Movimiento contra la Intolerancia denuncia ante el Defensor del Pueblo que el Proyecto de Ley de infancia ‘discrimina’ a víctimas de delitos de odio

 AFIRMA QUE LA NUEVA REDACCION QUE CONTEMPLA DEL ARTÍCULO 22.4 DEL CÓDIGO PENAL EXCLUYE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS VÍCTIMAS

Señala que la nueva redacción de los motivos de discriminación es "excluyente, contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que requieren universalidad"; en la imagen Esteban Ibarra, presidente de esta asociación de derechos humanos, fundada en 1991

Movimiento contra la Intolerancia (MCI) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que la nueva redacción del Proyecto de ‘Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia’ «discrimina a víctimas de delitos de odio».

Hoy ha presentado una queja, a la que ha tenido acceso Confilegal.

Según expone el presidente de esta asociación de derechos humanos, Esteban Ibarra, al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, “la nueva redacción de la circunstancia agravante 22.4 del Código Penal, que, a su vez, se traslada a otros tipos penales que afectan a los delitos de odio” suprime la cláusula general antidiscriminatoria que había incorporado el anterior Gobierno socialista el 28 de diciembre de 2018 en su anterior proyecto, adecuándose al mandato constitucional, en especial la universalidad de los artículos 10 y 14 de la Constitución española, y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Según explica Ibarra, el nuevo proyecto de Ley, que conlleva la nueva regulación de los delitos de odio en los artículos 22.4, 314, 510, 511, 512 y 515.4, al eliminar como cláusula general cualquier otro motivo de discriminación, produce un efecto de exclusión y discriminación hacia el resto de víctimas que sufren delitos de odio.

Denuncia que es «un grave error», porque «comete una discriminación hacia todas las personas que no están incluidas en la citada redacción, como son aquellas vinculadas a factores o circunstancias por las que sufren discriminación, sea por origen territorial, social, por idioma o lengua, opinión, color, aspecto físico, profesión, identidad cultural o deportiva, por características genéticas, por estilo de vida o por las infinitas manifestaciones de la condición humana».

Así las cosas, Esteban Ibarra subraya que esta nueva redacción «no contempla a amplios sectores de personas vulnerables a esta victimización».

Recuerda que ha venido denunciando públicamente desde la aprobación el pasado mes de junio de este Proyecto de Ley, que estamos ante una “situación discriminatoria que vulnera los derechos humanos y la igualdad ante la ley»

Según ha informado Movimiento contra la Intolerancia, el anterior anteproyecto «ya modificaba el Código Penal para incluir la edad, razones de aporofobia o exclusión social, como en el nuevo, pero además incorporaba esa cláusula general que permitía sancionar cualquier otro motivo basado en un prejuicio discriminatorio”.

«En los últimos años, las ONG que luchamos contra los delitos de odio hemos señalado los déficits de la redacción vigente que arranca del Código de 1995, logrando que se subsanara en el anteproyecto anterior, y entendemos que no hay motivo alguno para la supresión de esta cláusula», explica Ibarra a Confilegal.

Cita varios casos en los que «no se pudo aplicar la circunstancia agravante», como el del asesinato de Aitor Zabaleta, el crimen del roll, el de un joven punki en Costa Polvoranca o numerosas agresiones, a veces mortales, que no están explícitas en el “Numerus Clausus” actual -factores explícitos, el Código Penal recoge 13- , ni en la nueva redacción, por lo que «quedarían sin la igual protección de carácter universal que debe de procurar la legislación penal».

También denuncia que la nueva redacción «contraviene» la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establecen que todas las personas somos iguales ante la ley y tenenos, sin distinción, derecho a igual protección.

Señala que «esta es la línea que ha seguido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de discurso y delitos de odio».

Asimismo, afirma que esta nueva redacción del proyecto de Ley «incumple las recomendaciones de la OSCE y del Consejo de Europa», y que «es contradictoria al Código Penal Militar español que sí dispone de una cláusula general antidiscriminatoria en los artículos 48 y 50, donde se sancionan “los actos que supongan grave discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por último, también destaca que en la nueva redacción se comete una «incongruencia técnica», al comparar el artículo 22.4 y el 314 del Código Penal, que tienen una redacción diferente de factores protegidos.

Ibarra recuerda que «en el artículo 314 se recoge la representación sindical de los trabajadores y el parentesco y no en los demás tipos penales recogidos en 22.4».

LA FISCALÍA TAMBIÉN COINCIDE EN LA NECESIDAD DE UNIVERSALIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS DE ODIO 

Esteban Ibarra informa a Fernández Marugán que Movimiento contra la Intoleranci también ha transmitido su preocupación a la Fiscalía General del Estado (FGE), de quien ha recibido su «punto de vista favorable» a las observaciones de la asociación, como hizo público en una nota de prensa publicada el pasado 9 de octubre, en la que expresaba que “ambas partes coinciden en la necesidad de sostener la universalidad en la protección de las víctimas de delito de odio y han puesto de manifiesto su voluntad de potenciar la adecuada y necesaria asistencia a las mismas”

Según informó entonces a Confilegal Esteban Ibarra, la Fiscalía le confirmó en aquella reunión su compromiso en ofrecer una respuesta especializada y, por tanto, «más eficaz» en la investigación de este tipo de actividad criminal, a través de la red de fiscales especialistas coordinados por la Fiscalía Delegada de delitos de odio y discriminación del Tribunal Supremo prestando especial atención a la creciente expansión del discurso de odio en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Ambas partes coinciden en la necesidad de sostener la universalidad en la protección de las víctimas de delito de odio y han puesto de manifiesto su voluntad de potenciar la adecuada y necesaria asistencia a las mismas.

Ibarra también transmite al Defensor del Pueblo que Movimiento contra la Intolerancia y el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio han reclamado públicamente a los grupos parlamentarios la «subsanación» de esta nueva redacción del anteproyecto para que recoja esta cláusula general antidiscriminatoria y se evite así también «la más que posible inconstitucionalidad de esta modificación».

Movimiento contra la Intolerancia lamenta la «ausencia de respuesta» por parte de los grupos parlamentarios hasta la fecha.

Ibarra espera que el Defensor del Pueblo atienda la queja y requiera a los grupos parlamentarios que modifiquen la actual redacción del Proyecto de Ley.

«Las ONG que luchamos por la erradicación de los delitos de odio vemos en esta redacción un paso atrás de los avances conseguidos en la protección universal de la dignidad, libertades y derechos fundamentales que ampara el Código Penal, por ello reclamamos que se subsabe esta aberración», manifiesta Esteban Ibarra.

Además, Movimiento contra la Intolerancia reclama una Ley Integral contra los delitos de odio.

Informa que en España, según se desprende del último informe de la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior, publicado el pasado mes de julio, al menos han sido denunciados oficialmente 1.706 delitos de odio en 2019, de los que el 35% son por razón ideológica, el 30% por racimo y xenofobia, y el 35% por otros delitos.

«Sin embargo, son muchos más los que se desconocen oficialmente», apunta Ibarra.

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El Defensor del Pueblo pide una "revisión profunda" del sistema de residencias de mayores para dar una atención "digna"

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Una residencia de mayores de Cádiz - EUROPA PRESS

Fernández Marugán avisa de que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto las carencias en estos centros

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, considera que el modelo en su conjunto del sistema residencial para personas mayores requiere una "revisión profunda" si se quiere conseguir que haya un número suficiente para mayores en las que se preste "una atención de calidad centrada en el individuo, su dignidad y sus derechos".

La institución, que ha presentado este miércoles en el Congreso su informe correspondiente a 2019, ha recalcado que algunas de sus recomendaciones y sugerencias pasadas, "tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad". Como ejemplos, destaca la situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una renta mínima de inserción social de ámbito estatal.

Por ello, aboga por reformas en el ámbito de las residencias de mayores, centradas en "prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora" en estos para poder hacer frente a los retos actuales y futuros, así como revisar al alza las ratios de personal de atención directa.

"La estructura de edad de la población y su proyección futura, junto con los cambios en los modelos de hogar y la mayor escasez de apoyos familiares, obligan a revisar las pautas de actuación en la atención social", alerta el Defensor.

El Defensor lleva examinando desde hace unos años la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el territorio nacional y alertando de las carencias de medios y personal en "muchos de ellos".

4,1 PLAZAS DE RESIDENCIA POR CADA 100 MAYORES

España cuenta en la actualidad con 4,1 plazas de residencia por cada 100 personas mayores. Son en total 372.985 plazas en 2019, según la base de datos de residencias de Envejecimiento en Red del CESIC. El número de octogenarios ya supone el 6,1% de toda la población y el de centenarios asciende a 16.303 personas. Esto pone de manifiesto un claro proceso de "envejecimiento del propio envejecimiento" que previsiblemente se intensificará en los próximos años.

Por eso, de entre las reformas más urgentes, cree necesario revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial. "Los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente respetuosa con sus derechos", considera el Defensor.

Para ello, insta al Consejo Territorial a profundizar en el conocimiento de las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de dependencia II y III, para así fijar unos requisitos y estándares adecuados en materia de recursos humanos que establezcan las ratios, tanto en cómputo global como específico, por categorías profesionales, distinguiendo gerocultores y otras categorías.

También califica de urgente que las comunidades autónomas aumenten su capacidad inspectora, dado el gran número de residencias existentes y los diferentes modelos de gestión, y cree conveniente reforzar la atención médica y de enfermería en estos centros residenciales.

Para aquellos casos de mayor dependencia o enfermedad, la Institución señala que "puede resultar adecuado tender a la generación de entornos más pequeños y domésticos", para que prime "la calidad de vida, el respeto a la autonomía y la dignidad" de las personas que habitan estos espacios.

Otra de las conclusiones del Defensor del Pueblo es que perdura una gran dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento. En consecuencia, para solventar esta situación se requiere que las comunidades autónomas realicen un "importante esfuerzo de actualización y armonización".

LEY ORGÁNICA

Por otra parte, la Institución asegura que "la vida en una residencia puede dar lugar a situaciones que afectan a la libertad, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico" o "las sujeciones físicas".

El conjunto de problemas que plantean estas circunstancias hace necesaria "una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas de edad avanzada pueden tener, excepcionalmente, que asumir limitaciones al ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en centros residenciales".

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"Los inmigrantes nos quitan el trabajo" y otras mentiras que desmonta el Defensor del Pueblo

El organismo publica un exhaustivo informe sobre los beneficios de la migración a nivel económico y social y demanda una política migratoria "activa e inteligente", con cambios legislativos que mejoren la empleabilidad y las condiciones laborales de los extranjeros ante una crisis económica sin precedentes y el auge de atractivos discursos xenófobos sin fundamento.

Un trabajador extranjero durante su jornada laboral en la construcción.- EFE

Los extranjeros nos quitan el trabajo. Los inmigrantes empeoran nuestras condiciones laborales. La crisis podía haberse evitado si no hubiéramos recibido tantos inmigrantes. No tienen formación suficiente para nuestras necesidades laborales. Se llevan la mayoría de ayudas sociales y subsidios. Colapsan la sanidad y elevan el gasto público. Vienen por nuestro Estado del bienestar. Reciben más de lo que aportan. En España no necesitamos a los inmigrantes para crecer.

Todas estas ideas llevan décadas circulando, prácticamente el mismo tiempo que las personas migrantes circulan por nuestro país. Siempre han sido falsas creencias, prejuicios sin fundamento empírico a menudo utilizadas como ariete político y caladero de votos. No todas son aceptadas por la sociedad, aunque algunas sí, pero sobre todo son repetidas y utilizadas por partidos que condicionan las políticas públicas en ese campo.

Ante la proliferación de este discurso y la preocupante deriva racista que reflejan recientes estudios demoscópicos, el Defensor del Pueblo, dirigido por Francisco Fernández Marugán, ha publicado junto a su informe anual un extenso y exhaustivo anexo sobre la contribución de la migración a la economía española.

Pide reformas legislativas que faciliten el acceso de los extranjeros al mercado laboral y que mejoren sus condiciones, ya que son el 15% de los trabajadores, unos tres millones de personas, a los que habría que sumar a todos los que podrían incorporarse con varios cambios en el reglamento de la Ley de Extranjería que recomienda.

Más de cien páginas llenas de datos, estudios, informes y estadísticas oficiales que echan por tierra cada una de estas ideas y que también quieren servir para que las Instituciones Públicas reaccionen. "Recibir cientos de miles de inmigrantes cada año es incompatible con una política pasiva y una marcada atonía institucional en materia migratoria", critica Marugán. "La inmigración debiera ser un área de interés y estudio preponderante, porque no hay forma de gestionar lo que no se examina y no se discierne con precisión", añade.

El Defensor del Pueblo pide una "toma de conciencia" gubernamental y una política migratoria "activa e inteligente" ya que la población extranjera resulta fundamental para el crecimiento económico. Unas recomendaciones que se antojan más oportunas que nunca ante la crisis económica derivada del coronavirus que, sin lugar a dudas, aumentarán la desigualdad, la pobreza y el paro, caldo de cultivo idóneo para el populismo de todos los signos políticos.

Solución ante el envejecimiento de los españoles

Según este informe, los extranjeros son la tabla de salvación del modelo europeo de bienestar. Con una población envejecida, baja tasa de fecundidad y crecimiento vegetativo negativo, la sosteniblidad del sistema de pensiones se encuentra "en jaque" y sólo la llegada de extranjeros jóvenes tira del crecimiento población.

Comparación pirámide poblacional española/extranjera. FUENTE: Defensor del Pueblo con datos del Anuario CIDOB 2018 y del INE.

Marugán considera "alarmante" la actual tasa de dependencia del país (número de personas dependientes sobre el total de la población en edad de trabajar) que, según la Comisión Europea, está en un 54% y llegará al 62% en 15 años para alcanzar el 82% en 2050. Este cambio demográfico "supondrá un incremento del 12 % en la factura sanitaria global de aquí a 2033", advierte.

En ese sentido, "la migración se plantea como un factor de alivio de la crisis demográfica". En España, desde 2002, siete de cada diez nuevos habitantes han nacido en el extranjero, casi se ha multiplicado por tres. Y desde el año 2000, el 60% de los 4,4 millones de nuevos activos incorporados al mercado laboral es población extranjera, con tasas de actividad mucho más elevadas que las españolas.

Además, la llegada de mujeres y su incorporación al trabajo doméstico y de cuidados — el 60% son extranjeras— "reduce el coste de tiempo y dedicación asociado a la maternidad", la hace más compatible con el trabajo fuera del hogar y, por tanto, contribuye a aumentar la tasa de fecundidad nativa y ta tasa de actividad femenina en general.

Por eso, Marugán pide facilidades para la agrupación familias de mujeres extranjeras y cambios legales para que las cuidadoras puedan ser dadas de alta en la Seguridad Social por otro contratante cuando este fallece, algo complicado actualmente y que dificulta que mantengan sus papeles.

Nos quitan el trabajo que no queremos hacer

La idea de que los extranjeros roban oportunidades laborales a la población nacional también queda desmontada. El Defensor del Pueblo recuerda que los extranjeros representan el 17% de la población activa de España a pesar de no superar el 12% de la población total. Si se fueran mañana, ilustra, el nivel de empleo caería a los 16,7 millones de ocupados —España llegó a las 20 millones antes de la pandemia—, imposible de sostener por trabajadores españoles.

Si los trabajadores extranjeros se fueran mañana el empleo caería a los 16,7 millones de ocupados, imposible de sostener por trabajadores españoles

Desde 2006, el 70% de los nuevos incorporados al mercado laboral son migrantes y cuatro de cada diez empleos generados el año pasado fue ocupado por extranjeros. Mientras la población activa española perdió 300.000 personas desde el final de la crisis, todo el aumento de la fuerza de trabajo ha recaído sobre los migrantes. Sin embargo son el 20% de los empleados en servicios de restauración, comercio, atención personal o seguridad; el 35% de los asociados a las cualificaciones mínimas "y las tareas más penosas".

Marugán critica la llamada "especialización negativa" de los migrantes en el empleo, a pesar de que la mayoría tiene formación superior a las labores que desempeña. Critica la poca integración laboral de los migrantes, que después de la crisis han ocupado los trabajos peor pagados y más inestables. 

No acaparan las ayudas sociales ni las prestaciones

Es uno de los mantras repetidos por Vox, aunque es del todo falso. Los migrantes no viven de las ayudas públicas ni tienen prioridad sobre los españoles para obtenerlas.

Según datos del INE, el 65% de los hogares extranjeros está sustentado por el trabajo por cuenta ajena, un 1% más que los nacionales. El 14% se sustenta por trabajadores autónomos.

En resumen, solo el 18% de los hogares extranjeros tienen como fuente de ingresos principal una pensión contributiva (4%), por desempleo (8%) u otro tipo de prestación social (6%), aunque siempre están ligadas a una cotización previa. A final de 2019, solo un 1,6% de las pensiones contributivas eran para extranjeros, un gasto público "testimonial", según el Defensor del Pueblo.

"Resulta triste constatar que uno de cada dos extranjeros son pobres en España"

Del mismo modo que poco más de 200.000 personas extranjeras son beneficiarias de una prestación por desempleo, sujetas a las mismas condiciones que para la población nativa, aunque con un discriminación: las posibilidades de que un migrante trabaje sin contrato y sin alta en Seguridad Social son más altas y, con ello, menores sus posibilidades de recibir una prestación.

Tampoco copan los servicios sociales ni las rentas mínimas autonómicas, a pesar de vivir en situaciones económicas mucho más desfavorables. "Resulta triste constatar que uno de cada dos extranjeros son pobres en España", apunta Marugán. A pesar de ello, el último informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social clarifica que el 74,6% de los beneficiarios de una renta mínima son españoles y solo el 25,4% son extranjeros, mientras que no llega el 6% el total de usuarios de los servicios sociales españoles.

Nos son una carga para arcas públicas, al contrario

Tampoco suponen un gasto público, muy al contrario, a pesar de que fue la excusa del PP para negar la asistencia sanitaria gratuita en 2012 a los migrantes irregulares, recuperada parcialmente por el PSOE el pasado año. De hecho, los extranjeros acuden menos a los distintos servicios de salud públicos que los españoles, según la Encuesta Nacional de Salud de 2017, que también refleja que consumen menos medicamentos que los españoles.

Por otra parte, la edad media de los extranjeros también contribuye a que padezcan menos dolencias. "Mediante un cálculo simple, el gasto per capita medio por atención sanitaria pública sería, en promedio, un 38 % superior

para la población española respecto a la extranjera", explica Marugán.

Al mismo tiempo, los migrantes han sido clave en el crecimiento del número de cotizantes a la Seguridad Social, aunque la escasa calidad de sus empleos hacen que la base de cotización sea un 16% menor que la media de la población nacional. No obstante, estudios de la OCDE y de otras entidades aseguran que la contribución fiscal de los extranjeros es "netamente positiva" y cercana al 0,5% del PIB.

"La sugerencia lógica es, por tanto, potenciar las políticas en materia de integración laboral", insiste Marugán.

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“Sin fondos para colegios, hospitales y viviendas”: el balance del Defensor del Pueblo

Según el Informe Anual del Defensor del Pueblo crecen las desigualdades.
Que coincide con los informe del Banco de España, la OCDE, la ONU o el FMI.

 

 El Defensor reivindicó la importancia de los derechos económicos y sociales recogidos en la Constitución y un reparto más justo que ayude a quienes están en situación de desprotección social.

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El Congreso tramitará la ley para la igualdad de trato y la no discriminación

Todos los grupos parlamentarios han apoyado hoy tramitar en el Congreso de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, impulsada por el grupo socialista para la prevención y eliminación de todas las formas de desigualdad, así como para reparar el daño de las víctimas.

 

Aunque los grupos han respaldado el proyecto, que el PSOE ha llevado a la Cámara Baja por tercera vez y que se votará el jueves, muchos han anunciado su intención de incluir modificaciones al texto.

"La discriminación humilla a las personas, anula y pisotea sus derechos, sojuzga a quien la padece y envilece a las sociedades que la toleran. Tenemos la oportunidad de dotar al país de un instrumento valiosísimo para prevenir la discriminación, sancionarla cuando corresponda y reparar el daño causado", ha defendido la diputada socialista Ángeles Álvarez.

El texto de la proposición socialista prevé la creación de una autoridad independiente que pueda actuar de oficio contra la discriminación y ejercer acciones judiciales en defensa de la igualdad de trato.

También desarrolla un régimen de sanciones e infracciones, con el objetivo de que tenga un "carácter pedagógico" y sea el instrumento para el "cambio de actitudes".

Álvarez ha sostenido que la Ley pretende ser un "mínimo común normativo del derecho antidiscriminatorio", un instrumento para garantizar la convivencia y la cohesión y para la protección de las víctimas.

"Esta ley es un arma contra los aliados de la intolerancia", ha resumido la diputada socialista parafraseando a Movimiento contra la Intolerancia.

Desde el PP, la diputada María del Carmen Dueñas ha calificado de "necesaria y razonable" una ley que regule de manera global y transversal la lucha contra cualquier tipo de discriminación, aunque ha mostrado su desacuerdo con la creación de una autoridad independiente, ya que esta función podría ser asumida por instituciones ya existentes, como el Defensor del Pueblo.

Asimismo, los populares tratarán de incluir en la legislación la discriminación y las formas de intolerancia que se dan en internet y las redes sociales.

También Ciudadanos estima que el Defensor del Pueblo es un organismo que promueve la igualdad de trato, por lo que ve innecesario la creación de una nueva figura con tal fin.

La diputada de Cs Patricia Reyes ha criticado que el proyecto "pretende ser tan mínimo común denominador que se queda prácticamente en nada" y ha afirmado que "en materia de igualdad es necesario defender lo concreto".

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Sofía Castañón ha lamentado la "indefinición y ambigüedad" del proyecto, ha solicitado que especifique los grupos discriminados, tenga una perspectiva feminista e interseccional y esté dotada de financiación.

Desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha subrayado que el proyecto debería incluir la discriminación por el ejercicio y las opiniones políticas y ha mostrado sus dudas en cuanto al "controvertido" régimen de sanciones que, a su juicio, deberían dirimirse en los tribunales de justicia y no en un órgano administrativo.

La diputada de ERC Teresa Jordà ha incidido en que en el Estado español "hay discriminación" y que los políticos ni pueden ni deben sustraerse a esa "cruda realidad".

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El Defensor del Pueblo pide erradicar la segregación escolar de alumnos gitanos

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha destacado la necesidad de erradicar la segregación escolar del alumnado gitano y asegurar la integración de estos menores.

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el 8 de abril, el defensor ha visitado hoy el CEIP Albolafia de Córdoba, un centro escolar de educación infantil y primaria en el que la mayor parte de sus alumnos son de etnia gitana.

Según explica la institución, recientemente ha iniciado una actuación en relación con la segregación escolar, a petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira y la Asociación de Enseñantes Gitanos.

El Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para solicitar información sobre los colegios en los que la población gitana es mayoritaria, así como sobre las medidas que se están llevando a cabo para evitar la concentración de estos niños en determinados centros escolares.

Durante su visita al Colegio Albolafia, el defensor se ha reunido con los profesores y alumnos de este centro para conocer sus necesidades e inquietudes, en un acto en el que los escolares han leído un manifiesto y han interpretado el himno gitano Gelem.

Fernández Marugán también ha participado en la “Ceremonia del Río”, en la que se lanzan pétalos y velas encendidas al río Guadalquivir, simbolizando la salida de los antepasados de los gitanos de la región de Punjab (India) y su posterior éxodo a través del mundo.

El Defensor del Pueblo destaca que mantiene una colaboración constante con las asociaciones que representan a este colectivo y que comparte su criterio de que es necesario crear nuevos programas y proyectos que aborden la cuestión de la segregación y el abandono escolar a edad temprana, evitando el absentismo escolar.

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