martes, 26 de septiembre de 2017

COMUNICADO: LA CRISIS CATALANA NO DEBE JUSTIFICAR LA INCITACIÓN AL ODIO


La preocupante situación que se vive en Cataluña generada por la convocatoria de un referéndum contrario a la Ley está provocando no sólo un debilitamiento de los valores constitucionales, del Estado de Derecho y de nuestra democracia, que con tanto esfuerzo y sufrimiento logramos alcanzar hace no tanto tiempo, sino también un gravísimo deterioro de la convivencia ciudadana, confrontaciones desproporcionadas y una inadmisible “normalización” de los incidentes relativos a los  delitos de odio que es necesario señalar y denunciar por el retroceso y riesgos que suponen.

De igual manera la creación de un clima de intolerancia generado desde matrices polarizadas de catalanofobia e hispanofobia, en donde se proyectan desinformaciones y bulos, vejaciones y mensajes injuriosos, descalificaciones del oponente y victimismos identitarios u otras conductas reprobables, incluso delictivas, no hace sino impulsar la fractura social en Cataluña y en toda España. En este sentido queremos significar que los mensajes y expresiones que conllevan trivialización del nazismo,  banalización del franquismo u otros abusos discursivos no sirven a ninguna causa democrática sino a la expansión de la intolerancia y a la quiebra de la convivencia.


Trivialización del nazismo
Es de sobra reconocida la deficiente trayectoria de nuestro país en la lucha contra la trivialización del nazismo. La Comisión Europea ha recordado repetidas veces que la exculpación, negación o trivialización de los crímenes de los regímenes totalitarios deben ser "sancionados penalmente" como ocurre en otros Estados miembros de la Unión Europea. La última recriminación pública se produjo tras la celebración de un homenaje a la División Azul en el que participaron autoridades del Gobierno y a raíz de las comparaciones del independentismo con la Alemania nazi.

La utilización de símbolos nazis para insultar al independentismo constituye un claro ejemplo de trivialización o banalización del nazismo. Por ejemplo, la publicación de la “senyera estelada” en la que la estrella ha sido sustituida por una cruz gamada supondría una clara incitación a la violencia y el odio penada en otros Estados de la Unión. No se debe descartar que la Comisión Europea incoe “procedimientos de infracción” a España si estos comportamientos se continúan produciendo impunemente.

Estas prácticas son injustificables al margen de cuales sean los comportamientos de quienes reciben esos calificativos y del grado de responsabilidades penales o judiciales que puedan afrontar como consecuencia de sus supuestos delitos o infracciones cometidas en otros ámbitos. Equiparar o calificar a alguien con posición contraria como nazi, podría contemplarse como incitar al odio.
Es más, no sólo pueden constituir  delitos de odio que corroen la convivencia cívica y democrática, también suponen una humillación de las víctimas del nazismo al verse equiparados trivialmente unos crímenes de un grado de barbarie y salvajismo que nunca debemos olvidar con cuestiones cualitativamente distintas.

Trivializar el nazismo, algo desgraciadamente común en España, es humillar a sus víctimas y olvidar su sufrimiento. No se ofende tanto al insultado como a la dignidad y la memoria de las víctimas. Si se califica como nazismo cualquier cosa se normaliza el hecho y se hace llevadero. Si todo lo que algunos inconscientes califican de nazismo lo fuera de verdad, entonces el nazismo no debía ser algo tan grave.


Banalización del franquismo
Deseamos mostrar también nuestra preocupación por la generalización de la utilización del término “franquista” para calificar a los sectores sociales o a las instituciones que legítimamente reclaman y exigen el cumplimiento y el respeto  de la Ley y los valores constitucionales, en este conflicto. De nuevo, es inaceptable utilizar esos calificativos que como en el caso del nazismo suponen una incitación al odio por el horror que el franquismo supuso e igualmente una humillación a sus víctimas y a la dignidad de su memoria. Este calificativo humilla a sus víctimas, banaliza la larga noche que España padeció bajo aquella dictadura e incita al odio dirigiéndolo contra lo que más deberíamos apreciar: nuestro sistema democrático que nunca debemos dejar de fortalecer y perfeccionar.
Que se señale a  intelectuales, artistas, políticos y otras personas o entidades por el ejercicio de su libre opinión no solo merece ser reprobado, podríamos estar en otro hecho relacionado con la incitación al odio, por ello hay que reclamar a los liderazgos de las partes que no se pongan de perfil y salgan de la indiferencia para impedir estos comportamientos antidemocráticos. Lo mismo debe subrayarse ante actitudes y gestos irresponsables, en su caso delictivos, como  afirmar  la existencia de presos políticos, los insultos xenófobos, la hostilidad hacia jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, la quema de banderas y la generalización del lenguaje de odio que anima la radicalización, alienta el extremismo y hace emerger la dialéctica enfrentada del nosotros y vosotros.


Otros abusos y manipulaciones que incitan al odio
Finalmente, es preciso denunciar la generalización del intercambio en las redes sociales y por otros medios, de contenidos que muestran el profundo deterioro del respeto a los derechos más fundamentales y a las normas básicas de convivencia que se está produciendo. España tenía y tiene todavía un importante camino por recorrer en materia de Tolerancia y respeto de la dignidad humana, por lo que como sociedad civil nos vemos obligados a manifestar públicamente el preocupante retroceso que se está produciendo y que estamos contemplando.

Debemos condenar y advertir de las consecuencias que pueden generar para nuestra convivencia la proliferación de contenidos con simbología nazi y franquista, de vídeos que incitan al odio, al desprecio por razones ideológicas, culturales o lingüísticas, la utilización y manipulación de menores de edad, la manipulación generalizada de información, y el abandono del debate democrático cívico propio de las instituciones de las que nos hemos dotado en nuestro Estado de Derecho cuyo alcance y consolidación ha exigido siglos de lucha y sufrimiento. En consecuencia, animamos a todas las personas no solo a defender sus posiciones en el marco de la Ley sino a desterrar toda conducta contraria a los valores democráticos constitucionales, a la defensa de la dignidad de la persona y a la protección de los derechos humanos.

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