La Coordinadora de mujeres de Valladolid ha manifestado "su más absoluta repulsa" ante "el deleznable acto de violación" a una joven de 21 años en la capital vallisoletana, ocurrida el pasado domingo, y ha calificado de "auténticamente aberrante" que un individuo que contaba con antecedentes policiales por hechos similares y que hacía poco que había intentado violar a otra mujer estuviera en libertad.
Según la Coordinadora, "la calle y la noche también son de las mujeres", que no tienen qué salir por las noches "y regresar a casa con miedo" de ser agredidas o asesinadas "como ha pasado en otras ocasiones". "Queremos agradecer a la persona que encontró a esta joven el trato y el acompañamiento que la dio, y a todas aquellas personas que la atendieron".
Fue el vigilante de la zona del aulario de la Universidad quien en la madrugada del domingo encontró a las 6.50 horas a la joven, quien relató que había sido agredida sexualmente por el portero de un local donde había estado previamente.
Con la descripción facilitada, una patrulla de la Policía identifico al agresor, un joven de 23 años, que se encontraba en las proximidades y, aunque ha salido corriendo, se la detuvo en una calle cercana al parking de la universidad.
Desde la Coordinadora piden a los hombres, para que acallen todas las actitudes y actos machistas que puedan llevar a cabo otros hombres y que tengan la suficiente "valentía para acobardarlos y dejarlos en evidencia"; a las instituciones y fuerzas de seguridad del Estado, para que velen por la integridad de las mujeres y se doten de las suficientes garantías para prevenir que se den estas situaciones y en especial a la judicatura para que "aplique todo el peso de la ley en casos de violencia hacia las mujeres".
A toda la ciudadanía, la Coordinadora de Mujeres pide que se implique en la solución de este grave problema social, y no se dé pábulo a declaraciones "negacionistas de la violencia de género que además son auténticos bulos" porque 43 mujeres han sido asesinadas en España en 2021, seis menores.
El incremento de llamadas al 016 (número de atención a las víctimas de violencia machista) durante estos días de confinamiento, pone de manifiesto cómo se está agravando las situaciones de violencias machistas.
“En una coyuntura como ésta se incrementan los niveles de violencia y se polarizan las relaciones de poder”, especifica Candela Caro Saavedra, educadora social.
El feminicidio que tuvo lugar el sábado 4 de abril en La Isleta, evidencia la situación de crisis social actual.
A raíz de este último asesinato machista, la Red Feminista de Gran Canaria convocó a la población a mostrar su repulsa colgando carteles, camisetas violetas y/o negras en los balcones.
Juana, ex-víctima de violencia machista, apela a la responsabilidad colectiva de quienes detecten indicios de violencia, y que hagan uso de los servicios pertinentes para denunciar la situación. “Que no tengan miedo al hacerlo, sería una ayuda ejemplar”, declara. “Estoy súper orgullosa de haber dado el paso, encontré a muchas personas que me ayudaron”, “tenía que hacerlo por mí, y por los que tenía a mi lado, que eran mis hijos".
Paula se autodenomina superviviente. Tras sobrevivir a varios episodios de violencia por parte de sus ex-parejas, denuncia la actitud de personas que señalan a otras que no cumplen con el confinamiento pero que no reaccionan ante situaciones de violencias machistas.
Caro invita a activar una “mirada feminista. Aprovechar iniciativas como las del ICI (Instituto Canario de Igualdad) junto con las farmacias, de acudir pidiendo ayuda desde la palabra ‘Mascarilla 19’”.
Paula pone su ejemplo vital para demostrar que se puede salir del círculo de la violencia machista, “No tienen la necesidad de estar con un hombre que no las cuida y que las machaca. Se puede ser feliz”.
Caro añade que es importante tener una visión interseccional que contemple todos los ejes de identidad que pueden atravesar a las mujeres : edad, diversidad física o mental, personas LBT (lesbianas, bisexuales y transexuales), mujeres racializadas, migrantes, “con la barrera del idioma y la barrera invisible de lo cultural”. También recalca la importancia de la prevención y la sensibilización respecto de las violencias machistas.
Los clientes se enfrentaron al hombre, que fue localizado por la Policía en la calle mientras sujetaba la cara de la mujer contra una pared
Plaza de Poniente de Valladolid. / CARLOS ARRANZ
La Policía Local detuvo en la pasada madugada de este lunes a un varón de 35 años en la plaza de Poniente después de recibir una llamada de alerta en la que se advertía de que este hombre había agredido a su pareja en un local de copas de la calle San Lorenzo. Según informan fuentes del cuerpo municipal, el arrestado comenzó a pegar a la mujer en el bar y varios de los clientes presentes intentaron impedirlo y se enfrentaron al varón.
La pareja abandonó el bar y fue localizada por una patrulla en la próxima plaza de Poniente. Cuando los agentes procedieron, a la detención el hombre estaba sujetando la cara de la mujer contra una pared en actitud amenazadora.
Los especialistas señalan entre las causas del repunte que falta implantar medidas ya aprobadas para proteger a las mujeres y el efecto del discurso negacionista de Vox
Manifestación contra la violencia machista, el pasado 25 de noviembre en Madrid.ANDREA COMAS
Aún es pronto para conocer a fondo los motivos de ese repunte y está por ver si se convierte en una tendencia en años posteriores. La violencia de género es un fenómeno complejo y de causas múltiples, pero distintos especialistas consultados alertan ya de que, junto la falta de medidas previstas pendientes de desarrollar, una de las causas que han influido en ese incremento es el discurso negacionista de Vox, que asegura contra el consenso institucional existente desde hace años tanto dentro como fuera de España que “la violencia no tiene género”. “No se puede decir que el aumento se deba exclusivamente a los mensajes contra la protección de las mujeres que lanza la ultraderecha pero sí es claro que es un factor que ha influido”, señala el forense Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género.
La gran mayoría de las mujeres asesinadas, como ocurrió con Yulia S. o Rebeca Alexandra Cadete, no acudieron nunca a pedir ayuda a las Administraciones. En este último año, cuatro de cada cinco (80%) no habían denunciado jamás. Es el porcentaje más alto desde 2012. Pero el sistema también falló a las otras 11 víctimas mortales que sí alertaron del peligro que corrían y que, en algunos casos, estaban hasta incluidas en el sistema de protección policial y judicial.
2019 ha sido el año en el que se rebasaron las 1000 asesinadas desde que hay datos oficiales —empezaron en 2003 y ya suman ya 1033— y también el aniversario de una ley pionera, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que cumple 15 años y que permitido que se reduzca el número de asesinadas —en los primeros años de recuento rondaban las 70 víctimas anuales y en estos últimos están en torno a 50— y ha cambiado la percepción social de un delito que se consideraba una cuestión íntima que se arreglaba de puertas para adentro. Y también es un año que será recordado por la llegada a las instituciones nacionales de un partido con ideología de ultraderecha, Vox, que rompe la unidad institucional, reclama derogar las leyes que protegen a las mujeres y exige retirar los fondos que se dedican a combatir los asesinatos.
“La actuación de Vox se traduce en que las víctimas miran con mayor desconfianza la protección institucional que se les puede ofrecer y los agresores ven reforzada su conducta”, valora la magistrada y fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas Lucía Avilés, que pide un “análisis profundo y objetivo para determinar todas las causas” del último repunte. “Los discursos contra la protección de las mujeres generan dudas en las víctimas y en los dispositivos de protección judicial y policial y mayores situaciones de riesgo, pero no establecería una situación causa efecto directa porque las asesinadas son solo la punta del iceberg de lo que ocurre”, considera la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.
Si finalmente sale adelante la investidura de Pedro Sánchez, prevista el 7 de enero, el nuevo Gobierno de coalición deberá afrontar las cuestiones pendientes que se han acumulado en el periodo en funciones, como implantar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 y casi sin desarrollar. Ese acuerdo parlamentario incluye, entre otras, medidas centradas en combatir, por un lado, la falta de denuncias y por la otra garantizar la protección a quienes sí se atrevieron a dar el paso.
“El 80% de las asesinadas no ha denunciado nunca pero podemos encontrar al 100% de las mujeres en el sistema sanitario y desde ahí desarrollar una estrategia global para protegerlas”, añade Lorente. El pacto prevé desde la generalización del cribado sanitario —que los médicos puedan aplicar medidas y cuestionarios para detectar y combatir la violencia— a la labor de ayuda de los Ayuntamientos antes de que las mujeres denuncien, para facilitar que una vez a salvo puedan hacerlo.
Soleto pone también el acento en la otra cara de esa misma realidad: las que sí se atrevieron a denunciar y aún así están muertas: “Si hubiéramos logrado protegerlas a lo largo de todos estos años, estaríamos hablando de más de 200 mujeres vivas. Es el mayor fracaso de todo este tiempo”.
Mejorar los juzgados
Además de subrayar que hay que poner el acento en la educación por la igualdad, desde que los niños y las niñas son pequeños, la magistrada Lucía Avilés pide que en 2020 “se expriman los instrumentos jurídicos que da la ley” y la dotación de más medios en los juzgados como las unidades de valoración forense, que ayudan a detectar mejor el riesgo de las víctimas con equipos de distintos especialistas o la utilización del protocolo forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, que se aplica apenas en el 1% de los casos, recuerda Avilés. “La mayoría de los casos se abordan en juzgados mixtos, que tienen que revisar desde una ejecución hipotecaria a un caso de violencia machista. Y existe una desigual distribución de los recursos judiciales, los juzgados de pueblo están en la mayoría de los casos colapsados respeto a los de la capital”.
Los menores también son considerados víctimas y Soleto pide para ellos “mayor protección” que la actual. “Hemos visto en demasiados casos que el sistema no da una respuesta adecuada sobre todo a las mujeres que tienen hijos”, recuerda la responsable de la Fundación Mujeres. Insiste, como el Defensor del Pueblo, en una máxima que no ha calado del todo en los juzgados: Ningún maltratador es un buen padre.
Una de las tareas es la ampliación del concepto de violencia de género, que actualmente se limita al ámbito de la pareja El 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja huella en la factura
Nacida del consenso político en 2004, la ley contra la Violencia de Género cumple este sábado 15 años en un contexto político en el que retumban los discursos que niegan la existencia de violencia específica hacia la mujer. Al reto que supone seguir avanzando en ese escenario se suman las asignaturas que la norma tiene todavía pendientes. Entre ellas, la de ampliar el concepto restringido de violencia de género, que actualmente se limita al ámbito de la pareja.
La ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó el inicio en España de una batalla inconclusa que tiene como objetivo garantizar la integridad de las mujeres y evitar la violencia estructural ejercida contra ellas.
En este sentido, la norma trajo consigo la adopción de medidas concretas que empezaron a combatir y visibilizar el maltrato que históricamente han sufrido las mujeres en el ámbito privado. Además, sirvió para que el foco se pusiera en el castigo del maltratador y para otorgar a las víctimas recursos de ayuda y defensa.
Desde su entrada en vigor, más de 1,5 millones de mujeres han denunciado maltrato, algo impensable antes de la ley porque el sistema judicial no contaba con una respuesta para plantar cara a la violencia machista.
Las herramientas para poner freno a esta lacra, sin embargo, siguen siendo insuficientes a tenor de los datos oficiales. En lo que va de 2019, 55 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y, desde el año 2003, fecha en la que se puso en marcha el registro oficial, el número de víctimas asciende a 1.033.
Un "referente mundial"
Desde el Gobierno en funciones destacan que la ley "marcó un hito y convirtió a España en un referente mundial en la conquista de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género". Con esas palabras se ha referido a la norma la vicepresidenta y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, quien ha presentado un balance con los últimos datos en Consejo de Ministros.
En el análisis ha reivindicado su "eficacia", aunque ha apuntado que los retos de futuro están marcados por su implementación total, el cumplimiento de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul.
Durante el acto que el Ministerio de Igualdad organizó la pasada semana para reivindicar la ley y rendirle homenaje, fueron muchos los políticos, fiscales, abogados y forenses los que coincidieron en calificar de “valiente” y “pionera” una norma que también recibió una mención de honor de ONU Mujeres por ser una de las más eficaces del mundo.
No obstante, la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue gestada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y gracias al impulso de las asociaciones feministas, tiene todavía varias tareas pendientes.
Las cuentas pendientes
La más evidente es la de recoger todo tipo de violencia ejercida contra la mujer por el hecho de serlo, ya que, de momento, la norma solo se aplica en los casos de violencia que sufren mujeres por parte de sus parejas o exparejas y excluye el resto de feminicidios y también las agresiones sexuales, algo que “es contrario al ordenamiento internacional”, según ha señalado a Europa Press la portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas, Lucía Avilés, quien considera necesario que la ley se adapte “a la nueva realidad social y jurídica”.
Para Avilés, la ley "tal y como está es un gran instrumento", pero considera que tiene que implementarse el aumento de recursos, las Unidades de Valoración Forense y la "uniformidad" en la protección de las víctimas, así como en los recursos y medios de todos los juzgados con competencias en la materia.
En esa misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángeles Jaime de Pablo, que añade que en el ámbito educativo se ha producido un "fracaso", en términos de aplicación de esta norma. Existe "deficiencia en la prevención" de la violencia contra las mujeres, algo que apenas se aborda en el sistema educativo, de forma que los adolescentes, dice, aprenden a través del porno, donde se "naturaliza" la violencia y agresiones.
Otros de los retos tienen que ver con la dotación presupuestaria, la formación de los operadores jurídicos y la educación en el respeto y la igualdad desde los primeros años.
El reto de avanzar pese al negacionismo
El décimo quinto aniversario de la ley llega en un año en el que Vox, que defiende que la violencia es 'intrafamiliar' y no específica contra las mujeres, ha irrumpido con fuerza en las instituciones locales y autonómicas, y también en el Congreso, donde logró 52 escaños tras las elecciones del 10N.
Con el actual arco parlamentario la unanimidad alcanzada en 2004 para impulsar esa norma sería impensable hoy día.
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, lamenta en declaraciones a Europa Press que transcurridos 15 años de la aprobación de la ley, "precisamente ahora", haya una fuerza política con un discurso negacionista.
Tal y como ha recordado, el Tribunal Constitucional ya ratificó la constitucionalidad de esta ley, que fue cuestionada por varios partidos políticos que entonces consideraron "discriminatoria".
Esa diferenciación rechazada por Vox también fue muy criticada en el pasado, cuando varios partidos cuestionaron el incremento de las penas en el caso de lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones leves cuando son los hombres los que lo perpetran contra mujeres con las que tienen o tuvieron una relación sentimental.
Superada aparentemente la polémica, en 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque las voces contrarias han ganado fuerza durante los dos últimos años.
"Los discursos negacionistas refuerzan la posición e impunidad de los maltratadores y añaden vulnerabilidad a las víctimas", ha señalado Yolanda Besteiro, que ha destacado que esta norma "ha sido reconocida y premiada internacionalmente por ser el instrumento más eficaz en la lucha contra la violencia de género".
Entradas
