El último informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre víctimas mortales de violencia machista deja algunos datos, pocos, para la esperanza, y muchos que corroboran que queda mucho por hacer. Entre los primeros, que el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante los años 2016, 2017 y 2018 fue de 151, un 11,2% menos que en el anterior trienio. Pero de ese total de víctimas mortales, 46 (el 30,5%) habían presentado denuncia previa contra su agresor. Este dato revela dos situaciones que el propio Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial considera “preocupantes”: el porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado previamente solo aumentó en tres puntos respecto al promedio de los últimos diez años; y el paso de denunciar a su agresor no siempre sirvió a las víctimas para ponerse a salvo.
El informe revela una leve bajada de la edad media de las mujeres que habían denunciado a su asesino previamente: 38,3 años, frente a los 41,7 del trienio anterior. Por tramos de edad, la mayor tasa de denuncias (un 47% del total) se dio entre quienes tenían entre 16 y 25 años. Casi la mitad de las que denunciaron (47,8%) vivía con su agresor. En una nota difundida este miércoles para hacer públicos los datos del informe, elaborado por el Observatorio a partir de información contenida en los procedimientos judiciales, este organismo advierte de que el silencio de la víctima es un “factor de riesgo para la vida de las mujeres maltratadas” e incide en la importancia de “concienciarlas a ellas, pero también a toda la sociedad” de la necesidad de denunciar. “Las víctimas de la violencia machista viven atenazadas por el pánico, que les impide denunciar por temor a represalias”, señala este órgano, que recuerda que la denuncia es el paso previo necesario que permite a las distintas Administraciones iniciar los trámites para la concesión de ayudas, adopción de medidas de protección e investigación de los hechos que pueda concluir con la condena al agresor.
En los tres años estudiados se mantuvo constante el número de víctimas mortales de violencia de género: 50 mujeres fueron asesinadas en 2016, 51 en 2017 y 50 en 2018. La cifra total del periodo (151) es un 11,2% más baja que la del trienio anterior, en el que los feminicidios fueron 169. Desde 2003, año en el que el Observatorio empezó a elaborar estadísticas, las asesinadas en el ámbito de la pareja o expareja han sido 978. Los datos provisionales de 2019 no relevan una mejora: en lo que va de año, son ya 44 las víctimas mortales de violencia machista.
La media de edad de las víctimas entre 2016 y 2018 fue de 43,5 años, muy similar al promedio registrado en periodos anteriores. Es decir, cerca de la mitad de las mujeres asesinadas se sitúan en una franja de edad (entre los 26 y los 45 años) que representa solo la tercera parte de la población de mujeres mayores de 15 años.
102 huérfanos
La violencia machista dejó 102 huérfanos entre 2016 y 2018. El 75% de las víctimas eran madres, un dato que, según el Observatorio, indica que la maternidad –junto con la pobreza, la dependencia económica o por discapacidad y el embarazo- es un factor que hace más vulnerables a las mujeres víctimas de la violencia machista y que guarda relación con el elevado porcentaje de casos sin denuncia previa: el miedo atenaza a la víctima, que no denuncia para proteger a sus hijos.
Según los datos analizados, el 64,9% de las víctimas de feminicidio vivía con el agresor en el momento de su muerte y el 45,7% estaba casada con el agresor o lo había estado. En cuanto a la nacionalidad de la víctima, las dos terceras partes (el 64,2%) de las asesinadas en el periodo analizado eran españolas; el otro 35,8% eran extranjeras, un dato que, según el Observatorio, vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de este colectivo de mujeres. La cifra se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2015.
En cuanto al perfil del agresor, la edad media es de 48,2 años, cinco años más que el promedio de edad de las víctimas. En 2018, la media de edad de los agresores fue de 50,9 años. Entre 2016 y 2018, un 47% de los asesinos machistas fueron detenidos, un 16,6% se entregaron, el 22,5% se suicidaron, el 13,2% se autolesionaron (tentativa de suicidio) y el 0,7% huyeron. La edad media de los suicidas fue de 49,7 años: en el 50% tenían un vínculo matrimonial con la víctima y un 70,6% era de nacionalidad española.
Agresiones en el domicilio
El domicilio fue, en el 81% de las veces, el lugar donde se cometió el feminicidio. Los siguientes lugares más frecuentes, aunque a mucha distancia, fueron la calle y el vehículo, ambos en un 6% de los casos, y el trabajo (2%). El Tribunal Supremo ha afirmado en sentencias dictadas recientemente que la elección del domicilio para cometer el crimen machista reduce la capacidad defensiva de la víctima, por cuanto se trata de un ataque sorpresivo, e implica para el agresor una mayor garantía de que logrará su objetivo.
En cuanto al método empleado, el 46% de las muertes lo fue por arma blanca y el 20% por asfixia o estrangulamiento. Los golpes y golpes con objetos fueron causa de la muerte en el 13% de los casos, el mismo porcentaje en el que aparece el uso de arma de fuego.
En todas las provincias se han producido al menos dos feminicidios en el ámbito de la pareja o expareja. Asimismo, los crímenes han tenido lugar en todo tipo de poblaciones, aunque cerca del 70% han tenido como escenario localidades de menos de 100.000 habitantes. Esto implica, según el Observatorio, que las mujeres están más desprotegidas en el ámbito rural y que, por tanto, sería necesario redoblar los esfuerzos en estas zonas dotándolas de recursos de prevención así como de servicios de asistencia y protección a las víctimas.
Hay juzgados que rechazan la mayoría de las órdenes de protección solicitadas, con tasas de rechazo que llegan a alcanzar el 87% en Barcelona o el 74% y el 60% en Sevilla o Valladolid mientras otros, situados en Murcia o Alicante, solo deniegan el 10%
Este mapa desigual preocupa a la Fiscalía, que ha alertado sobre una situación que genera inseguridad en las mujeres y es "difícilmente compatible con las campañas de incentivación de la denuncia"
Las diferencias se reproducen en comunidades y provincias: Catalunya o Asturias rechazan el 55% y el 42% respectivamente, pero La Rioja, Valencia o Aragón no llegan al 20%. Por provincias, destaca el caso de Almería, que concede el 90% de las medidas y Barcelona, que solo lo hace con el 38%
Las mujeres que denuncian violencia de género en el juzgado de Sabadell tienen menos posibilidades de obtener una orden de protección que las que lo hacen en el de Badajoz. Aunque gestionan un volumen similar de casos, la tasa de denegación de este tipo de medidas difiere considerablemente entre uno y otro juzgado: el primero rechaza el 65% de las solicitadas y el segundo no llega al 10%. Lo mismo ocurre con Oviedo y Torrevieja o Almería y Girona. También entre comunidades autónomas: Madrid deniega casi el 50% de las órdenes, mientras el porcentaje en el caso de Andalucía se reduce al 30%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (2010-2018) analizados por eldiario.es.
A todos los niveles –juzgados, provincias y autonomías–, las cifras dibujan un mapa desigual a la hora de conceder este tipo de medidas del que esta misma semana ha alertado la Fiscalía General del Estado. Así lo hace en la Memoria correspondiente a 2018 publicada el pasado lunes, en la que aprovecha el apartado dedicado a la violencia machista para calificar las diferencias de "significativas". El Ministerio Público va más allá y alude a que esta disparidad de criterios "genera una cierta inseguridad jurídica" en las víctimas que es "difícilmente compatible con las campañas de incentivación de la denuncia" promovidas por todos los agentes sociales y las instituciones.
Analizando los juzgados que han tramitado más de 100 órdenes de protección durante estos años (185 de 536), algunos alcanzan porcentajes muy elevados de rechazo y otros muy bajos: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Barcelona, por ejemplo, deniega el 87%, el nº 1 de Sevilla el 74% y el 1 de Valladolid, seis de cada diez. Al otro lado de la tabla, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Alicante ha desestimado el 10% y el 14% el nº 2 de Murcia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar, solo el 9%. Los primeros rechazan una tasa muy por encima de la media, que se sitúa en el 35%.
Para el médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, el meollo del asunto está directamente relacionado con la percepción del riesgo. "En la valoración de los hechos siempre hay un componente subjetivo y en este caso, está muy condicionada por la concepción social de la violencia de género, que siempre tiende a ser minusvalorada", señala. Una concepción que, para el experto, está "cargada de estereotipos y mitos" que pueden reproducirse en toda la cadena de protección hasta llegar a la magistratura.
Los jueces son los que determinan en cada caso si es necesaria una orden de protección –que puede incluir medidas civiles, como la suspensión del régimen de visitas y medidas penales, como la prohibición de acercamiento–, pero fundamentan su valoración también en otro tipo de elementos. Entre ellos, atestados policiales, partes de lesiones e informes médicos o forenses. Los dos requisitos que establece la ley para la concesión de esta medida de protección son la existencia de indicios fundados de delito y de una situación objetiva de riesgo.
Catalunya, a la cabeza
Más allá de la situación concreta de cada juzgado, los datos del Consejo General del Poder Judicial también permiten analizar qué ocurre por comunidades autónomas. Catalunya concentra la mayor tasa de denegación, con un 55%. Le siguen Madrid (48%), Asturias (42%), País Vasco y Cantabria (39%). En la parte más baja de la tabla se encuentran La Rioja, que solo deniega el 14%, Murcia (16%), Melilla (15%) y Extremadura, Valencia y Aragón, que desestiman el 19% de las solicitadas. En una situación intermedia, con porcentajes que superan ligeramente el 30%, están Castilla y León y Andalucía.
Por provincias, destaca el caso de Almería, Granada, Soria y Burgos, que superan el 90% de órdenes de protección aceptadas. Sin embargo, otras tantas se encuentran en la situación contraria: Barcelona rechaza el 62%, y en Valladolid, Girona y Sevilla casi seis de cada diez mujeres que acuden a sus juzgados a denunciar violencia de género se encuentran con que no obtienen una orden de protección.
Aunque en la primera y en la segunda solo tramita violencia de género un juzgado, en la ciudad andaluza los casos se reparten entre cuatro en los que la tasa de rechazo se sitúa entre el 58% y el 74%. Una circunstancia que, para Lorente, puede tener que ver con que en un mismo partido judicial o entre jueces de la zona se comparten o establecen una serie de criterios comunes.
Ajustar la valoración del riesgo
La Asociación de Mujeres Juristas Themis lleva años llamando la atención sobre esta realidad. "Son datos muy llamativos porque es algo sistemático", comienza explicando su presidenta, María Ángeles Jaime de Pablo. "Es algo que requiere una explicación porque evidentemente no hay unos sitios en los que hay violencia más grave que otros", aunque puede ocurrir que aquellos lugares que ven más casos de violencia de género acaben minimizando el riesgo, coinciden las expertas. No obstante, todas lamentan que aún no se haya hecho un estudio sobre una problemática que puede responder a diferentes factores.
"Más allá de estereotipos que pueden restar credibilidad a las víctimas, también puede tener que ver con la coordinación que el juzgado tiene con otros agentes implicados, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con qué tipo de información cuenta para tomar la decisión", prosigue Jaime de Pablo. Este mismo año el Ministerio del Interior puso en marcha un nuevo protocolo policial del riesgo que introduce más elementos para valorar el peligro de asesinato e incluye la obligación de destacar aquellos casos en los que haya menores sobre los que haya una situación amenazante.
Además del atestado policial, Lara Esteve, magistrada en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Carlet (Valencia), apunta a la necesidad de que los jueces comiencen a usar de forma más generalizada los instrumentos disponibles para valorar el riesgo de la víctima. "Hay que partir de que el juez va a resolver en función de las pruebas que tenga y tiene independencia judicial para ello, pero hay una serie de herramientas que nos ayudan a tomar decisiones más ajustadas", explica. Se trata del Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo y de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), sobre las que la Fiscalía avisa de su infrautilización.
El primero, un protocolo puesto en marcha en 2011, se trata de un informe que elaboran los médicos forenses adscritos a los juzgados, pero apenas se utiliza: según datos del propio Ministerio Público, en 2017 solo se utilizó en un 2% de las ocasiones en las cinco comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Justicia. Por su parte, las UVFI, formadas por un equipo multidisciplinar y concebidas para hacer valoraciones integrales, apenas están implantadas en España y, en muchos casos, tampoco se recurre a ellas. Una situación que Miguel Lorente achaca a una cierta "pasividad profesional".
Falta de medios
Esteve también hace referencia a que su uso puede estar condicionado por la falta de medios y de sobrecarga existente en muchos juzgados, sobre todo aquellos que compatibilizan casos de violencia de género con otro tipo de asuntos. Estos juzgados, que no son exclusivos, cuentan además con una menor formación puesto que para ellos no es obligatorio el curso que sí lo es para los que se encargan solo de la violencia machista en el seno de la pareja o expareja. Esta es, de hecho, otra de las claves sobre las que llaman la atención las expertas: la necesidad de una formación integral y obligatoria para combatir los estereotipos machistas.
En este sentido, Jaime de Pablo celebra el sistema que el Consejo General del Poder Judicial va a poner en marcha previsiblemente en 2020 y que convierte la violencia de género en una especialidad jurídica. La presidenta de Themis recuerda también que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluye como medida la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir un listado "de criterios de referencia" de la situación de riesgo. El objetivo, entre otras cosas, es que en función del territorio o juzgado en el que se denuncie, no haya "un porcentaje alto de mujeres con la expectativa de que se les va a denegar la orden", señala la experta.
Nota metodológica
Para esta información se utilizaron los datos sobre órdenes de protección y medidas en los juzgados de violencia sobre la mujer, publicados en la base de datos estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se usaron los datos de las órdenes de protección incoadas, adoptadas, denegadas e inadmitidas desde 2010 hasta 2018. A partir de 2015, la estadística oficial incluye las órdenes de protección inadmitidas (por defectos formales) entre todas las incoadas del año. La estadística no incluye las órdenes tramitadas anualmente en los juzgados de guardia.
Para realizar los cálculos de los porcentajes no se tuvieron en cuenta siete juzgados que en la base de datos original presentaban un desfase superior al 1% entre el número total de incoadas y el resultado de la suma de adoptadas, denegadas e inadmitidas. Sí se tuvieron en cuenta seis juzgados en los que este desfase era inferior al 1%.
El turno de oficio especializado en violencia de género, que componen 1.018 abogados en Castilla y León, atendió a un total de 106 mujeres por agresión sexual en 2018 y casi la mitad (un 44%) eran menores.
Los datos del primer trimestre de este año superan a la media de 2018, que se sitúa en 26 solicitudes de asistencia gratuita, frente a las 31 tramitadas en los tres primeros meses de 2019
Desde que se firmara el convenio entre el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL) y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en enero de 2018, si se suman los casos del año pasado y del primer trimestre de 2019, un total de 137 mujeres de la región han recurrido al turno de oficio por sufrir agresiones sexuales, que van desde el acoso, el abuso o la agresión hasta la pornografía infantil o amenazas, entre otros tipos.
El perfil de estas víctimas es el de mujeres jóvenes -más del 75% es menor de 35 años-desempleadas, que viven en zonas urbanas y son de nacionalidad española.
MÁS INCIDENCIA A MENOR EDAD
El porcentaje de ataques disminuye conforme aumenta la edad de las mujeres, de hecho, el grupo donde la incidencia es mayor es en el de las menores de 18 años (un 44%), le siguen las mujeres entre 19 y 25 años (34%) y las de entre 36 y 45 años (13%), mientras que entre los 46 y 55 desciende hasta el 7% y en las mayores de 55 años la incidencia es del 2%.
Los datos recogidos por el CRACYL también analizan la nacionalidad de las víctimas: el 79% de las mujeres que sufrieron agresiones sexuales en las nueve provincias de Castilla y León eran españolas y el 21% de otros países; tan sólo un 8% pertenecían a alguna minoría étnica.
En cuanto a la situación laboral, 8 de cada 10 víctimas estaban desempleadas, y la mayor parte de las agresiones (el 66%) se han producido en zonas urbanas
En cuanto a los datos por provincias, Valladolid se sitúa como el territorio de la Comunidad con mayor porcentaje de agresiones sexuales durante el periodo de 15 meses recogido, con un 28% del total (38 víctimas), mientras que en Segovia no se ha registrado ningún caso.
León (25), Palencia (24) y Salamanca (19) siguen de cerca a Valladolid con un 18%, un 18% y un 14%, respectivamente; mientras que en Zamora (11), Burgos (11), Ávila (7) y Soria (2) la proporción de agresiones es bastante menor, con un 8% en las dos primeras y un 5% y 2% en las restantes.
TURNO DE OFICIO IGUALITARIO
Siete de los nueve colegios de la Comunidad disponen de un turno de oficio especializado en violencia de género y agresiones sexuales, compuesto por un total de 1.018 abogados. Un servicio a la ciudadanía que cuenta con paridad absoluta entre los profesionales que lo integran, ya que el 49,9% son abogadas.
El turno más numeroso es el de Salamanca con 206 abogados inscritos, seguidos del de Valladolid -que suman 195 letrados, de los cuales 23 cuentan con una formación específica en esta materia que el ICAVA exige para formar parte del único turno especializado sólo en agresión sexual de la Comunidad-, León (175) y Burgos (159).
Las provincias con menor población como Palencia, Ávila y Zamora suman 64, 45 y 14 letrados especializados en esta materia, respectivamente.
En Segovia y Soria, que no disponen de turno específico en agresiones, atienden estas demandas los 120 abogados segovianos del turno de oficio de violencia de género y los 40 de Soria.
Todos los letrados inscritos han asistido a los cursos obligatorios que imparte el CRACYL sobre violencia de género con el objetivo de que las víctimas cuenten con abogados especializados en esta materia en los turnos de todas las provincias.
En noviembre de 2017, y dentro del modelo integral de atención a víctimas de violencia de género 'Objetivo Violencia Cero' impulsado por la Junta de Castilla y León, el CRACYL suscribió un convenio con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para afrontar dos nuevas prestaciones gratuitas para víctimas: una de asistencia jurídica gratuita a mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales, y otra para la asistencia y atención letrada, también gratuita y en todo tipo de materias, para los menores huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género.
Así, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el CRACYL unen fuerzas para impulsar la atención a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales a cargo de abogados especializados.
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