Diagnóstico sobre los delitos de odio y el discurso de odio en Castilla y León

Movimiento contra la Intolerancia mostró hoy su preocupación por la “persistente” presencia de actos de racismo, xenofobia e intolerancia y alertó de la existencia de grupos xenófobos y del incremento del 'discurso del odio' en Castilla y León que se tradujo en 55 delitos conocidos el año pasado. Casi la mitad de estos hechos (20) estuvo relacionado con cuestiones de ideología, seguido de racismo y xenofobia (17) y destacó la provincia de Salamanca que acumuló un total de 14 casos por la presencia de grupos xenófobos muy activos de ideología neonazi con el Centro Social y Nacional y por la escasa preocupación de las instituciones salmantinas.

En ese sentido, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, aseguró hoy en Valladolid que los problemas graves persisten con un “futuro inquietante” por lo que no se puede minusvalorar por lo que demandó a las instituciones de la Comunidad intervenir pero también la aplicación de la Constitución Española y del Código Penal, sin olvidar la necesidad de contar con un Plan Nacional contra los delitos de odio, una Ley Integral y la concienciación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los fiscales y los jueces.

Ibarra recordó, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el problema persiste y va en aumento puesto que, precisó, que una encuesta de derechos fundamentales de la Unión Europa señala que solo se denuncia uno de cada cinco delitos de odio y discriminación. “Esto es solo la punta del iceberg porque hay una realidad sumergida de que las personas agredidas no denuncian por miedo a las represalias de la organización”, apuntó.

De ahí que el número de hechos en Castilla y León podría alcanzar los 275. Casos que están relacionados con la ideología y el racismo pero también con la disfobia o el rechazo a la discapacidad (9 agresiones conocidas), orientación sexual (5), aporofobia o fobia al pobre (2) e intolerancia religiosa (2). La suma de estos delitos de odio provocaron un total de 40 víctimas aunque de los 55 hechos, solo 23 se esclarecieron.

Todas las provincias de la Comunidad registraron denuncias contra la intolerancia, según los datos del Ministerio del Interior. Tras Salamanca están León (8), Zamora (7), Burgos (7), Segovia (5), Ávila (4), Palencia (3) y Soria (2).

Esteban Ibarra presentó hoy el Informe Raxen que por primera ver analiza la situación de la Comunidad con las estadísticas del Ministerio del Interior, las noticias aparecidas en los medios de comunicación, los casos asistidos por la Oficina de Solidaridad y otros registros como la Red Cívica contra el Antisemitismo y la Plataforma contra la Islamofobia.

El responsable nacional de la organización denunció que hay una constante que alimentan los grupos organizados y no se puede hablar de hechos puntuales ni de radicalización. Puso el ejemplo de Valladolid, donde remiten las acciones de odio pero aumenta la propaganda y el discurso del odio alimentados por el Centro Social y Nacional 'El Alcázar' y los fondos ultras de los campos de fútbol que, posiblemente, se vean reforzados tras los episodios violentos ocurridos en la Eurocopa de Francia y las agresiones protagonizadas por los 'comandos' de hinchas rusos. A su juicio, se trata de un asociacionismo ilícito que no debería existir con la aplicación del Código Penal.

PREVENCIÓN
Eso sí, reconoció la dificultad de controlar el discurso del odio porque utiliza las redes sociales e internet para su expansión con portales alojados, en la mayor parte de los casos, en servidores de Estados Unidos que ampara la libertad de expresión. Ibarra enmarcó la intolerancia existente en Castilla y León en un contexto europeo con el aumento de la islamofobia y aseguró que la única manera de frenar estos comportamientos es la implicación de todas las instituciones y la puesta en marcha de programas de prevención.

“Hay que evitar que los niños y los adolescentes se metan en estos grupos fanáticos y en el submundo de crepúsculos racistas y neonazis”, aseveró. Y eso pasa por establecer controles en los contenidos que consumen los jóvenes en internet y la educación en valores, tolerancia y respeto de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la familia. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia tampoco se olvidó del “papel activo” de la Policía, los fiscales y los jueces para cerrar las páginas web que inciten al odio.

Artículo Diario de Valladolid AQUÍ