Junta Islámica, ONGs, Policía y jueces, enfrentados por el uso del burka

Una mayoría de ONGs, Policía y jueces se postula a favor de la prohibición del uso del burka en espacios públicos.

Señalan que si alguna mujer es obligada a ponerse el burka contra su voluntad, “existen cauces legales para que puedan defenderse y denunciar que se está vulnerando su libertad y sus derechos como persona”.

La Junta Islámica pidió este jueves al Gobierno que centre sus esfuerzos para defender la dignidad de las mujeres en fomentar la conciliación familiar y laboral y que no se preocupe por regular el uso del burka en espacios públicos, “porque es un asunto que sólo afecta a quienes deciden ponérselo”.

La presidenta de esta organización, Isabel Romero, respondió de esta manera a la propuesta del Ministro del Interior, que abogó por regular el uso del burka en espacios públicos para defender la dignidad de las mujeres y por motivos de seguridad, puesto que dificulta la identificación de quienes portan esta prenda.

Además, Romero comentó que no existe en la actualidad un problema social que obligue a que el Ejecutivo se plantee impulsar una regulación de este tipo, “ni por volumen de mujeres que lo usan, ni por su dignidad, ni por seguridad ciudadana”.

En este sentido, la presidenta de la Junta Islámica aseguró que en todo caso sucede lo contrario, porque si alguien va con burka llama más la atención de la gente que está a su alrededor. Además, pidió al titular de Interior que explique cuántas mujeres con burka han cometido en España algún tipo de delito como por ejemplo un atraco.

Por último, Isabel Romero recordó que si alguna mujer es obligada a ponerse el burka contra su voluntad, “existen cauces legales para que puedan defenderse y denunciar que se está vulnerando su libertad y sus derechos como persona”.

Jueces y Policía apoyan su prohibición

Varias de las principales ONGs, así como colectivos de jueces y policías se mostraron este jueves a favor de prohibir en España el uso del burka en espacios públicos. Por el contrario, Amnistía Internacional se opuso a esta medida, al considerar que es algo innecesario, ya que pocas mujeres lo llevan en territorio español.

Defendieron la prohibición del burka Mujeres Juristas Themis, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Confederación Española de Policías (CEP), Movimiento contra la Intolerancia y Europa Laica.

A este respecto, la mayoría de los colectivos de juristas, policías y ONGs consultados mostraron su disposición a la prohibición del uso de esta prenda “porque es algo discriminatorio”, pero puntualizaron que “nunca se debería hacer por motivos de seguridad ciudadana, puesto que el problema no es ese”.

En ese sentido, Ángeles Jaime de Pablo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, indicó que “la discriminación de las mujeres es una forma de no respetarse los derechos humanos”, y opinó que el burka es algo “incapacitante” para las mujeres que lo portan". Eso sí, aclaró que la regulación del burka es un tema “muy delicado” y que se debe abordar con cuidado, “porque afecta a la identidad de las musulmanas que usan la prenda”.

Estas asociaciones aconsejaron al Gobierno que en caso de abordar el desarrollo de la prohibición, tengan cuidado de no caer en la tentación de legislar de tal modo que se desate la “islamofobia” entre las comunidades afectadas.

En esa línea se manifestó, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, quien se mostró a favor de regular el uso del burka en la Ley de Seguridad Ciudadana pero aconsejó que el desarrollo de la posible norma se haga evitando la islamofobia, porque “es una decisión que no tiene que interpretarse como un conflicto de la libertad religiosa porque no tiene nada que ver”.

Del mismo modo, Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, explicó que es necesario la existencia de límites y barreras en los espacios públicos a la hora de utilizar el burka porque hay ámbitos, como el educativo o el sanitario, por ejemplo, donde es necesario “el uso de una cara para poder trabajar”.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llanera, aseguró a Servimedia que una iniciativa parlamentaria en España para la regulación del uso del burka sería “razonable” y “conforme con una sociedad democrática”. A su juicio, “la seguridad y el respeto a los derechos humanos son dos aspectos básicos para abordar la tramitación parlamentaria en España de una ley sobre el empleo de esta prenda”.

Algunos de los portavoces de estas asociaciones plantearon que el uso del burka “puede llegar a dificultar la labor policial a la hora de garantizar la seguridad en las manifestaciones”.

Es el caso del portavoz de la CEP, Antonio Labrado, quien garantizó que “el burka lo que imposibilita es identificar claramente a una persona”, cuando así se requiere por “seguridad”, al tiempo que subrayó que la Policía “no tiene la capacidad de vislumbrar si detrás del burka , o de una persona embozada o con careta, hay un terrorista o una persona con unas creencias religiosas”.

Sin embargo, algunos colectivos insistieron en que la prohibición por parte del Ejecutivo de esta prenda supondría una “coacción” por parte del Estado.

Así se pronunció,  María Serrano, portavoz de Política Interior de Amnistía Internacional en España, asegurando que “es una medida innecesaria y desproporcionada porque afectaría a todas las mujeres que llevan el velo integral, independientemente de si éstas deciden llevarlo libremente o si se ven coaccionadas a llevarlo. Para nosotros, el punto de coacción es fundamental: cuando el Estado se mete en decidir cómo se visten o deben dejar de vestirse las mujeres”.

Un conflicto político-religioso

El planteamiento del Ministerio del Interior de España de regular la prohibición del burka por motivos de seguridad no es algo nuevo en ese país, donde la polémica llegó incluso al Tribunal Supremo.

Durante un acto público el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue preguntado por la decisión de algunos ayuntamientos de prohibir el uso de esa prenda, que ha sido cuestionada por las autoridades judiciales.

Fernández Díaz expresó su opinión personal sobre el uso del burka y dijo que "atenta contra la dignidad de las mujeres" y aprovechó para sugerir que se podría regular en el marco de una ley actualmente en trámite en el Parlamento referida a diversos aspectos de seguridad ciudadana.

Para el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, la única dimensión que tiene este asunto es la de la seguridad, ya que esta prenda puede dificultar la identificación de una persona durante una protesta.

Pero cuando este tipo de medidas llegaron al Tribunal Supremo de España, el alto tribunal optó por poner freno al "limite para el ejercicio fundamental de libertad religiosa que la prohibición del velo integral supone" y recordar además que una ordenanza municipal no puede legislar en materia de derechos fundamentales.

El caso que se plantea ahora es distinto, porque la regulación del burka se incluiría en el proyecto de ley de seguridad ciudadana que se tramita en el Congreso español y que contempla sanciones administrativas para las personas que vayan embozadas a las manifestaciones e impidan así ser identificadas.

La sentencia del Tribunal Supremo que anuló la prohibición del velo islámico aprobada por las autoridades de Lérida también sugería para poder regular el uso del burka la "exigencia indeclinable" de una ley previa, que hasta ahora no existe en España.

Eso cambiaría si finalmente la ley de seguridad ciudadana incluye su regulación.

El uso del velo islámico, del burka y otras prendas para ocultar el rostro de la mujer es objeto de un "intenso debate tanto en España como antes en otros países", reconocía el Tribunal Supremo en su sentencia, que también recordaba que en nuestro entorno occidental "no existe en general dicha prohibición, pese a que en distintos países han surgido propuestas" en este sentido.

Sin embargo, en Francia sí hay una ley en vigor desde 2011 que prohíbe llevar burka o velo integral en el espacio público y que además fue avalada por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que entendió la necesidad de las autoridades "de identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad de las personas".

Una tesis muy parecida a las explicaciones ofrecidas por el ministro español, que además podría influir también en futuras interpretaciones de los tribunales de ese país.

La alusión del ministro recupera un debate que ya se dio cuando el Tribunal Supremo anuló la ordenanza de Lérida en la región de Cataluña (norte de España), la primera ciudad en aprobar la prohibición del uso del velo integral en dependencias municipales en 2010, por considerar que limitaba la libertad religiosa.

En Catalunya sin burka

Catalunya es la región donde ha habido un debate más intenso sobre este asunto y, de hecho, más de una docena de gobiernos locales, aprobaron ordenanzas similares, a las que hay que sumar la del municipio andaluz de Coín en la provincia de Málaga.

El pasado 18 de julio el Ayuntamiento Reus, también en Cataluña, aprobó las ordenanzas de civismo que impiden ir con la cara tapada en la vía pública, aunque del texto final se eliminaron los conceptos de burka -que cubre todo el cuerpo y tiene una rejilla para ver- y el niqab -un velo negro de pies a cabeza-.

La nueva normativa prevé sanciones de 750 euros a quien circule con el rostro oculto por la calle, aunque estas multas no podrán imponerse por ahora a aquellos ciudadanos que aleguen motivos religiosos para defender su indumentaria.

El gobierno municipal de Reus ha descartado por ahora esa opción después de un informe del secretario municipal en el que les advertía que para poder sancionar el uso del velo integral es necesaria una ley autonómica, una norma que el Govern prevé desarrollar próximamente pero que todavía no tiene fecha para entrar en vigor.

Hasta ahora en Reus estaba prohibido el uso del 'burka' y el 'niqab' en dependencias municipales, una restricción que ahora se extenderá también a la vía público y los autobuses municipales y que afectará también a otras indumentarias que cubran el rostro como el pasamontañas y el casco.

La nueva ordenanza de civismo prohíbe también el nudismo en toda la ciudad, y endurece las sanciones para aquellos que pinten graffitis en el municipio, así como a los que no recojan los excrementos de los perros.

También se ha debatido en Tarragona una moción presentada por el PP que pedía prohibir el 'burka' y el 'niqab' en la calle y los equipamientos municipales, aunque en este caso ha sido rechazada con los votos de PSC, CiU e ICV-EUiA.

La regulación del uso del burka y el niqab en espacios públicos también está prevista en la memoria de la ley del espacio público del Gobierno catalán, como ya avanzó a finales de julio pasado Ramón Espadaler, conseller de Interior de Cataluña.

http://noticias.lainformacion.com/espana/junta-islamica-ongs-policia-y-jueces-enfrentados-por-el-uso-del-burka_SFruuopxT7j9SDnexZ24Z6/