La libertad de elección de colegio dispara el porcentaje de alumnos de minorías étnicas e inmigrantes en centros públicos
18.09.11 - 00:56 – Fidela Mañoso
Algunos colegios públicos de la capital se han convertido con el tiempo en auténticos guetos educativos, con una más que
elevada concentración de alumnos de minorías étnicas o de inmigrantes, o de ambos, que no contribuye a la tan cacareada integración en la que se ha insistido durante los últimos años. Pero es un asunto espinoso, delicado, que escuece no solo a la Administración educativa, sino a la sociedad en general que, algunos dicen, es de por sí segregadora y clasista. Y ha sido la Asociación de Vecinos de La Pilarica y la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado las que han dado un paso al frente y han denunciado la situación en la que se encuentran los colegios del barrio, pero no con ánimo de guerra. «No queremos que se nos malinterprete, solo queremos conciliar posturas y dar una respuesta entre todos», explica Margarita García. Estos colectivos vecinales han hecho llegar su
queja al Procurador del Común, en la que exponen que en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria ubicados en Pilarica todo el alumnado matriculado en el curso escolar 2010-2011 (la tónica sigue en este nuevo curso) pertenece a minorías étnicas o familias inmigrantes. Concretamente, se refieren al
colegio Antonio Machado, que contaba en ese periodo con 28 alumnos, todos de etnia gitana, y pertenecientes a unas pocas familias, y al
colegio público Gabriel y Galán, donde los 108 menores matriculados pertenecían también a la citada etnia o a familias inmigrantes, unas situaciones similares a las que, a su juicio, se dan en otros centros públicos ubicados en la capital.
Y es que consideran que esta circunstancia atenta contra los principios que marca la LOE en cuanto a la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, y la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. Es más, aseguran que la existencia de estos colegios gueto hace que la educación obligatoria quede dividida en dos redes: una elitista concertada o privada, y otra pública, donde se segregan las clases excluidas y marginadas, en clara oposición al espíritu integrador y no discriminatorio que propugna la LOE.
LA SEGREGACIÓN
Pero los vecinos van más allá, y hacen referencia al hecho de que se aprecia una «creciente conciencia ciudadana que acepta como normal estas situaciones de segregación», con consecuencias «muy negativas para el buen funcionamiento presente y futuro de los centros escolares públicos e incluso de los propios barrios en que se ubican».
Y es que cuando un centro escolar entra en esta dinámica se genera una espiral de la que es difícil salir, porque la presencia de un gran número de alumnos pertenecientes a grupos sociales marginados provoca el rechazo de la mayoría de la población de la zona a matricular a sus hijos en dichos colegios, y eso hace que la proporción del alumnado perteneciente a minorías aumente y, con ello, un desprestigio injustificado del centro.
De esta forma, los colegios se vacían a causa de la escolarización, con la creciente infrautilización de las dotaciones escolares, «mientras la mayor parte del alumnado potencial se matricula en otros centros, casi siempre concertados o más alejados de su domicilio, para cursar Infantil y Primaria».
Los denunciantes consideran que no hay propuestas desde la Administración educativa para resolver esta situación, «y que parece que la única solución es el aumento de las plazas concertadas, lo que en realidad lleva a un aumento de la desigualdad». Reconocen que los problemas que puedan tener estos centros públicos con una elevada matriculación de minorías étnicas se intentan paliar con la intensificación del trabajo de los equipos de pedagogos, «que realizan una labor encomiable, pero cuyo trabajo no logra romper la dinámica de progresiva degradación de los centros» que, a su juicio, solo puede modificarse con medidas que favorezcan el reparto equitativo del alumnado y la implantación de programas educativos que mejoren su atractivo. Ante este panorama, los vecinos plantearon el pasado curso a la Dirección Provincial de Educación la necesidad de que se aplicaran medias urgentes para reactivar el prestigio y la aceptación social de los servicios de educación en los centros públicos de Pilarica y en otros en situación similar, «aunque hasta el momento no se tiene conocimiento de que se haya tomado ninguna medida»
Y el Procurador del Común acaba de dictar una resolución al respecto, fechada en agosto, en la que pide a la Administración educativa que intervenga de forma activa «para prevenir las consecuencias negativas que influyan en la plena integración de los alumnos y en los niveles de calidad de la educación, incluso en detrimento de la plena efectividad del derecho a la libertad de elección del centro, si es imprescindible para evitar la existencia de guetos educativos».
En estos casos, dice en su resolución, «la intervención de la Administración educativa está llamada incluso a restringir el derecho a la libre de elección de centro educativo, para conseguir una distribución más equitativa del alumnado de origen inmigrante y socioculturalmente desfavorecido entre los distintos centros docentes sostenidos con fondos públicos», en la línea en la que, por ejemplo, se pronunció el Defensor del Pueblo en un Informe especial sobre 'La escolarización del alumnado de orden inmigrante en España: análisis descriptivo y estudio empírico', realizado en el año 2003 con la colaboración de Unicef, y en el Informe anual del Defensor del Pueblo de España del año 2009 e instando la aplicación del artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación, sobre la base del objetivo de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, y señalando que el derecho de libre elección de centro no es un derecho incondicionado a la obtención de plaza en el centro solicitado, ni impide a la Administración educativa la asignación de plazas a los alumnos en centros distintos a los solicitados.
Asimismo, la Defensora del Pueblo riojano emitió un Informe Especial sobre 'La matriculación del alumnado inmigrante en los centros públicos y concertados para la Enseñanzas Infantil y Primaria dentro del término municipal de Logroño (curso 2008/2009), en el que también se estudió la problemática de la posible concentración de alumnos inmigrantes en determinados centros públicos, y se justificó la posibilidad de limitar el derecho a la libre elección de centro por parte de la Administración.
De ahí, que esta institución considere la necesidad de hacer hincapié en la información que ha de facilitarse al alumnado inmigrante y al perteneciente a etnias minoritarias «sobre su derecho a la elección de centro y la oferta de centros existente, sobre las dificultades que pueda presentar una determinada opción, y las implicaciones que para el futuro tendrá una determinada alternativa, de cara a conseguir una plena integración e igualdad de oportunidades».
Carlos Gil – Zamora
El pasado sábado día 27 de agosto se celebró la I Fiesta Intercultural Villa de Mayorga.
SUSANA ARIZAGA
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