El presidente del Movimiento contra la Intolerancia recuerda
que «no existe el derecho al insulto»
y que los «insultos racistas, como estos, estos castigados en el artículo 510.2.a del Código Penal porque suponen un daño a la dignidad de la
persona. El problema es que no se está aplicando el Código Penal como se
debería».
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