EN DEFENSA DE NUESTROS MAYORES Y DE LOS MÁS VULNERABLES

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD

La grave crisis sanitaria que vive España está poniendo a prueba nuestra capacidad para hacer frente a la pandemia debido a la insuficiencia de recursos sanitarios, y está poniendo a prueba también la fibra moral de nuestra sociedad. Nuestro deber es responder a esta crisis de un modo éticamente coherente con los principios que inspiran nuestra democracia y nuestra Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Dichos principios proclaman ante todo la igual dignidad de la persona y el derecho a la vida, un derecho que tienen por igual todas las personas, sin que admita valoraciones basadas en circunstancias personales, como puede ser la edad. Como consecuencia de esa valoración igualitaria de toda vida humana, nuestra sociedad y nuestras instituciones dan prioridad y ofrecen servicios especiales de apoyo a las personas que sufren alguna discapacidad y en general a los más vulnerables.

La pandemia del coronavirus está castigando a las personas según un patrón de edad, hasta el punto de que entre los de edad más avanzada el efecto de la enfermedad está siendo devastador. Lamentamos que en estos momentos cruciales haya quienes proponen que se utilice la edad como criterio para decidir a quien se ayuda a sobrevivir y a quien se deja morir. Todo ser humano tiene derecho a la vida sin que su edad, sea cual sea, se pueda usar como criterio para darle preferencia sobre otra o para denegarle su derecho a vivir. Así lo ha entendido el Comité de Bioética de España en las pautas que ha hecho públicas para orientar a los profesionales de la salud cara a las situaciones de triaje a que puedan verse obligados a hacer frente en el presente contexto de pandemia.

A esas pautas también nos adherimos las organizaciones que formamos parte de la Plataforma contra la Discriminación por Edad, y pedimos y exigimos que los responsables de las instituciones sanitarias ajusten escrupulosamente sus criterios de actuación a dichas pautas del CBE, y que informen debidamente al personal a su cargo, sin permitir en ningún caso que la vida de una persona pueda quedar a merced de criterios individuales que, por falta de la debida información, recurran a la edad como concepto para decidir sobre el derecho a vivir de un paciente.

Por ello, pedimos al Gobierno y a las autoridades sanitarias que se garanticen los derechos consagrados en la Constitución y, en especial la defensa de las personas más vulnerables como son las que sufren algún grado de discapacidad o las de edad avanzada.

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