Movimiento contra la Intolerancia pide un pacto político y una ley específica contra la xenofobia

La organización Movimiento contra la Intolerancia ha pedido a los partidos políticos que no usen la inmigración como un instrumento arrojadizo o de rechazo y que asuman acordar un Pacto de Estado contra la xenofobia y la intolerancia, así como una ley específica en esta materia.

Un joven de raza negra en actitud pensativaPIXABAY - Archivo

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la organización señala que, para lograr un acuerdo político "efectivo" es "prioritario" tener instrumentos eficaces para defender a la sociedad de este problema. De ahí que abogue por redactar un texto legislativo "contra la Xenofobia, el Racismo y la Intolerancia" que incluya una Estrategia de intervención Integral.

Con este escenario, según apuntan, se podría abarcar "todos y cada uno de los ámbitos sociales e institucionales" y se aseguraría "una política educativa y de integración, que potencie el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) creado por mandato de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros". También supondría fortalecer un funcionariado público con experiencia y compromiso y la creación de un Consejo Social independiente conformado por ONG de la sociedad civil.

Movimiento contra la Intolerancia también propone que, entre otros instrumentos, la nueva ley mandate la creación de un Centro de Documentación y Memoria de la lucha contra la xenofobia, el racismo, la negrofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el antigitanismo, la aporofobia, el supremacismo y otras formas de intolerancia asociadas.

COMPLEMENTARIA A LA IGUALDAD DE TRATO Y DELITOS DE ODIO

"Esta Ley debe ser el epicentro del Pacto de Estado y sería complementaria con una Ley General para la Igualdad de Trato y una Ley Integral contra los Delitos de Odio que aún no han sido aprobadas y que también tendrá que asumir el Parlamento", apunta la organización.

A su juicio, estas son leyes con cometidos distintos, bien para asegurar las sanciones administrativas que correspondan por desigualdad de trato o bien para asegurar los instrumentos punitivos penales frente a los delitos de odio.

Así, creen que "está fuera de toda duda" la necesidad de una norma específica y más cuando otros grandes sectores de la sociedad, como las organizaciones LGTBI, las asociaciones de Mujeres y de protección de la Discapacidad, lo han conseguido, a su juicio, ejemplarmente.

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