos niños o niñas. De hecho, según un reciente estudio del Consejo de Europa, el 60% de los estudiantes madrileños aseguran haber presenciado acoso homófobo o tránsfobo en clase.

Fuente y más información aquí

La polarización política azuza los delitos de odio en el último lustro

Estos se cometen, de forma especial, desde los movimientos de ultraizquierda, ultraderecha y nacionalistas de ambos cortes.

Rodrigo Lanza, condenado por el crimen de los tirantes, asesinó a Víctor Laínez motivado por el odio.

Guillermo Mestre

"El delito de odio es el desprecio a la dignidad de una persona, la intolerancia al diferente, sin importar quién es agresor o si la víctima pertenece o no a una minoría o a un colectivo concreto. Es, jurídicamente, un ataque a las libertades y derechos fundamentales". Así define Esteban Ibarra, presidente de la oenegé Movimiento contra la Intolerancia, un tipo de crimen que, en los últimos años, crece de la mano de la polarización política que se extiende por el país.

Ibarra, que lleva desde la década de los 80 tratando de poner coto a las agresiones motivadas por el odio, indica que las relacionadas con el pensamiento político "han crecido un 75% en toda España, de forma muy marcada en Cataluña" en apenas un lustro, "incluso antes de la irrupción institucional de Vox, formación a la que se señala como desencadenante en lugar de lo que es, consecuencia". El portavoz de la asociación pone el foco en "la inoculación de peligrosos discursos de intolerancia en las redes sociales", donde se cuecen en buena medida los argumentarios más peligrosos.Aragón no es ajeno a la corriente y desde 2015 viene registrando una decena de delitos de odio cada año con la ideología como motivo desencadenante, según los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior. El caso más mediático en toda España, de hecho, ocurrió en Zaragoza a finales de 2017, cuando Rodrigo Lanza asesinó a Víctor Laínez por vestir unos tirantes con la bandera de España, un homicidio que el juez entendió que estuvo motivado por una intransigencia ideológica.

Si bien la perspectiva tradicional dejaba la intolerancia en manos de los grupos de corte neonazi que aplicaban la violencia movidos por la xenofobia o la homofobia, Ibarra anima a leer "la espiral de intolerancia ambiental actual como una polarización tridimensional, en la que existe la ultraderecha, la ultraizquierda y los ultranacionalistas de ambos cortes".

Uno de los grandes focos de la polarización y desencadenante del momento político ha sido el 'procés' catalán. "El momento clave fue el 1 de octubre de 2017, pero en Cataluña hay un recorrido de radicalización anterior", matiza el experto, quien añade que “esto ha apuntalado el nacionalismo contrario y ha favorecido el auge de una fuerza como Vox, que consideramos de extrema derecha pero no ultras, ya que sí están radicalizados dialécticamente pero no emplean la violencia”.

Otro caso reciente que se está investigando en la capital aragonesa es la agresión de cuatro encapuchados del ámbito de la ultraizquierda a un motero que salía de un concierto en una conocida sala en la calle Mayor y que perdió uno de los ojos tras recibir un botellazo por llevar una pequeña bandera de España en el chaleco. La Policía los acusa de un delito de odio.

Todos pueden ser víctimas

Una de las ideas en las que incide la oenegé es “la universalidad del delito de odio, del que todo el mundo puede ser víctima y agresor”. Ibarra ha tratado crímenes con todo tipo de motivación: “Hemos visto casos como las agresiones contra las chicas que recogían firmas para poder poner una pantalla para seguir a la selección española en Barcelona, pero hemos visto situaciones de odio contra personas por el mero hecho de no tener hogar, por llevar gafas, por expresarse en castellano o por, como dijo el agresor, ‘hablar en sudaca’. La edad es otro agravante muy recurrente”. Y entre quienes los cometen tampoco hay distinciones especiales.

Desde Movimiento contra la intolerancia piden un esfuerzo decidido por parte del poder legislativo: "Consideramos imperativo el desarrollo de una ley integral contra los delitos de odio, tomando como ejemplo más inmediato la que combate la violencia de género, de modo que se aborde el problema desde una perspectiva amplia, que se tenga en cuenta todo el proceso con un enfoque universal".

Fuente y más información aquí

La guerrilla urbana en Barcelona recomienda lanzar a la policía cócteles para derretir su traje

Según fuentes de la lucha antiterrorista, los jóvenes violentos que han protagonizado los últimos incidentes utilizan el conocido manual ‘Black Bloc’ que usan los anarquistas violentos en Europa

Los jóvenes violentos que durante los tres últimos días han protagonizado los altercados callejeros en Barcelona utilizan un manual conocido por la policía europea que se llama Black Bloc y que usan los anarquistas violentos que actúan en Europa en citas de carácter internacional. Según fuentes de la lucha antiterrorista este programa que ha sido adaptado a las circunstancias concretas del conflicto catalán está siendo distribuido entre los violentos que llevan tres noches actuando en diferentes puntos de Cataluña.

El objetivo fundamental es enfrentarse y repeler los ataques de la Policía Nacional y de los Mossos y para eso se centran en la figura de los UIPS, los agentes de las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional y de los GRS, los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. Instruyen sobre su equipamiento, su forma de organización, las diferentes formaciones policiales que utilizan como «la formación en guardia doble para capturar líderes y evacuar heridos o desmontar barricadas» y el material con el que hacen las cargas policiales como escopetas de pelotas y de gas.

Portada de ‘Black Bloc’, el manual de la guerrilla urbana en Cataluña. / Cadena SER

Este programa Black Bloc, adaptado a España, es un auténtico manual de guerrilla urbana. Recomienda formar grupos de entre 4 o 5 personas, nunca de una forma jerarquizada aunque si con un delegado que establezca objetivos comunes e instruye por ejemplo acerca de rehuir «un enfrentamiento frontal con los UIPS». «Cuando los UIPS se repliegan en equipos más pequeños (equipos operativos) , cuando marcan su perímetro de seguridad y tienen que recargar las pistolas de pelotas, en ese momento hay que atacar», subraya el manual. «El número de manifestantes activos debe ser de 2 o 3 por cada policía y si nos tenemos que enfrentar a un grupo operativo de 50 efectivos debemos ser entre 100 y 150 porque menos sería un error».

Otro de los apartados más llamativo tiene que ver con como atacar los objetivos. La guerrirra urbana en Barcelona recomienda lanzar a la policía cócteles a 130 grados para derretir su traje o «lanzar cohetes a los helicópteros» para poder escapar y si se puede en metro. «Es muy efectivo volcar los contenedores de botellas, así se proporciona munición a decenas de manifestantes durante una hora» y para lanzar cócteles molotov lo más fácil es «utilizar una botella de cristal de medio litro, llenar tres cuartas partes con gasolina, cerrar bien la botella y atar una tira de trapo en el cuello del recipiente».

A la quema de vehículos que hemos visto estos días se dedica un apartado amplio. «Se realiza para retrasar el avance de la policía aunque solo lo recomendamos en caso de extremo peligro para los activistas». Lo más efectivo dicen es «cruzar coches entre varios manifestantes (mínimo 4 o 5) agarrar el coche por uno de los extremos y levantar». Esto ralentiza el avance de los furgones de antidisturbios y da tiempo a los manifestantes para pensar y reorganizarse. Y para descentralizar la acción se recomienda «crear diferentes focos autónomos de resistencia, desbordando el esquema represivo de los antidisturbios y esto se consigue moviéndose en grupos pequeños haciendo más difícil la localización por parte de los helicópteros».

Se da mucha importancia también a la vestimenta y utensilios que tienen que llevar ellos. «La capucha es indispensable para protegerse, hay que llevar varias camisetas de diferente color y una bufanda mojada con vinagre o Coca-Cola para evitar el ardor que provoca el gas lacrimógeno«. Además hay que utilizar guantes resistentes al calor para devolver los botes de humo a la policía. En cuanto a la ropa el manual advierte de que no son convenientes los géneros como la franela o similares ya que la transpiración potencia el efecto del gas.

Los capítulos finales están dedicados a como protegerse de los «golpes policiales» y como actuar si eres detenido. «Una vez caído al suelo es conveniente adquirir la postura fetal con el lado izquierdo más cerca del suelo para proteger el bazo, porque un golpe en el bazo puede producir una hemorragia interna que puede matar«. Y para los detenidos la advertencia es «nunca testificar ante la policía y saber que ante un registro existe el derecho de estar presente».

Fuente y más información aquí

Arenas, Ibarra, Domingo y Puertas

Las entidades Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia han anunciado la creación del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña y han presentado el primer informe en el que relacionan los incidentes detectados en esta Comunidad Autónoma durante el primer semestre del año 2019.

El informe ha sido presentado por los presidentes de Impulso Ciudadano, José Domingo, y de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que han estado acompañados por el coordinador del Observatorio, Ángel Puertas, y el vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas.

José Domingo ha declarado que la creación del Observatorio obedece a que en los últimos años se ha observado un incremento de la violencia en Cataluña por razones políticas, por lo que es importante que la sociedad catalana y la española en general, cuenten con instrumentos que permitan analizar los incidentes de este tipo, tomar conciencia de la gravedad de los hechos y luchar contra estas formas de intolerancia.

En su exposición, ha recalcado que el fenómeno de la violencia en Cataluña es “casi exclusivamente de raíz independentista y tiene un evidente contenido hispanofóbico”. El hecho de que sea de baja intensidad no le resta gravedad.

En este sentido, ha llamado la atención sobre las expresiones de corte totalitario como “Els carrers serán sempre nostres” o “”Fora feixistes dels nostres barris” (entendiendo por fascista todo el que no piensa en clave independentista).

A su juicio, queda demostrado que la reiteración de actos de violencia política, en su mayoría generados por grupos o personas adscritas al bloque secesionista, tienen como finalidad neutralizar al adversario constitucionalista o contrario a la independencia y provocar el desistimiento o abandono de la acción política de los oponentes ideológicos.

José Domingo ha informado que el informe será remitido a Fiscalía, a los Gobiernos de España y Cataluña, al Parlamento de Cataluña, líderes de formaciones políticas, Defensor del Pueblo y Síndic de Greuges.

Ha calificado a la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña como “un instrumento sectario y fallido, dado que ha nacido para defender la causa independentista y no para amparar los derechos civiles de todos los catalanes”.

El Presidente de Impulso Ciudadano ha anunciado que el Observatorio realizará informes semestrales y ha solicitado que los ciudadanos y entidades comuniquen al Observatorio o a cualquiera de las entidades que lo integran los incidentes de violencia política que conozcan para hacer su seguimiento.

Por su parte, el coordinador del Observatorio, Ángel Puertas, ha hecho un resumen del contenido del informe del que ha destacado lo siguiente:

Los incidentes relativos a la violencia política constatados durante el período que va del 1 de enero al 30 de junio de 2019 son 189 y el mes en el que se han registrado más episodios ha sido el de febrero que fue especialmente virulento al computarse un total de 88 casos.

La inmensa mayoría de estos incidentes son causados por personas o grupos adscritos al bloque identificado con las tesis favorables a la independencia de Cataluña: 173 de los 189 casos tienen origen directo o indirecto en los partidarios de la separación de Cataluña , lo que representa el 91,5% del total de casos detectados, mientras que los incidentes en los que se ha constatado la posible participación de personas o grupos contrarios a la independencia de Cataluña han sido 10, lo que representa un total del 5,3%. En este sentido, ha considerado muy preocupante que 9 de cada 10 incidentes sean causados por personas o grupos de ideología próxima al independentismo.

En el campo de las víctimas, ha señalado que los grupos que han sufrido de una manera más reiterada la violencia política son los de la órbita constitucionalista o contrarios a la independencia de Cataluña. Así, ha indicado que de los 84 incidentes que han tenido como víctimas a militantes, sedes o dirigentes de partidos políticos, 76 han correspondido al bloque constitucionalista, lo que supone el 90,45% del total y los partidos de ideología nacionalista o independentista han sufrido 8 ataques que representa un 9,52 % de los ataques sufridos. Por partidos políticos, el que más ha sufrido la violencia (en sus militantes o en sus instalaciones) ha sido CS, seguido por el PSC, Vox, PP, ERC, BeC y CUP por este orden. En el ámbito de las entidades el porcentaje es similar, se han detectado 10 ataques a personas o sedes de entidades, de ellas 9 son entidades constitucionalistas o no partidarias de la independencia (el 90%) y en sólo un caso la violencia ha afectado a un militante de un CDR (el 10%). De las entidades destinatarias de la violencia la más perjudicada ha sido la agrupación de jóvenes constitucionalistas “S´ha Acabat” con cuatro incidentes constatados.

En relación con las instituciones, la más perjudicada ha sido el Poder Judicial que ha sido objeto de 26 ataques y la Fiscalía ha sufrido también 2 incidentes; los miembros o representantes del Gobierno central han sufrido actos de hostilidad o acoso en tres ocasiones por dos los miembros de gobiernos locales y ninguno de la Administración autonómica. La sede de la Unión Europea en Barcelona también fue objeto de un intento de asalto por colectivos independentistas. Por su parte, la Corona ha recibido 5 ataques y también han recibido agresiones o muestra de hostilidad diputados nacionales, diputados autonómicos, eurodiputados u concejales, en su inmensa mayoría también pertenecientes al bloque constitucional.

En cuanto a las Fuerzas de Seguridad, las sedes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han recibido cuatro ataques y los Mossos d’Esquadra han tenido 6 episodios con desórdenes públicos promovidos por grupos independentistas.

Finalmente, ha concluido afirmando que de los 189 incidentes violentos contabilizados, 145 actos han tenido lugar en la provincia de Barcelona y de ellos 128 se concentran en el área metropolitana. La provincia con menos incidentes ha sido Lleida con 9.

Por su parte, el vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, ha abordado el contexto político que ha servido de marco para el informe. Según ha explicado, el incremento de la violencia “no puede desvincularse del desafío a la legalidad que protagonizan tanto la Generalitat como muchas administraciones locales en Cataluña. Por una parte, esta desobediencia banaliza las infracciones a la legalidad y en ese sentido alienta a quienes se creen legitimados para coaccionar o limitar los derechos de los demás”.

Ha añadido que “por otra parte, esta desobediencia se enmarca en una política de deslegitimación de las instituciones del Estado, y particularmente de los Jueces y Tribunales, que explica una parte muy importante de los actos de violencia recogidos en el informe. En este sentido, no es casual que el mes en el que más actos violentos se produjeron fue el de febrero, el del inicio del proceso en el Tribunal Supremo contra los líderes por los hechos de septiembre y octubre de 2017”.

También ha asegurado que “la vulneración permanente de la legalidad en apoyo de las posiciones nacionalistas crea una situación de desamparo de la ciudadanía. Esta situación explica que hayan sido los ciudadanos quienes hayan asumido la tarea que debería corresponder a la administración, en lo que se refiere al respeto a la neutralidad política en los espacios de titularidad pública. Esta situación anormal en la que han de ser los ciudadanos quienes realicen funciones que deberían corresponder al poder público, es caldo de cultivo de enfrentamientos que pueden degenerar en violencia”.

“Es, por tanto, importante, que las autoridades respeten escrupulosamente la ley. Garantizando, como no podía ser de otra manera, la mayor libertad de todos (ciudadanos, políticos, partidos y asociaciones) en la crítica política ha de mantenerse el respeto institucional. Es necesario, finalmente, que se persigan todos los actos de violencia política y que sean condenados con contundencia, especialmente por instituciones y autoridades públicas”, ha afirmado Arenas.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha declarado que los hechos recogidos en el Informe mayoritariamente “debieran de ser considerados en relación con delitos de odio por motivación ideológica y ante estos hechos sólo cabe su denuncia judicial o bien la actuación de oficio de los Mossos d’Esquadra o de la Fiscalía”.

“El informe coincide con los indicios de crecimiento de delitos de odio por razón ideológica que vienen detectando la Oficina de Lucha del Ministerio del Interior o de la Fiscalía de Barcelona. En consecuencia, se debe animar y fomentar la denuncia porque la impunidad es el principal aliado de estos delitos y podríamos estar ante una espiral agravada del problema” ha concluído Ibarra.

---

‘50 hazañas de TV3’ es el último libro de Sergio Fidalgo, en el que ofrece 50 ejemplos que demuestran las malas artes de una televisión pública que se ha convertido en una herramienta de propaganda en manos del secesionismo. Insultos al Rey, faltas de respeto a líderes constitucionalistas, manipulaciones informativas... Se puede comprar en este enlace de Amazon. Si lo quieres dedicado manda un correo a edicioneshildy@gmail.com y pregúntanos como pagar.

Fuente y más información aquí