La Fiscalía alerta de que el acoso escolar salta de los centros a las redes sociales

La memoria de la Fiscalía Superior de Castilla y León de 2017 aprecia varios fallos en el tratamiento a los menores acusados de cometer alguna irregularidad. En el documento se recogen varias quejas de los fiscales de las nueve provincias de la Comunidad. Señalan el difícil acceso a algunas dependencias, la falta de calabozos o sitio adecuado para que estén los menores detenidos, así como la dificultad para el traslado de papel y documentos.

Otro problema es la inexistencia de abogados especialistas en el turno de guardia. Esta situación se torna más grave en los casos en que hay que adoptar medidas cautelares y, además, asistir al menor en la Fiscalía. En esas situaciones es necesario trasladarse hasta el Juzgado de Menores, en ocasiones en distinta sede, dando lugar «a que se emplee toda la mañana» en adoptar la medida, con el consiguiente «perjuicio para todos los afectados», señala.

En la memoria se hace también referencia al único centro de reforma existente para toda la Comunidad, el de Zambrana, en Valladolid, que cuenta sólo con 65 plazas. En cada visita que realizan los fiscales al centro mantienen entrevistas con los menores internados en el área de reforma y en el de socialización, en algunos casos con problemas que sobrepasan los conocimientos de los educadores. De hecho, la Fiscalía remitió un oficio a Sanidad -que lo atendió- para pedir mayores esfuerzos para que uno de los menores internados por vía civil, con graves problemas psiquiátricos, fuera reubicado en el área de psiquiatría, al peligrar su salud física, ya que se introducía constantemente elementos punzantes en sus órganos genitales.

Aunque el nivel de criminalidad de los menores se ha mantenido en parecidos niveles al año anterior, los delitos cometidos a través de internet continúan en ascenso, sobre todo el acoso escolar, que, alerta la Fiscalía Superior de Castilla y León en su memoria, «sale físicamente de los centros escolares» y «continúa en todo momento a través del mal uso de las redes sociales», lo que, advierte, «aumenta las dificultades de investigación y de tratamiento penológico».

También destaca el alto número de expedientes incoados por violencia intrafamiliar, generalmente, por grave deterioro de las relaciones entre padres e hijos. El incremento de estos casos podría ser incluso mayor del que recoge la estadística, dado que se detecta cierta «reticencia de los padres a denunciar a sus hijos». Esto hace que buena parte de las denuncias lleguen a la Fiscalía cuando el problema «ya está muy enquistado», lo que supone casi siempre la necesidad de adoptar alguna medida y «una mayor dificultad en el tratamiento». En algunos casos se ha detectado que la violencia se inicia con anterioridad a los 14 años.

Las medidas cautelares solicitadas y adoptadas en los supuestos de delitos de violencia doméstica son de convivencia en grupo educativo, libertad vigilada o internamiento (para casos de reincidencia o incumplido grave de la medida de convivencia inicialmente impuesta).

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