En abril de 2015, D.G. visitó una localidad de Rumanía
para brindar apoyo a la comunidad gitana en sus denuncias de constantes
abusos policiales. El activista resultó gravemente herido en un ataque
grupal organizado presuntamente por un jefe de la Policía local. Un año
antes, en España, la oficina madrileña de SOS Racismo fue atacada por un grupo de extrema derecha con una pancarta llena de mensajes xenófobos como "¡Alto a la invasión!".
En Grecia, a finales de 2016, varios ultras interrumpieron una
conferencia sobre derechos humanos gritando consignas racistas y
amenazando de muerte a los participantes. En Francia, Bélgica y
Bulgaria, varias organizaciones han expresado su preocupación por la
prohibición de protestas en el marco de la lucha antiterrorista.
Los casos se acumulan año tras año. En unescenario mundial de violencia creciente contra los defensores de derechos humanos,
las ONG y las entidades sociales que operan en Europa sufren también
"un patrón de amenazas y presiones" en todo el continente. Así lo ha
denunciado en un reciente informe la Agencia de los Derechis Fundamentales (FRA), un organismo independiente que asesora en esta materia a la UE y sus Estados miembros.
En el documento, la Agencia concluye que cada vez se ha vuelto más
difícil para las ONG ejercer su labor y contribuir a proteger los
derechos humanos en Europa. Esto se debe, dicen, a varios tipos de
obstáculos que se producen sin distinciones entre países o tipos de
Gobierno.
Además de las amenazas, ataques físicos y
descalificaciones, las organizaciones están enfrentándose a cambios en
la legislación que perjudican su actividad, a recortes de fondos y a una
falta de participación en la elaboración de leyes y políticas.
"Esta situación inaceptable debería ser una prioridad para los
responsables políticos a nivel de la UE y nacional", señala el director
de FRA, Michael O'Flaherty. El organismo ha recordado a los países
miembros que deben cumplir las normas internacionales y reconocer el
papel de la sociedad civil, así como vigilar que las decisiones
políticas no menoscaben su trabajo, proteger su financiación y escuchar y
abordar sus preocupaciones.
En los últimos años, las ONG y sus integrantes han sido víctimas de
ataques físicos y verbales y amenazas de particulares que los Estados
deberían "prevenir e investigar con prontitud e imparcialidad". Los
activistas, señalan los expertos, aguantan a menudo la intimidación y
los ataques "como 'parte de su trabajo".
"La sociedad
civil no suele estar preparada para estos ataques. Están acostumbradas a
defender a los demás, no a sí mismas", agregan. Aunque los casos
difieren en función de los países, todos tienen algo en común: ninguno
recopila datos oficiales sobre estos ataques.
Asimismo, defensores y organizaciones sociales son
blanco de un discurso político negativo que cuestiona "su legitimidad y
su reputación" y "ridiculiza" sus actividades. Los efectos son varios:
socava la confianza en las ONG, alimenta la hostilidad y la falta de
seguridad, y desmotiva al propio personal.
La FRA
insiste en que esta falta de reconocimiento, unido a otros factores,
también genera problemas en su salud mental, algo que no se protege lo
suficiente. "El desgaste, la depresión, el agotamiento inducido por la
ayuda y el trauma son frecuentes entre activistas de la sociedad civil",
detallan en el informe.
Algunas ONG y defensores en
Europa han sido acusados de ser "agentes extranjeros" o "traficantes de
personas", según la Agencia. En este sentido, se muestra preocupada por quienes defienden los derechos de los migrantes y recoge el caso de un activista que denuncia insultos por parte de policías en la frontera francesa, así como las amenazas recibidas el verano pasado por la defensora española Helena Maleno.
Cambios legales y restricciones a la libertad de reunión
Los cambios o la aplicación inadecuada de las leyes también han tenido
impacto en la actividad de las ONG, según el informe. Las organizaciones
denuncian trabas a la hora de registrarse y leyes de lobby que
restringen su capacidad de informar al público.
Por
otro lado, varios países como Holanda, Suecia y España mantienen una
legislación penal que prohíbe la difamación o el insulto a los
funcionarios del Estado. "Los activistas necesitan con frecuencia
criticar al Estado y pueden sentir menos poder si se enfrentan a
sanciones criminales".
No obstante, lo que más
destacan es un efecto "particularmente negativo" en la libertad de
reunión pacífica que han tenido las medidas adoptadas contra el
terrorismo en los últimos años.
La falta de acceso a los fondos fue lo que despertó hace años las
primeras alarmas sobre la situación de las ONG en Europa tras el
estallido de la crisis financiera. Según la FRA, se trata de un problema
que afecta a las organizaciones en todos los países de la UE.
Esta falta de recursos se traduce, en la práctica, en
que las organizaciones no pueden desempeñar su labor de forma eficaz. Se
debe, según la Agencia, a la reducción de los presupuestos en algunos
Estados miembros y a procedimientos complejos y "no siempre
transparentes" para acceder a subvenciones.
En países como Croacia, Hungría y Polonia, ONG han denunciado "la falta de transparencia" en el reparto de fondos.
Por último, aunque la Agencia considera que en la UE existe "un amplio
acuerdo" sobre la necesidad de implicar a estas organizaciones a la hora
de legislar y elaborar políticas, en la práctica no se termina de
cumplir.
Hay un "acceso limitado a la información"
sobre estas iniciativas políticas, a menudo tienen "plazos muy
ajustados" y "no hay retroalimentación" por parte de los funcionarios,
concluye el informe.
Fuente de la noticia: Aquí
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario