Esteban Ibarra, presidente de
Movimiento contra la Intolerancia, afirma que las víctimas de delitos de odio
no están suficientemente protegidas y necesitan más apoyo jurídico y
asistencial.
Para mejorar esta situación,
plantea 10 medidas, que explica en
Confilegal.
Este experto participa en la
Comisión de seguimiento del plan de acción de lucha contra los delitos de odio,
vigente desde 2019, de la que también forman parte la oficina nacional de
delitos de odio del Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía, y varias
ONGs, entre otros.
Ayer se celebró la reunión de
seguimiento del segundo plan, en vigor desde 2022 y que se extiende hasta 2024.
Y en ella, el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, magistrado en servicios especiales, informó
de que los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 755 hechos, son los más
numerosos y representan el 43,5% de total de las denuncias.
Le siguen los delitos de odio
cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género, con
459 incidentes, y los delitos de ideología con 245 sucesos.
En primer lugar, Esteban Ibarra
considera que hay un déficit de trabajo para abordar en profundidad las
propuestas y la aplicación del plan de acción, porque “no ha habido reuniones”.
“Esto es una comisión de seguimiento,
pero faltan reuniones de trabajo con quienes estamos al pie del cañón, que
tendrían que haberse producido en el último año”, señala.
1. CREAR LA FIGURA DE LA ALTA AUTORIDAD DE IGUALDAD DE TRATO
Según informa Esteban Ibarra, hay
denuncias de discurso de odio que se presentan en la Fiscalía y que luego ésta
traslada a la alta autoridad de Igualdad de Trato para que concrete su sanción.
Pero resulta que esa figura no
existe, no se ha creado todavía, por lo que “las denuncias se duermen en un
cajón”.
“De las que yo he presentado en
el último año, que son más de 130, unas 40 se han derivado a dicha autoridad,
por lo que estamos sin respuesta”, critica Ibarra.
Y afirma que “la culpa es del
Gobierno por no crear esa figura”.
2. IDENTIFICAR LOS SÍMBOLOS DE ODIO
Además, este experto en
criminalidad de odio afirma que las agresiones directas a víctimas muchas veces
no se identifican bien.
Al respecto, pone como ejemplo
que los agresores llevan símbolos de odio en las prendas que visten o tatuados
en el cuerpo, “como, por ejemplo, un número, el 88, que significa “Heil
Hitler”, y se representa con un 88 porque la H es octava letra del abecedario,
o símbolos que ponen “All Cops Are Bastards” (A.C.A.B), que significa “Todos
los policías son unos bastardos” y que lucen muchos extremistas”.
“No se ha avanzado en la
identificación de los símbolos de odio y nos encontramos con que hay
desconocimiento”, manifiesta.
3. PROPONE QUE SÓLO SE COMUNIQUEN LOS MENSAJES DE ODIO A LAS EMPRESAS
DE REDES SOCIALES CUANDO YA HAYA ACTUADO
LA FISCALÍA
En materia de denuncias, afirma
que tenemos un gran problema con los denominados comunicantes fiables, ‘trusted
flagger’ en inglés.
Lo que sucede actualmente, según
explica, es que los comunicantes fiables notifican a las empresas de redes
sociales que hay un mensaje de odio en Facebook, Twitter, etc.
En paralelo, hay organizaciones
como Movimiento contra la Intolerancia que denuncian esos presuntos delitos
ante la Fiscalía.
El problema que detecta Esteban
Ibarra es que “el Ministerio Público tarda un tiempo en entrar en ello y como
el comunicante fiable ha alertado a la empresa, ésta retira el mensaje, lo que
hace que luego no se encuentre la dirección electrónica del autor”.
Por ello, propone que sólo se
comunique a las empresas después de que haya hecho el trabajo la Fiscalía y
luego dé orden de su retirada.
“Si no, este planteamiento de los
comunicantes fiables, al final ayuda al infractor, que se escapa”, subraya.
4. RECLAMA QUE EL SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS DEL MINISTERIO SEA MÁS
SÓLIDO
Asimismo, afirma que el sistema
de recogida de datos por parte del Ministerio del Interior es poco sólido.
“Por ejemplo, en materia de
antisemitismo se recogen muy pocos datos. La Policía y la Guardia Civil son los
que comunican los incidentes y no siempre tienen la formación adecuada para
identificarlos. Y si no detectan el antiseminismo, por ejemplo, parece que no
hay”, expone este experto.
Además, señala que no coinciden
los datos de delitos de odio que maneja el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) con los de la Fiscalía, y los del Ministerio. “Por eso digo que el
sistema tiene que ser más sólido”, agrega.
5. EL REGISTRO DE SUCESOS A VECES NO CONCUERDA CON LOS DATOS QUE TIENEN
LAS ORGANIZACIONES
El presidente de Movimiento
contra la Intolerancia también asevera que el registro de sucesos a veces no
coincide con algunos datos que tienen las organizaciones.
“Por ejemplo, si en Cataluña el
plan ha registrado 45 delitos de odio ideológico en 2022, mientras que el
Observatorio cívico de la violencia política recogió más del triple, 156, la
mitad de ellos de hispanofobia, por lo que el delito de odio ideológico no está
bien detectado por el Ministerio”, expone.
También pone como ejemplo que en
Guipúzcoa, el año pasado sólo se identificaron cinco delitos de odio
ideológico, y ve muy raro que sólo haya cinco en esa provincia.
“Esto lo tienen que resolver”,
sostiene Ibarra.
6. MONITORIZAR LOS SUCESOS
Otro problema que detecta, y que
viene señalando desde hace muchísimos años, es que el plan no monitoriza los
sucesos.
“El Ministerio del Interior
informa en la estadística de 1.869 delitos de odio registrados, pero lo
importante es la monitorización, las seis cuestiones clásicas del periodismo:
qué ha sucedido, dónde, cuándo, cómo, por qué y quién lo ha hecho. Y eso el
informe no lo recoge”, explica.
En Movimiento contra la
Intolerancia sí tienen monitorizados los sucesos en el Informe Raxen, y también
el Observatorio de violencia político en Cataluña, y esto permite, según
advierte este experto, detectar grupos extremistas que realizan incidentes de
odio.
7. AMPLIAR LA AYUDA EN ATENCIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES
ECONÓMICAMENTE
Esteban Ibarra también manifiesta
que “no se ha resuelto la ayuda a las víctimas más vulnerables económicamente
en materia de atención jurídica”.
“Por ejemplo, si una familia de
dos personas es agredida y no cumple los requisitos para la justicia gratuita,
que son 1.350 euros de ingreso máximo, se ve sin la ayuda necesaria”, critica.
Y pide ampliar estas ayudas.
8. PRESTAR UNA ADECUADA ATENCIÓN JURÍDICA A TODAS LAS VÍCTIMAS
Además, destaca que existe
descoordinación entre instituciones públicas y sociedad civil a la hora de
prestar servicios de asesoramiento y orientación.
Afirma que es necesario articular
un sistema para prestar una adecuada atención jurídica a todas las víctimas de
delitos de odio, ya que el apoyo en asesoramiento está transferido a las
comunidades autónomas y la apuesta es desigual.
“No puede ser que en unas
comunidades haya más apoyo y en otras menos”, apostilla.
9. EL DERECHO DE LA VÍCTIMA A DENUNCIAR ACOMPAÑADA
Según el presidente de Movimiento
contra la Intolerancia, “también hace falta que en comisarías y juzgados se
reconozca el derecho de la víctima a que pueda denunciar y asistir a
diligencias acompañada; un derecho reconocido en el artículo 4 del Estatuto de
la Víctima, vigente desde 2015 y que al parecer se desconoce, y no permiten la
presencia del acompañante de confianza”.
10. LA PROTECCIÓN UNIVERSAL DE LA VÍCTIMA
Asimismo, denuncia que sigue
pendiente la protección universal de la víctima de delito de odio.
Y reclama al Gobierno que con
motivo de la presidencia europea traslade al Consejo Europeo que amplíe los
motivos de protección de las víctimas de delitos de odio, porque actualmente el
Tratado de la Unión Europea sólo recoge cinco: “raza”, etnia, color de piel,
religión y origen nacional o étnico”.
Esteban Ibarra subraya que hay
nuevos motivos como la orientación sexual y la identidad de género, la
aporofobia y el odio ideológico, entre muchos otros, y que por eso la ONU
señala que puede haber “cualquier otro factor de identidad”, como también es,
por ejemplo, el tema lingüístico.
Ibarra recuerda que la Comisión
Europea ya dijo en diciembre de 2021 que habría que ampliar la lista de delitos
de odio.
“Esta reivindicación está
amparada en la Constitución española y la universalidad de los derechos
humanos”, concluye.
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