Dos años sin la joven Carla

La familia de Carla, la menor de 14 años que estudiaba en el colegio Santo Ángel, revivió ayer el día más triste de su vida. Se cumplían dos años desde que el 11 de abril de 2013 la joven decidió quitarse la vida arrojándose a un acantilado desde el parque de San Lorenzo, en La Providencia. Sobre la hierba quedaron sus pertenencias, la carpeta con la que salió de casa para supuestamente acudir al colegio, el lugar que, para ella, se convirtió en su «particular infierno» por ser víctima de acoso escolar por parte de varias compañeras de clase. Después de una primera denuncia interpuesta por supuesto delito de inducción al suicidio, que quedó archivada, la familia logró reabrir el caso, que derivó en una sentencia penal, en la que, de conformidad con sus abogados y el ministerio fiscal, dos menores fueron condenadas a cuatro meses de tareas socioeducativas orientadas «a mejorar la empatía, el control de los impulsos y la asunción de las consecuencias de sus actos».

Las adolescentes expedientadas fueron dos, aunque la denuncia que la familia de Carla presentó incluía como responsable a una tercera menor. No obstante, al no superar los 14 años, fue considerada inimputable. La Ley de Menores recoge estas medidas de reeducación, que las expedientadas pueden compatibilizar con su horario escolar. Fuentes cercanas al suceso sostienen que ya han cumplido la pena. El curso pasado una de ellas continuaba estudiando en el colegio mientras que la segunda, no.

Según consta en el escrito de conformidad, «a finales de 2012, Carla comenzó a tener problemas en sus relaciones con sus compañeros porque algunas de sus alumnas se burlaban de ella por un ligero defecto de estrabismo que padecía o porque se había divulgado que había tenido una relación con una chica». No solo recibía insultos de palabra, también en las redes sociales, y los incidentes, según el fiscal de menores, fueron en aumento en el primer trimestre de 2013. Después de que las dos jóvenes asumieran la autoría de un delito contra la integridad moral y de la sentencia condenatoria en diciembre de 2014, la familia ultima una demanda por responsabilidad civil contra el colegio que presentará la semana que entra o la siguiente. El entorno familiar lo había avanzado en navidades. «Tiene la responsabilidad de cuidar a sus alumnos. No tomó medidas contra ellas y tampoco comunicó la situación a los padres». El centro, sin embargo, no comparte esta visión. «Consternado por la pérdida irreparable» de Carla, siempre ha asegurado que su proceder se ajustó a los protocolos establecidos, que el inspector de Educación ratificó el informe de actuación del colegio y que la investigación judicial llegó a conclusiones similares. Indicó que estaba tratando a la alumna, «pero de problemas diferentes al acoso y que tenían que ver con su vida personal fuera del centro».

http://www.elcomercio.es/gijon/201504/12/anos-joven-carla-20150412004730-v.html