Corría 2011. Soplaba el viento a favor de la primavera árabe.Murtaja Qureiris apenas tenía diez años cuando, en una concentración de chiquillos con bicicletas, lanzó megáfono en mano una súplica: “El pueblo reclama derechos humanos”. Por aquel episodio fue detenido tres años después y ahora, recién cumplida la mayoría de edad, se enfrenta a la pena capital, con la petición del fiscal de que su cuerpo sea sometido a la crucifixión pública y la desmembración.
“Murtaja es, sin duda, la víctima más joven de un sistema judicial saudí que descaradamente incumple la legislación internacional”, reconoce a EL MUNDO Maya Foa, directora de la ONG británica Reprieve. “Hay otros muchos jóvenes en el corredor de la muerte saudí, con un riesgo inminente de ejecución por ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Los socios occidentales del reino deberían exigir justicia para todos ellos”, comenta.
Murtaja se ha convertido en el enésimo icono del calvario que sufren quienes desafían a la monarquía saudí del príncipe heredero Mohamed bin Salman. El joven procede de una provincia del este de Arabia Saudí y creció en una familia de activistas de la minoría chií, que denuncia décadas de marginación. Su hermano Ali murió en la represión gubernamental de una de las marchas que han tomado la calle desde 2011, al calor de las revueltas que sacudieron la región y que fueron sofocadas con la complicidad occidental a través de una renovada oleada de autoritarismo.
El menor fue detenido en septiembre de 2014 pero la fiscalía general saudí no presentó cargos en su contra hasta tres años después. Entre las acusaciones, figuran participar en protestas antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano, estar en posesión de armas de fuego, arrojar cócteles molotov contra una comisaría, y enrolarse en una organización terrorista. Murtaja, trasladado a un centro de detención juvenil, pasó su primer mes entre rejas en confinamiento solitario.
“HAY AL MENOS SEIS MENORES EJECUTADOS EL PASADO ABRIL”
Su defensa denuncia que fue forzado a ofrecer una confesión con la promesa falsa de que sería puesto en libertad. Lejos de recobrarla, en mayo de 2017 fue conducido a un centro penitenciario de adultos. Las autoridades no le permitieron contactar con un abogado hasta la primera vista de su juicio, celebrada el pasado agosto ante una corte especializada en delitos de terrorismo. Según Amnistía Internacional, la petición del fiscal es que sea condenado a pena capital -habitualmente por decapitación- y sometido a la “crucifixión”, un término empleado por los tribunales locales para referirse a la exposición pública del cuerpo tras el degollamiento.
Su más que probable futuro en el corredor de la muerte ha suscitado ahora la alarma internacional. “No hay vulneraciones más graves de la legislación internacional que la ejecución de un niño. Al pedir la pena capital para Murtaja, poco después de ejecutar a otras personas que fueron arrestadas cuando eran adolescentes, el régimen saudí está publicitando su impunidad ante el mundo”, denuncia Foa.
El “vía crucis” de Murtaja, que aguarda a la próxima sesión de su juicio, no es un caso aislado en el reino ultraconservador. “Hay al menos diez menores que fueron ejecutados durante el reinado de Salman, entre ellos seis el pasado abril. Es una práctica que se ha convertido en común en este Gobierno”, advierte en declaraciones a este diario Ali Adubisi, director de la Organización Europea Saudí de Derechos Humanos.
“Junto a Murtaja, las vidas de otros tres menores de edad, Dawud al Marhun, Ali al Nimr y Abdalá al Zaher corren peligro por la brutalidad del Gobierno”, agrega Adubisi. El caso más conocido es precisamente el de Al Nimr, de 24 años y sobrino de Nimr al Nimr, un reformista chií ejecutado a principios de 2016 por liderar las protestas pacíficas que recorrieron la provincia saudí de Al Qatif exigiendo el fin de la discriminación a la minoría chií del país y una reforma constitucional.
A finales de abril Riad ejecutó a 37 presos en seis ciudades del reino. Las víctimas eran, en su mayoría, miembros de la maltratada minoría chií y habían sido condenados por espionaje, violencia, terrorismo y participación en manifestaciones. Entre los enviados al cadalso, se encontraban tres súbditos que fueron arrestados cuando eran menores. “La información que manejamos nos indica que otros menores son candidatos a sumarse a la lista de condenados a muerte”, admite Adubisi.
CONFESIONES EXTRAÍDAS BAJO TORTURA
En todos los casos -subraya el activista-, se cumplió el mismo patrón. “Los menores fueron ejecutados después de confesiones extraídas bajo tortura y coerción. La mayoría fueron acusados por protestar y reclamar derechos y han sido privados de cualquier derecho legal. Algunos ni siquiera han tenido oportunidad de reunirse con un letrado”, detalla.
Las recientes ejecuciones han concitado la condena internacional para un país que aún arrastra el descrédito por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Según Human Rights Watch, 139 personas fueron ejecutadas en el reino el pasado año. En lo que va de 2019, 110 personas han corrido la misma suerte. Riad alega que la aplicación de la pena capital “solo puede ser impuesta para los delitos más graves y tras someterse a los controles más estrictos”.
Un argumento que rechazan las organizaciones de derechos humanos. “Las autoridades saudíes tienen un escalofriante historial de uso de la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a los manifestantes antigubernamentales, incluidos menores de la perseguida minoría chií del país”, denuncia Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Próximo. Un decapitación que ahora sobrevuela sobre el sombrío porvenir del pequeño Murtaja.
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