El dueño y una camarera de un bar de Valladolid se sientan este miércoles en el banquillo de los acusados por impedir la entrada de unos jóvenes gitanos, un caso en el que la Fundación Secretariado Gitano intervino ante lo que consideran un “delito de discriminación” que contraviene los “derechos fundamentales”.
Los hechos se
produjeron en enero de 2017, cuando, según la propia fundación, una de las
empleadas del bar impidió el acceso a dos jóvenes gitanos alegando que, por
orden del dueño, les estaba prohibida la entrada. Los jóvenes expusieron el
caso al Secretariado Gitano, que elevó una denuncia a la Fiscalía Provincial de
Delitos de Odio.
Tal y como
explicó la entidad en un comunicado, “la denegación de acceso a bienes y
servicios en el ámbito privado es un delito de discriminación que se recoge en el
artículo 512 del Código penal”, y aseguró que la política del establecimiento
atenta contra el “derecho a la Igualdad y la dignidad de las personas”, recogidos
en la propia Constitución.
Según el
testimonio de uno de los jóvenes, “en aquel momento nos sentimos humillados y
avergonzados, no entendemos cómo en el siglo XXI se nos trata así por ser
gitanos”. La fundación, por su parte, explicaron que hechos como éste debe ser
abordados “desde un enfoque de derechos humanos”.
Por último, el
Secretariado Gitano explicó que estos hechos no son aislados, al tiempo que
celebró que este juicio “envía un mensaje claro a quienes no permiten la
entrada a sus locales por una motivación antigitana”.
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