MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA CON LA CONSTITUCIÓN POR LA UNIDAD DE LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA Y PLURAL, LA LEGALIDAD Y LA PAZ.
La crisis en Cataluña ha tenido
esta semana una respuesta incontestable desde todos los Pueblos de España y
sobre todo en la histórica manifestación de Barcelona convocada por Sociedad
Civil Catalana frente a los intentos secesionistas promovidos por el Govern de
Puigdemon. La defensa de la unidad democrática constitucional se ha evidenciado
en las instituciones españolas, en los partidos políticos constitucionalistas,
en las entidades sociales democráticas, en numerosos medios de comunicación, en
el mundo empresarial y en multitud de personas del arte, la cultura, el deporte
y de todo ámbito de este país.
Hay que significar el firme
mensaje constitucional del Rey Felipe VI, el posicionamiento de Alfonso Guerra
y de los veteranos socialistas Leguina, Rodriguez Ibarra, Laborda y otros, de
los expresidentes Felipe González, Aznar, Zapatero y la del Presidente de
Gobierno Mariano Rajoy, respecto a la defensa de la integridad territorial y de
la unidad de la España democrática en defensa de la Constitución y de la Unión
Europea, así como el rechazo de un “Proces” que es un Golpe de Estado que
quiebra el ordenamiento constitucional, que elimina el principio de legalidad
democrática instalándonos en la jungla de la inseguridad jurídica, como
muestran las decisiones urgentes que han tomado Bancos y Empresas trasladando
su domicilio fuera de Cataluña, y que nos instala en graves riesgos de
enfrentamientos impulsados por el odio.
Pese al intento de deslegitimar
esta respuesta democrática unitaria de defensa de la Constitución y de la
unidad de esta España plural y diversa, de nuestro país democrático sostenido
por una sociedad tolerante, de acogida e inclusiva, a pesar del especial
interés del secesionismo de vincular estas manifestaciones a grupos
ultraderechistas señalando signos e incluso manipulando hechos, estas
manifestaciones multitudinarias de respuesta están siendo CONSTITUCIONALISTAS,
en defensa del orden democrático y de las libertades y derechos fundamentales
que protege nuestra Carta Magna, entre los que se encuentra la defensa de la
permanencia de instituciones históricas como la Generalitat de Catalunya , así
como en defensa de la ciudadanía en Cataluña que al ser contraria a la
independencia sufre no solo ostracismo y marginación, sino acosos,
intimidaciones y otras expresiones de intolerancia.
No queremos dejar de referirnos a
las escenas represivas constatables en torno a los hechos del 1º de Octubre
durante el desarrollo de un Referéndum ilegal, no autorizado por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. Lamentamos los excesos policiales cometidos
en un operativo con actos erráticos donde que hay que reprobar usos no
proporcionados de la fuerza y donde hay que distribuir responsabilidades entre
las distintas servicios de orden público, tanto los Mossos d'Esquadra, como la
Policía Nacional y la Guardia Civil. Y nos solidarizamos con los afectados, especialmente
con aquellos de buena fe que no deseaban provocar a las fuerzas de seguridad y
sin más ir a votar. Sin embargo hay que significar la articulación organizada y
en algunos casos provocadora en las calles así como la sobredimensión
propagandística de algunas imágenes que, con evidente interés político, han
recurrido a bulos, mentiras y falsedades que evidencian predeterminación y
alevosía, a discursos hiperbólicos calificando a todo de “facha” con finalidad
evidente de negar el carácter democrático al Gobierno de España y a la
Constitución, al objeto de restar legitimidad democrática en pro de la
estrategia de obtener la independencia “a costa de todo”, sin reparar en la
quiebra ética que supone aquello del “fin justifica los medios”.
Queremos hacernos eco de las
situaciones de ostracismo, de sumisión al silencio, de situaciones de
discriminación y hostilidad que sufren muchas personas catalanas por el simple
hecho de manifestar su opinión y ejercer su libertad de expresión, de
aislamiento en instituciones y entidades, hechos discriminatorios junto a
adoctrinamientos indefendibles dirigidos a menores, incluso de actos de
violencia evidenciados en procedimientos de delitos de odio denunciados por las
fiscalías de delitos de odio. Una hostilidad contrastada, no inventada, que
llega a cristalizar en universidades, empresas, instituciones y en todo ámbito
y que llega a utilizar la lengua como espacio de confrontación alentando la
intolerancia cuando la riqueza, el reconocimiento y afecto a la diversidad lingüística,
por tanto a la lengua catalana, es un hecho protegido constitucionalmente.
En estos últimos tiempos no se
debe negar la presencia de grupos extremistas ultras, hasta ahora residuales,
que interesados en la oportunidad facilitada por el secesionismo se personan
para defender postulados antidemocráticos y preconstitucionales y que incluso
pueden cometer delitos de odio, sin embargo es de justicia resaltar que su
presencia está siendo marginal y enterrada por la identidad democrática de la
respuesta y sus conductas de odio están siendo perseguidas, desde hace mucho
tiempo, por las instituciones democráticas, en especial por la Fiscalía y sus
Servicios contra los Delitos de Odio y Discriminación.
El odio ideológico y político no
debe encontrar ningún especio social e institucional en la España democrática
como así proyecta la Constitución española. Lo mismo que hemos de rechazar el
racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el sexismo, la
misoginia, la homofobia, el antigitanismo, la aporofobia y cualquier otra forma
de intolerancia, también hemos de rechazar la Españofobia y la Catalanofobia,
asi como todo Totalitarismo, los de vieja usanza y los nuevos que usan lenguaje
democrático. Desde nuestras semejanzas y diferencias, es la igualdad en
dignidad humana y derechos lo que los hace libres. No ha lugar para el
fanatismo, sea del origen que sea, no ha lugar para incubar, radicalizar y
precipitar la intolerancia al diferente, y si hay lugar a la comunicación y al
dialogo en el marco constitucional de nuestra España plural e integradora que
es la SUMA DE TODOS. Sin embargo este ha de hacerse conforme al principio de
legalidad de nuestra democracia que se articula en torno a sus tres poderes,
desde sus instituciones y espacios habilitadas para ello y no desde mesas de
“negociación” con observadores internacionales y mediadores externos porque no
estamos en ningún conflicto bélico o entre estados.
El conflicto político, y ahora
social, existe y no se debe negar pero no puede conducirnos a reconocer una
Declaración Unilateral de Independencia que divide a los catalanes, nos
enfrenta, cambia nuestro mapa, rompe España y destruye Europa. Todos debemos
señalar que estamos ante una imposición antidemocrática, desde el máximo
respeto a los que defienden su proyecto e ideales de independencia pero sin
vulnerar los derechos de quienes la rechazamos. La iniciativa de un Govern que
está bajo la acusación de presuntos actos delictivos, como ha establecido el
Tribunal Superior de Justicia, no puede ser abordada desde la indiferencia
frente a la manipulación y farsa realizada en el Parlament al aprobar las Leyes
del Referéndum y Transitoriedad, la estafa de la convocatoria de un Referéndum
suspendido por el Tribunal Constitucional y ordenada su no realización por los
Tribunales de Cataluña.
En cuanto al conflicto social,
hay que señalar que el identitarismo que alientan nacionalistas e
independentistas que comparten una identidad excluyente en Cataluña no solo
está generando una fractura profunda, también impulsa una visión supremacista,
insolidaria y de intolerancia, con relatos malintencionados y en algún caso
racistas, frente a todo lo relacionado con España y sus proyecciones en
cualquier ámbito, desde el deportivo al político, también lo cultural, la lengua,
la historia y otras dimensiones de la integralidad social que proyecta un
horizonte totalitario por mucho que se utilice una neolengua que diría Orwell,
con apariencia democrática. El pluralismo político, la realidad multicultural y
multilingüe en Cataluña, como en el resto de España, la vocación integradora ha
de ser respetada por toda institución dado que es un mandato constitucional y
está protegido por los Tratados europeos e internacionales.
Finalmente queremos hacer
nuestras las palabras de Mario Vargas Llosa y Josep Borrell en la manifestación
multitudinaria de Barcelona en la defensa de la libertad y la solidaridad,
frente al virus del nacionalismo y sus peligros antidemocráticos que tanto
belicismo ha mostrado en Europa, a la opresión del secesionismo y sus prácticas
del miedo y la coacción, así como las felicitaciones a jueces y fiscales
emitidas por Carlos Jiménez Villarejo que en su aplicación de la legalidad
vigente están soportando todo tipo de campañas de estigmatización y
hostilidades impropios en una convivencia democrática. La apuesta por nuestra
parte es clara y firme, desde el marco constitucional y sus instituciones,
dialogo y acuerdo respaldado por todos, integración intercultural que incluya a
los inmigrantes y defensa de los derechos humanos y convivencia democrática
respetuosa con los valores europeos reflejados en la Unión de libertad,
igualdad, solidaridad, justicia y tolerancia. Este es el camino de la seguridad
de todas las personas con sus diversas identidades y manifestaciones de la
condición humana, del progreso de esta ESPAÑA QUE ES LA SUMA DE TODOS.
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