Todos los grupos parlamentarios han apoyado hoy tramitar en el
Congreso de la ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación, impulsada por el grupo socialista para la prevención y
eliminación de todas las formas de desigualdad, así como para reparar el
daño de las víctimas.
Aunque los grupos han respaldado el proyecto, que el PSOE ha llevado a
la Cámara Baja por tercera vez y que se votará el jueves, muchos han
anunciado su intención de incluir modificaciones al texto.
"La discriminación humilla a las personas, anula y pisotea sus
derechos, sojuzga a quien la padece y envilece a las sociedades que la
toleran. Tenemos la oportunidad de dotar al país de un instrumento
valiosísimo para prevenir la discriminación, sancionarla cuando
corresponda y reparar el daño causado", ha defendido la diputada
socialista Ángeles Álvarez.
El texto de la proposición socialista prevé la creación de una
autoridad independiente que pueda actuar de oficio contra la
discriminación y ejercer acciones judiciales en defensa de la igualdad
de trato.
También desarrolla un régimen de sanciones e infracciones, con el
objetivo de que tenga un "carácter pedagógico" y sea el instrumento para
el "cambio de actitudes".
Álvarez ha sostenido que la Ley pretende ser un "mínimo común
normativo del derecho antidiscriminatorio", un instrumento para
garantizar la convivencia y la cohesión y para la protección de las
víctimas.
"Esta ley es un arma contra los aliados de la intolerancia", ha
resumido la diputada socialista parafraseando a Movimiento contra la
Intolerancia.
Desde el PP, la diputada María del Carmen Dueñas ha calificado de
"necesaria y razonable" una ley que regule de manera global y
transversal la lucha contra cualquier tipo de discriminación, aunque ha
mostrado su desacuerdo con la creación de una autoridad independiente,
ya que esta función podría ser asumida por instituciones ya existentes,
como el Defensor del Pueblo.
Asimismo, los populares tratarán de incluir en la legislación la
discriminación y las formas de intolerancia que se dan en internet y las
redes sociales.
También Ciudadanos estima que el Defensor del Pueblo es un organismo
que promueve la igualdad de trato, por lo que ve innecesario la creación
de una nueva figura con tal fin.
La diputada de Cs Patricia Reyes ha criticado que el proyecto
"pretende ser tan mínimo común denominador que se queda prácticamente en
nada" y ha afirmado que "en materia de igualdad es necesario defender
lo concreto".
Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Sofía Castañón ha
lamentado la "indefinición y ambigüedad" del proyecto, ha solicitado que
especifique los grupos discriminados, tenga una perspectiva feminista e
interseccional y esté dotada de financiación.
Desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha subrayado que el proyecto
debería incluir la discriminación por el ejercicio y las opiniones
políticas y ha mostrado sus dudas en cuanto al "controvertido" régimen
de sanciones que, a su juicio, deberían dirimirse en los tribunales de
justicia y no en un órgano administrativo.
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