La Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria , la más representativa
de Atención Primaria con unos 22.000 socios, anima a los médicos a acogerse a
la objeción de conciencia, a título individual, para seguir atendiendo a los
inmigrantes irregulares que ya sean pacientes suyos.
De esta
forma, esta sociedad científica muestra su rechazo al real decreto de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad de la sanidad, que incluye la
retirada de asistencia al inmigrante “sin papeles” desde el próximo mes de
septiembre.
La
disconformidad de la se plasma en un documento elaborado por su Grupo de
Trabajo de Bioética, que defiende que la lealtad del médico al paciente debe
prevalecer.
El
presidente de esta organización, Josep Basora, subrayó que dejar de atender a
personas que hasta ahora habían gozado de ese derecho plantea “un conflicto
ético” y pone a los médicos en una situación complicada. “No podemos dejar de
atender a quienes han sido nuestros pacientes”, dijo.
Así, el
informe concluye que el profesional vive como un verdadero conflicto ético dos
lealtades que chocan: la que debe al Servicio de Salud y la que merece el
paciente, según Abel Novoa, del Grupo de Bioética.
Los
responsables de esta sociedad han pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad que modifique el real decreto y advierten de que, si no lo
hace, “la única salida que le queda al médico de familia es la objeción de
conciencia”, un derecho básico, que “no puede ser perseguido por las
instituciones públicas”, opinó.
Cinco
comunidades autónomas han anunciado ya su intención de seguir atendiendo a los
inmigrantes a partir de septiembre: Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad
Valenciana y País Vasco.
Los médicos
de familia sí aceptan las limitaciones en la prestación impuestas por el
Gobierno para el colectivo de inmigrantes “potenciales” o “que están por
venir”, pero insisten en que no se puede hacer lo mismo con los que ya están
siendo atendidos “porque es cambiar las reglas del juego a mitad de partido”.
Además, rechazan el turismo sanitario: “Hay que combatir el abuso, pero son dos
realidades distintas”.
Lo que se plantea es que el médico siga atendiendo a los inmigrantes irregulares
que ya son pacientes sin perjudicar al resto de los ciudadanos. “Y hay fórmulas
para hacerlo”, según Novoa.
“No pensamos
que se pueda hacer como un trabajo caritativo, sino que debemos seguir
atendiendo a los inmigrantes dentro del sistema sanitario y del horario
laboral”, precisó el representante del Grupo de Bioética.
Respecto a
la forma en la que los “sin papeles” podrán acceder a los medicamentos básicos,
uno de los “mínimos decentes” a los que debe tener derecho este colectivo,
Josep Basora admitió que constituye un “interrogante”.
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