El coronavirus no puede usarse como excusa para atacar a las minorías

El COVID-19 no solo ataca la salud, también exacerba la xenofobia la exclusión y el odio, asegura un experto en derechos humanos, que alerta de los políticos que usan las minorías como chivos expiatorios y piden a los Estados que las protejan, garantizando sus derechos, incluidos el acceso a los servicios de salud y la información sobre la pandemia.

UNMISS/Isaac Billy

Doctores toman la temperatura de una mujer desplazada en Sudán del Sur.

El coronavirus COVID-19 no solo representa una pandemia de salud, sino que está intensificando la xenofobia, la exclusión y el odio, advirtió este lunes el relator especial* de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes.

"La explotación de los temores relacionados con COVID-19 por parte de grupos y políticos como chivos expiatorios de las minorías está provocando un alarmante aumento de los abusos verbales y físicos contra los chinos y otras minorías, y a algunos incluso se les niega el acceso a la atención sanitaria y a la información sobre la pandemia", indica un comunicado emitido por el relator.

El experto en derechos humanos advirtió que las informaciones que recibe sobre agresiones físicas a personas asiáticas, los discursos de odio acusando a las minorías de propagar el virus o los políticos que solicitan denegar el acceso a los servicios de salud a los migrantes "muestran que los Estados deben insistir urgentemente en que se protejan los derechos humanos de todos, en particular de los más vulnerables y marginados".

Migrantes, personas con discapacidad, indígenas

Varennes expresó su preocupación por los llamados a denegar el acceso a la atención médica a los migrantes indocumentados y ante la ausencia de información sobre la pandemia en los idiomas de las minorías, entre ellos los lenguajes de signos.

"Los más vulnerables del mundo suelen ser los últimos en la fila en recibir apoyo.

Por eso, advirtió que millones de personas, especialmente de minorías y pueblos indígenas, pueden quedar excluidos de los mensajes de salud pública "más importantes en varias generaciones".

"Los más vulnerables del mundo suelen ser los últimos en la fila en recibir apoyo. Por consiguiente, la comunidad internacional y los Estados deben colaborar estrechamente para informarlos, ayudarlos y protegerlos. Ello incluye comunicarse con ellos en sus propios idiomas, siempre que sea posible, para transmitir eficazmente la información y la atención de salud pública vitales, así como aplicar medidas para su protección contra el maltrato físico y la incitación al odio".

El relator destacó que todo el mundo puede ayudar a combatir este tipo de discriminación contra las personas asiáticas u otras minorías usando las etiquetas #IAmNotAVirus o #YoNoSoyunVirus en sus mensajes en las redes sociales.

[Descarga nuestra aplicación Noticias ONU para IOS o Android. O subscríbete a nuestro boletín.]

La relatora especial de la ONU para las Cuestiones de las Minorias, Rita Izsak Foto; OHCHR

Portal del COVID-19 y noticias actualizadas:

Para obtener información genérica del coronavirus pulse aquí.Para tener información actualizada al último minuto sobre el COVID-19, pulse aquí.

El coronavirus y las personas privadas de libertad

Por su parte, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura** publicó una serie de recomendaciones para los Gobiernos sobre cómo proteger a las personas privadas de libertad en prisiones, recintos de detención de migraciones, campos de refugiados cerrados y hospitales psiquiátricos durante la pandemia de coronavirus.

Entre las medidas se incluye:

• evaluar la posibilidad de liberar a los reos menos peligrosos mediante planes o estrategias de excarcelación temprana, provisional o temporal
• examinar todos los casos de prisión preventiva
• ampliar el uso de las fianzas en todos los casos excepto en los de mayor gravedad
• revisar y reducir la detención de migrantes y los campos cerrados para refugiados.

Asimismo, indica que tanto ese grupo poblacional "como las personas en cuarentena y en entornos cerrados, sus familias y todo el personal deben recibir información confiable, precisa y actualizada respecto de todas las medidas".

El presidente del Subcomité, Malcolm Evans, destacó que ante los problemas de hacinamiento o de salud en las cárceles u otros centros de privación de libertad hay que actuar de manera inmediata.

Por ese motivo, "los Gobiernos tienen que tomar las medidas de precaución necesarias para evitar la expansión del contagio, e implementar medidas de emergencia para asegurar que los detenidos tengan acceso a niveles apropiados de atención médica y puedan mantener el contacto con sus familiares y con el mundo exterior".

Debido a la pandemia de coronavirus el Subcomité tuvo que posponer su visita a Madagascar prevista para mayo.

*Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el órgano más grande de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan con carácter voluntario; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un sueldo por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

**El Subcomité para la Prevención de la Tortura monitorea la observancia de los Estados partes al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que hasta la fecha ha sido ratificado por 90 países. Se compone por 25 integrantes, que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, quienes sirven en su capacidad individual y no como representantes de Estados partes. El Subcomité tiene el mandato de realizar visitas a Estados durante las cuales puede visitar cualquier lugar donde pueda haber personas privadas de libertad.

Fuente y más información aquí

A juicio por denegar a una niña la educación inclusiva

Los padres de una niña con discapacidad denuncian a la administración madrileña por incumplir la Convención de la ONU

Cuando suena una nota musical, el cerebro de Athenea se activa. Ella, una niña de 13 años con discapacidades y capacidades diversas, ha encontrado en el piano una tabla de salvación a nivel educativo y vital. Sus padres, Carmen Nieto y José Ignacio Boixo, basándose en ese hallazgo en las aptitudes de su hija, luchan desde hace años contra el sistema para que reciba la educación que ellos quieren, la denominada inclusiva, es decir, la que se imparte en un centro ordinario, pero con los apoyos necesarios. Sin embargo, un informe realizado en 2017 por un comité de evaluación de la Comunidad de Madrid decidió lo contrario: Athenea debía ser escolarizada en educación especial, la destinada exclusivamente a alumnos con alguna discapacidad. El asunto, enquistado en la administración tras años de reclamaciones, irá a los tribunales por la vía penal. El caso está además en la fiscalía provincial.

Miércoles por la tarde en Colmenarejo. Athenea recibe en su casa a Ingartze Astuy, su profesora de piano. Lo que empezó como una forma de activar sensorialmente su cerebro se ha convertido en parte esencial de la vida de la niña, que nació con un tumor cerebral del que fue operada a los 23 días de vida y por el que, tras ser intervenida, sufrió una infección hospitalaria que la dejó con secuelas severas. “No va a ver, ni oír, ni andar”, dijeron los médicos a los padres “A los seis meses me fui a casa con un bebé que era un vegetal. Aunque yo la miraba y veía un sujeto”, recuerda Carmen. Los inicios fueron duros pero, ahora, en plena adolescencia, Athenea, cuyo hermano es el español que diseñó el mayor hito de la computación cuántica, ve con gafas, oye perfectamente y anda moderadamente bien con la ayuda de un corsé. Además de esos logros, la niña destaca por tener “un oído musical absoluto”, en palabras de su primera profesora de piano, Diana Real, y los informes de su neurólogo. “Claramente mi hija no va a entender nunca el teorema de Pitágoras, pero tiene derecho a formar parte de la sociedad y la cultura a la que pertenece. No quiero que se le aparte y se le ponga el cartel de discapacitada para que forme parte de un gueto”, se queja la madre.

Pero para conseguir eso, los padres tienen que luchar contra el sistema educativo. En concreto, contra la Comunidad de Madrid. Dos padres formados (ella, licenciada en filosofía, máster en psicoanálisis y perito judicial; él, ingeniero informático y perito judicial también) y asesorados por el CERMI (Comité Español de Representantes con Personas con Discapacidad) y por Juan Rodríguez Zapatero, su abogado, están dispuestos a acudir a donde haga falta: los tribunales españoles, europeos o de derechos humanos. “Mi hija no puede estar en una clase poniendo pinchitos en un agujero, que es lo que se hace en educación especial. A los niños hay que estimularlos, ver en qué destacan y potenciar eso como un tesoro. Con ella puede ser la música, pero a otro niño se le puede dar bien el dibujo o ser un genio de las matemáticas. No podemos segregarlos y tratarlos a todos por igual”.

Carmen señala el momento en que cambió la suerte de Athenea, en lo referente a su educación. Fue en 2017, cuando decidió denunciar unos supuestos malos tratos que sufría en uno de los cinco colegios por los que ha pasado. “Venía con golpes y me trataban de loca. Hasta que me dijeron que me tenía que aguantar porque era la madre de una discapacitada”. Tras su queja, un comité de evaluación de la Comunidad de Madrid valoró a la niña. “Te engañan. Te preguntan por ella y te hacen creer que van a valorar también sus aptitudes para decidir qué es lo mejor. Sin embargo, cuando te dan el informe solo se centran en sus discapacidades. Y, a partir de ahí, estás perdido. La Comunidad te dice que si no lo firmas, se queda sin escolarizar”. Desde entonces, Athenea está matriculada en educación especial. Y sin opción a réplica.

La jefa de área de Educación del centro de Madrid, Coral Báez, denegó de nuevo a finales de julio la petición de Carmen y José Ignacio de elegir la educación de Athenea, basándose en aquella evaluación que le hicieron a la niña en 2017. Era el quinto ‘no’ que recibían en dos años. Así que pusieron una denuncia en el juzgado de Collado Villalba, y después comunicaron su caso al fiscal general de Madrid, Javier Caballero Klink, que “dada la gravedad del caso”, en palabras suyas remitidas por carta a los padres de Athenea, lo puso en manos de la fiscalía provincial de la región.

El profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma, Gerardo Echeita, defiende que padres como los de Athenea “no se sientan solos” en una lucha titánica contra el sistema. “Lo que piden es un derecho fundamental. Y los derechos no son optativos. Lo dice nuestra Constitución y la Convención de la ONU. Pedir una educación inclusiva no es un capricho de unos padres, ni los niños están ahí para fastidiar a los demás”, analiza. La administración regional, sin embargo, no lo tiene tan claro.

Los datos

"Nosotros lo que decimos es que educación ordinaria con apoyos sí, pero educación especial, también", explica Enrique Ossorio, consejero de Educación. "Yo fui el otro día al colegio La Quinta, de El Pardo, y es que es absolutamente imposible, eso no sería educación inclusiva, porque si a esos chicos los llevas a un colegio ordinario lo que vas a conseguir es que no se integren, en un colegio ordinario estarían completamente rechazados".

Según datos aportados por la administración, la región madrileña cuenta en la actualidad con 25 centros públicos de Educación Especial y 41 concertados. Del total de alumnos con necesidades especiales, cerca de 33.000 (el 83%) están escolarizados en centros ordinarios con apoyos o en centros de escolarización preferente. El restante asiste a centros de Educación Especial. Lo que no cuentan esas cifras, insiste Carmen, es que esos niños en centros ordinarios estudian en aulas segregadas.

"Esa es la típica respuesta de las administraciones que van al número pero no a la calidad de la respuesta a la que tienen derecho. Como este es un asunto de más calado, en seguida tratan de abrumar con cifras olvidando lo sustantivo del asunto y es que es un derecho refrendado al más alto nivel que obliga a los Estados partes a no conformarse con tener más o menos alumnos en centros ordinarios o especiales, sino a comprometerse con que, en un tiempo razonable, todos tengan una educación inclusiva de calidad", continúa Echeita. Por ahora, analiza, esta educación es irreal si no existen políticas con un enfoque sistémico orientadas a crear las condiciones para que sea real. "Porque es posible. Está más que demostrado en países como Portugal, Italia, algunos estados de Canadá... la lista es larga". Representantes de la ONU, que han visitado España en varias ocasiones, han dado un tirón de orejas reiteradamente a España por incumplir la normativa internacional. Ossorio, sin embargo, lo tiene claro: "Yo invito a la ONU a que vaya al colegio La quinta, les vea y considere si pueden estar en un colegio ordinario. Yo no sé la ONU de la mano de quién habrá venido, pero es tan evidente...".

Athenea, ajena a la lucha de sus padres, es una niña bromista, risueña y le encanta regalar abrazos. Dos días a la semana recibe las clases de piano en su casa, con Ingartze. Se sienta frente al teclado del instrumento de madera que preside el salón, se concentra y lee partituras hechas con diferentes colores. “¿Ves cómo lo he hecho? ¡Soy una campeona!”, celebra cada vez que termina una melodía. Hace relativamente poco consiguió su último logro: utilizar también su mano izquierda. “La tenía tan rígida que no la usaba. Pero ella misma ha encontrado la solución. En el momento en que se dio cuenta que la necesitaba para que el piano sonara bien, consiguió dominarla”, explica su profesora.

Por lo pronto, sus padres han conseguido, no sin mucha insistencia, que el colegio en el que estudia ahora, La Purísima, acepte un piano donado por ellos mismos para que pueda tocar también durante sus horas lectivas. No es una conquista menor para ellos: “Al menos han reconocido que sabe leer una partitura, antes no se lo creían”.

UNA PROPOSICIÓN DE LEY QUE TODAVÍA SIGUE VIGENTE

La educación inclusiva es un asunto espinoso que divide a la comunidad educativa. El año pasado, una propuesta de ley apoyada por 43 Ayuntamientos de la Comunidad —de diferentes sensibilidades políticas— llegó a la Asamblea en favor de este tipo de educación y siguió adelante gracias al apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos. “Se aprobó con amplia mayoría”, explica Jesús Rogero, miembro del grupo promotor de aquella proposición de ley y profesor de Sociología en la Universidad Autónoma. “Una iniciativa legislativa no decae con el cambio de Gobierno”, agrega. Pero Ciudadanos forma parte ahora de él. Los intereses políticos han cambiado.

Tras la aprobación de esta proposición, directivos y gerentes de escuelas católicas de Madrid denunciaron que, si seguía adelante, los centros de educación especial corrían peligro de desaparecer y se iba a perder el derecho de los padres a elegir el centro adecuado para sus hijos. Dos sindicatos de la educación concertada apoyaron ese argumento, el FSIE (Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid) y FEUSO Madrid (Federación de Enseñanza de USO de Madrid), y de ahí nació la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial también’, que defiende el derecho a llevar a sus hijos a centros de educación especial. “Se desinformó a las familias y les dijeron que si seguía adelante esa ley y otra similar, aunque más ambiciosa propuesta por Podemos, se iban a cerrar los centros y no es así. Y se montó un revuelo. Hay intereses de que se mantengan las cosas como están. Esos centros también son un negocio. Hay un lobby de la escuela concertada especial”, analiza Rogero. Carmen, por su parte, finaliza: "Nos quieren enfrentar a los padres cuando no hay nada más lejos de la realidad. Yo no digo que haya que cerrar esos centros, habrá algunos niños que lo necesiten. Pero no todos por regla general".

La Consejería de Educación ha eliminado en al menos una decena de colegios la figura del especialista en audición y lenguaje. Según denuncian familias y profesores, el trabajo de este maestro ha quedado relegado a niños con trastornos del lenguaje exclusivamente y han dejado de apoyar al resto de alumnos con trastornos del espectro autista que requieren de estos especialistas como recogen sus informes, elaborados por los orientadores de la Comunidad de Madrid.

Desde la Consejería explican que los recursos se asignan en función de las necesidades y que se ha dado prioridad a los niños con retraso específico del lenguaje. Niegan los recortes y admiten que no hay recursos suficientes para cubrir las necesidades de todos los niños con trastornos como autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral. 

Comisiones Obreras, por su parte, opina que los recortes son evidentes, que faltan muchos profesionales y que los que trabajan lo hacen muy por encima de su ratio. Denuncian que la Consejería está dando órdenes verbales a los orientadores para que "no diagnostiquen a más niños porque no hay recursos".

Colegios como el Pi y Margall de Malasaña o el Amos Acero de Puente de Vallecas, son algunos de los colegios afectados. "Se está dejando en manos de las familias la atención especial que requieren sus hijos que sí que tienen el apoyo del maestro de audición y lenguaje en otras comunidades", explican fuentes del sindicato. 

Fuente y más información aquí

Un bar de Valladolid, a juicio por impedir la entrada de jóvenes gitanos

El dueño y una camarera de un bar de Valladolid se sientan este miércoles en el banquillo de los acusados por impedir la entrada de unos jóvenes gitanos, un caso en el que la Fundación Secretariado Gitano intervino ante lo que consideran un “delito de discriminación” que contraviene los “derechos fundamentales”.

Los hechos se produjeron en enero de 2017, cuando, según la propia fundación, una de las empleadas del bar impidió el acceso a dos jóvenes gitanos alegando que, por orden del dueño, les estaba prohibida la entrada. Los jóvenes expusieron el caso al Secretariado Gitano, que elevó una denuncia a la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio.

Tal y como explicó la entidad en un comunicado, “la denegación de acceso a bienes y servicios en el ámbito privado es un delito de discriminación que se recoge en el artículo 512 del Código penal”, y aseguró que la política del establecimiento atenta contra el “derecho a la Igualdad y la dignidad de las personas”, recogidos en la propia Constitución.

Según el testimonio de uno de los jóvenes, “en aquel momento nos sentimos humillados y avergonzados, no entendemos cómo en el siglo XXI se nos trata así por ser gitanos”. La fundación, por su parte, explicaron que hechos como éste debe ser abordados “desde un enfoque de derechos humanos”.

Por último, el Secretariado Gitano explicó que estos hechos no son aislados, al tiempo que celebró que este juicio “envía un mensaje claro a quienes no permiten la entrada a sus locales por una motivación antigitana”.

Fuente y más información aquí