"El grupo de trabajo tiene tres objetivos principales, entre ellos
realizar un análisis de la situación actual del discurso de odio en el deporte
en España en el ámbito federativo y
de clubes (deporte base y competitivo) en el entorno educativo, así como en el ámbito social y mediático circunscrito a los eventos deportivos (‘off
line’ y ‘on line’)".
Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, tiene claro que los grupos ultras son los
instigadores del racismo en el fútbol. Y culpa a todas las partes (clubes,
instituciones, Fiscalía) de inmovilismo a la hora de actuar.
Este activista por los derechos
humanos ha atendido a THE OBJECTIVE para hablar del incidente de Vinicius Jr. en Mestalla, que su asociación ha
denunciado junto a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ante la
Fiscalía por delito de odio.
PREGUNTA.- ¿Es España un país racista?
RESPUESTA.- En modo alguno. En
todos los estudios que tenemos queda reflejado que España es uno de los países
más tolerantes. Lo que no quita es que existen conductas en el seno de la
sociedad, como existen también en el mundo del fútbol, donde hay un grupo
pequeño que impone su comportamiento.
P.- ¿Le pareció bien la actitud de Vinicius señalando a los culpables?
R.- Bueno, no es motivo de hacer
una valoración. Lo que hizo Vinicius es reaccionar ante unas personas que le
estaban insultando, y lo hizo señalando a esas personas. Un Vinicius que, como
va con los cascos puestos, no se apercibió que ya le estaban insultando cuando
bajó del autobús, insultos que siguieron en el terreno de juego y continuaron
cuando volvió a subirse al autobús. Es un daño a la dignidad.
P.- ¿Cree que el árbitro hizo bien o debió suspender el partido?
R.- Yo creo que se hicieron las
advertencias correspondientes por megafonía pero después los insultos
continuaron, por lo que debió suspender temporalmente el encuentro. Y en caso
de persistir estos insultos, ya haberlo suspendido totalmente.
P.- ¿El jugador debió haberse ido del partido como ya quiso hacer
Samuel Eto’o en su momento?
R.- Vinicius es víctima de un
comportamiento racista y la respuesta, dentro de la legalidad, es el jugador
quien la decide. Es una decisión personal. Si finalmente no se fue, y se
hubiera ido, es una decisión del futbolista y entiendo que conforme le aconsejó
el club.
P.- ¿Como se explica que haya diez denuncias y todavía no se haya
cerrado un estadio de fútbol? ¿O que la fiscalía no considere suficientes los
gritos en los exteriores del Metropolitano?
R.- Porque no se están tomando en
serio el alcance de estos hechos. Las instituciones son permisivas y su
reacción es indolente. En este país tenemos dos leyes para poder actuar, la
administrativa y la penal. Nosotros desde el Movimiento contra la Intolerancia
hemos hecho muchas denuncias y nos las han archivado porque no ven motivos
suficientes. Lo que hay que hacer es profundizar e investigar. Es muy sencillo,
poner una cámara. Porque detrás de estos insultos a Vinicius hay una acción
organizada.
P.- ¿Que medidas considera Esteban para acabar con esta situación?
R.- Hay que apuntar al corazón
del problema, que son los grupos ultras que aprovechan un campo de fútbol y la
excitación de la gente para realizar este tipo de actuaciones. Lo han hecho con
Iñaki Williams, Vinicius… Pero como hay impunidad…
P.- ¿Y quiénes son los culpables? ¿Las autoridades del fútbol, clubes,
aficiones?
R.- Todos tienen una
responsabilidad. Por un lado, el Consejo Superior de Deportes que lleva más de
10 años sin convocar al Observatorio del que formo parte. Luego está la propia
Comisión Nacional contra la Violencia, que debe asegurar que las sanciones que
proponen se cumplen. Y por supuesto la propia Fiscalía de Delitos de Odio, que
debe dejar de banalizarlos.
También los clubes tienen su
responsabilidad, por supuesto, porque son ellos quienes alientan a estos grupos
ultras con unas zonas específicas, les dan entradas… ¿No lo ven? El derecho al
insulto no existe y el insulto racista en un delito de odio.
P.- ¿Por qué esto se da sobre todo en el fútbol y no en otros deportes?
R.- Porque el fútbol es un
deporte masivo y además es una caja enorme de resonancia enorme. Además, la
presencia de estos grupos les da poder. En la Final de la Final Four de
baloncesto había muchos jugadores de color y no hubo insultos. ¿Por qué? Porque
aquí no hay grupos ultras, que son quienes mueven y contaminan a la gente.
Aunque estos también se dejan infectar. No vale todo para tratar de ganar un
partido.
P.- ¿Le parece lógica la reacción del Gobierno brasileño?
R.- Es una reacción que se puede
entender lógica porque están tratando de defender a un deportista de su país.
P.- ¿Cree que hay una hipocresía porque ahora se habla de esto y luego
se muere?
R.- Es lo que ha pasado siempre.
Tiene mucho impacto al principio y luego se olvida. Esto debe servir de
experiencia e igual que cuando sucedió lo de Samuel Eto’o se dio el paso para
aprobar la ley, ahora debe servir para que se aplique con firmeza.
Declaraciones del presidente del
'Movimiento contra la Intolerancia', Esteban Ibarra, quien ha rechazado la
noción de que España sea un país racista al tiempo que ha señalado la
existencia de actuaciones racistas en el fútbol y en otros ámbitos. "No
estigmatizar a 48 millones de españoles y tampoco estigmatizar a millones de
aficionados al fútbol", ha concluido, "sí señalar a quienes tienen
responsabilidad y son interlocutores necesarios para abordar el problema y
exigirles que lo aborden de una vez por todas y aquí no es sólo el ámbito del
fútbol: es la fiscalía, el ámbito de los jueces y la policía".
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia recuerda
que «no existe el derecho al insulto»
y que los «insultos racistas, como estos, estos castigados en el artículo 510.2.a del Código Penal porque suponen un daño a la dignidad de la
persona. El problema es que no se está aplicando el Código Penal como se
debería».
La primera es que la redacción al respecto en el Código Penal sea congruente en el contenido de los tipos penales
afectados y evite el sinsentido que se observa en su análisis comparado.
La segunda es que se alcance una unidad de criterios por el
Tribunal Supremo para que unifique
doctrina y se eviten
interpretaciones jurídicas contradictorias
que se proyectan en distintas sentencias
judiciales. Y la tercera supone disponer de una concepción del delito y
discurso de odio cuyo alcance y naturaleza sea coherente con la Constitución
española y la universalidad de los derechos humanos.
En 1995 entró en vigor nuestro actual Código Penal (CP),
incorporando la circunstancia agravante
del artículo 22.4. Junto a ellase introducen numerosos tipos penales que se
encuentran diseminados por el CP; como
es el delito de amenazas dirigidas a atemorizar a los habitantes de una
población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o
profesional, o a cualquier otro grupo de personas, del artículo 170.1; el
delito de discriminación en el ámbito laboral del artículo 314; el delito de
incitación al odio, la violencia o la discriminación y el delito de difusión de
informaciones injuriosas del artículo 510; el delito de denegación de una
prestación por el encargado de un servicio público o por el funcionario
público, del artículo 511; el delito de denegación de prestaciones en el
ejercicio de actividades empresariales o profesionales del artículo 512; el delito
de asociación ilícita para promover el odio, la violencia o la discriminación
del artículo 515.4 ; los delitos contra la libertad de conciencia y los
sentimientos religiosos de los artículos 522 a 525; los delitos de genocidio y
lesa humanidad de los art. 607 y 607 bis; el delito de clonación para la
selección de raza del artículo 160.3; el de descubrimiento y revelación de
secretos del artículo 197.5, o el delito de prácticas de segregación racial con
ocasión de conflicto armado del artículo 611.6; todos se sitúan en lo que
conocemos como delito de odio aunque su redacción antidiscriminación es diferente.
El bien jurídico protegido frente a estas conductas es la
dignidad humana. La entonces fiscal general del Estado, María José Segarra, en
la circular 7/19 sobre pautas para
interpretar los delitos de odio, señaló que “…una adecuada exégesis del origen
y fundamento de los delitos de odio no puede obviar que la igualdad y la no
discriminación sólo pueden ser consideradas como una expresión de la propia
dignidad humana. En efecto, la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2007 (en
adelante, CDFUE), dedica su primer artículo a proclamar que: “La dignidad
humana es inviolable.”.Y traslada en la
citada circular a todas las fiscalías
que “habrán de valorar si la conducta
del sujeto activo supone no sólo un trato desigual o discriminatorio, es decir,
una diferencia de trato que no responde a una justificación objetiva, razonable,
necesaria y proporcionada, pues no toda discriminación reúne las
características específicas que la cualifican como expresiva de un delito de
odio. Para que concurra una infracción de odio será necesario, además, que la
acción u omisión sólo pueda ser entendida desde el desprecio a la dignidad
intrínseca que todo ser humano posee por el mero hecho de serlo. Supone, en
definitiva, un ataque al diferente como expresión de una intolerancia
incompatible con la convivencia«.
INCONGRUENCIAS EN LA REDACCIÓN DEL CÓDIGO PENAL
Si comparamos la redacción del 22.4 del CP con la redacción
actual: “Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la
etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación sexual o la
enfermedad o minusvalía que padezca.” (1995), se observa que hay un incrementa
de 12 motivos a los actuales 18, con una
clausula final, sobre las suposiciones del agresor: “Cometer el delito por
motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación
referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o
nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad
que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o
circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la
conducta” (2023).
Mejoró pero no alcanzó la protección universal que reclamamos las organizaciones de derechos
humanos y de víctimas de delitos de odio. Incluso al comparar con el artículo
314, las motivaciones se amplían a 22, incorporando dimensiones laborales o
lingüísticas: “Quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público
o privado, contra alguna persona por razón de su ideología,( …..) por ostentar
la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con
otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas
oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad
ante la ley (…)”. Lo que nos demuestra que tan solosolo depende de la voluntad
política del legislador y nada más.
Difícil explicación de esta disparidad que incluso se amplía
en el 607 Bis al referir los delitos de lesa humanidad a motivos “políticos,.. culturales…u otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional”. En fin, sirva de botón
demuestra el sin sentido de considerar la aporofobia durante años fuera del
agravante hasta su incorporación en
2021.
Otras expresiones de odio y discriminación, radicados en la
intolerancia al diferente, con graves
crímenes como son por aspecto físico, alteración genética, origen territorial,
estilo de vida, profesión, intolerancia lingüística, deportiva y cultural… no estaban en ninguno de los “numerus
clausus” de estos tipos penales.
A muchas personas, no reconocidas en esa sinrazón discriminatoria, se les ataca la
dignidad y quienes lo hacen les
menosprecian y rechazan, incluso pueden considerarles”vidas sin valor”, como
decían racialmente los nazis, o negándoles su existencia como “enemigo de
clase” como afirmaba el estalinismo o el jemer camboyano, y tantas otras aberraciones de lesa
humanidad. El crimen de odio, la acción voluntaria para causar daño por motivo
de intolerancia al diferente, ha de ser combatido desde el derecho penal democrático en todo el
planeta, cumpliendo con la universalidad de los Derechos Humanos cuyo artículo
7 expone que“Todos son iguales ante la ley (…). Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación”.
Pero aún estamos lejos
de esa universalidad, o cerca si se quiere. Solo hay que incorporar la cláusula
general antidiscriminatoria, como hace la Constitución española en su art. 14
con el principio de no discriminación e
igualdad ante la ley“…cualquier otra condición o circunstancia personal
o social”, o también como lo incorpora el Código de Justicia Militar en su
art.50 de los “Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas por los militares”. Clausula general quepaíses como
Canadá, Eslovaquia o Croacia ya incorporan, o
una miradas abiertas como plantea
la ONU al definir el Discurso de Odio
(2019)como «cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita, —o también
comportamiento— , que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona
o grupo en función de lo que son, en
otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color,
ascendencia, género u otras formas de identidad«.
TÓPICOS EXCLUYENTES Y DISCRIMINATORIOS
No vale el argumento de la taxatividad jurídica, pues
esconde una práctica excluyente. Solo debería ser contemplado para
conductas y no para los motivos discriminatorios, de lo contrario se cae en un debate imposible sobre qué
motivos discriminatorios son punibles y
cuáles no, o cuando empiezan a serlo. Ni tampoco vale el tópico de los
“colectivos históricamente discriminados”.
Claro que los hay pero los tipos penales no precisan circunscribirse a ninguna selección
predeterminada de grupo. Se refieren a
motivos,
¿Dónde empieza y acaba el alcance de lo histórico? Los
jóvenes asesinados por tener VIH o la discriminación por proyección genética,
¿serían históricos? Y por ideología, creencias, intolerancia lingüística y
cultural… ¿Cuál si y cual no? ¿Quién
puede ofrecer el listado de los “grupos
vulnerables” o precisar
a cuántas minorías se refieren, a cuantas creencias, enfermedades,
etnias etc.?¿Quién sí y quién no? En relación a las minorías y el motivo de
discriminación por sexo, ¿la mujer es minoría? y en nuestro país ¿son los cristianos un grupo minoritario?
pero si hay crímenes de odio hacia esta condición religiosa.
Y cuando hablamos de ideología, ¿a cuál nos estamos
refiriendo?, ¿al subgénero de la política?
Evidentemente no, porque la ideología también refiere
a visiones de sistemas
económicos, sociales o culturales y
puede que el sujeto pasivo del delito de odio sea por ejemplo, una persona
o colectivo ecologista o feminista, una
persona u organización de derechos humanos o constitucionalista, una persona o
grupo de
trabajadores o de inmigrantes,
todos sin expresa adscripción política. También el reduccionismo terminológico
es excluyente.
Son las conductas discriminatorias lo que
hay que combatir y se debe proteger universalmente a la víctima de delito de
odio porque es el agresor y su intolerancia la causa del problema y no la
víctima por su condición humana.
Universal significa: toda persona, en todo tiempo y lugar,
como así refiere la Declaración de Derechos Humanos que quiere proteger la dignidad intrínseca,
inalienable e imprescriptible de todas las personas y sus derechos
indivisibles. Desde este enfoque esinaceptable la posibilidad de entender que
el delito de odio se circunscriba
exclusivamente a unos colectivos específicos
históricos u otra acepción preestablecida. Eso sería excluyente y contrario a
los preceptos constitucionales.
Se equivocan quienes dicen que en su inicio, la voluntad del
legislador era defender solo a minorías, más bien hay que decir, lo conozco de primer mano, que su objetivo
era defender a personas y colectivos frente
a una intolerancia criminal, aunque equívocamente con un “numerus
clausus” que lo limitó.
Buscaban un plus de agravamiento por las consecuencias del
delito en cuanto a daño y amenaza individual, colectiva y fractura social, que
cometen los sujetos que proyectan en las
víctimas sus prejuicios y animadversiones. Las víctimas se concretan a partir
de la praxis discriminatoria que es la que determina la vulnerabilidad y no a
partir de las visiones identitarias que
a su vez tienden a construir discursos
excluyentes de desigualdad ante la ley.
Los delitos de odio tienen un largo recorrido en la historia
de la humanidad y aunque no dispusiéramos de ese término, son conductas de intolerancia, es decir, conductas de rechazo, desprecio, humillación,
descrédito e irrespeto hacia personas a las que niegan su diferencia, que quieren suspender y violar su
dignidad y derechos, y que ojalá se concreten en infracción penal a nivel
global porque en muchas ocasiones y países no lo son y en el nuestro, como
demuestran los vacíos jurídicos, casi 30 años después de su tipificación en el
Código Penal, los delitos de odio siguen sin ser bien entendidos y por
consiguiente, mal combatidos.
Movimiento contra la
Intolerancia (MCI) y la Asociación
de Futbolistas Españoles han presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado -Área de ‘Delitos de odio
y discriminación’- tras los insultos
racistas sufridos en Valencia por Vinicius
Junior, futbolista del Real Madrid.
Ambas organizaciones, en la línea de colaboración que tienen
abierta, rechazan por completo el inadmisible comportamiento de algunos
aficionados, entendiendo que se debe
actuar ya, y de manera contundente, ante hechos tan graves que, por
desgracia, no son aislados.
AFE quiere recordar que ha pedido en reiteradas ocasiones una reunión del Pleno de la Comisión Estatal
contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte,
de la que forma parte la asociación, sin haber recibido respuesta por el
momento.
Tanto AFE como Movimiento contra la Intolerancia reclaman la
convocatoria inmediata de una reunión
del Pleno del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y del Plenario de
la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia en el Deporte.
AFE y MCI consideran que instituciones como la LaLiga, la
Real Federación Española de Fútbol y el mismo Gobierno disponen de los
mecanismos disciplinarios necesarios para actuar con la suficiente contundencia
ante este tipo de actos.
Tanto el Gobierno
como la Fiscalía pueden y deben de inmediato tomar cartas en este asunto para adoptar las medidas necesarias
ante hechos de tal gravedad.
No todo vale en el
deporte, en el que se cobijan auténticos delincuentes que deben ser
repudiados y sancionados con la contundencia que merecen.
Si no se adoptan ya medidas contundentes, seguiremos
fracasando como sociedad ante hechos que traspasan nuestras fronteras y que
están dañando de una manera irreparable la imagen de nuestro país.
El Espanyol podría afrontar una sanción histórica tras el último
partido del RCDE Stadium. Ciento cincuenta aficionados pericos saltaron de la
grada para atacar a los jugadores del Barça cuando celebraban el alirón en el
césped. Afortunadamente, la seguridad del estadio, junto con las autoridades,
logró retener la situación y nadie salió herido.
Esteban Ibarra, presidente
de 'Movimiento contra la Intolerancia', analizó el momento de tensión
vivido en Cornellà y explicó en 'El Larguero' cuáles podrían ser las
consecuencias y si existen precedentes en el fútbol español.
"Al Espanyol le toca
identificar e ir de la mano de la policía. Hay un precedente que juega a su
favor: identificaron a los que insultaron de manera grave al jugador del
Athletic Iñaki Williams", comenzó a explicar. "Si no se toman medidas, seguirá sucediendo. Esto no son
infracciones deportivas, son delitos.
Haciendo memoria, no recuerdo algo de este calibre en el fútbol profesional.
Está en los niveles más altos de los incidentes que no han llegado delitos de
sangre", explicó.
"Estos grupos continuamente intimidan a los equipos y a los jugadores
por la proximidad. En el Real Madrid, el grupo de animación más peligroso
estaba en una grada más alta. Eso ya, de entrada, hubiese impedido el acceso al
campo", añadió.
¿Qué se puede hacer para
disminuir las invasiones de campo o las infracciones a la seguridad de manera
masiva? Ibarra señaló claramente la solución: "La Comisión Estatal Antiviolencia propone sanciones, pero se
pierden con el tiempo. Las encargadas de concretas esas sanciones son las
delegaciones de Gobierno, y con el tiempo se termina diluyendo".
"Soy el más antibarcelonista
de todos, pero a mí no me representan"
A pesar de las duras imágenes el
día del pospartido (cientos de personas invadiendo el césped y enfrentándose en
el túnel de vestuarios), Carlos Marañón pasó por El Larguero para explicar la
versión de la afición perica. ¿Cómo les ha sentado la respuesta de los ultras?
"No dábamos crédito con lo que estábamos viendo. A mí no me
representan. Soy persona, deportista, he jugado al fútbol y soy el más
antibarcelonista de todos. Quiero que pierdan hasta los entrenamientos. Claro
que no queremos que ganen en nuestro estadio, eso es parte de la rivalidad
futbolística. Otra cosa es que no lo tengas que aguantar porque ha tocado así
en el calendario", explicó.
"Me gustaría que no se
confundiera: ayer saltaron los que saltaron, muchos. Pero la afición del
Espanyol no es esto. Se nos estigmatiza por cuestiones políticas, deportivas...
Sé que había gente buscando banderas de España entre los que saltaron. Pero no
se puede llevar a esos extremos. El Espanyol es la primera víctima de
eso", concluyó.
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