“He venido a trabajar, no a robar”

Josef, padre de dos niñas, dice que no necesitaba ayuda antes de la crisis. Del total de las familias que reciben la RGI, el fraude llegó solo al 1,16%

Ayudas sociales, fraude, servicios sociales e inmigración. Son cuatro ingredientes que en la última semana se han mezclado para formar parte de un peligroso cóctel, el de vincular la inmigración con el fraude social. Esta vez, la razón han sido las declaraciones del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que declaró que argelinos y marroquíes vienen a la ciudad para “vivir de las ayudas”. “El fraude en las ayudas sociales para algunas nacionalidades concretas es escandaloso”, añadió. La denuncia del regidor se hace eco de un debate que está en la calle. Lo refleja la última panorámica del Observatorio vasco de la Inmigración, de 2013, donde el 65% de los autóctonos opinó que los inmigrantes se “benefician excesivamente del sistema de protección social”, un porcentaje seis puntos superior al de un año atrás. Maroto fue más allá, habló de dos nacionalidades concretas y las ligó al fraude social en las ayudas.

Para respaldar sus críticas, utilizó unos datos que no hablan de ayudas sociales, sino de atención en los servicios sociales de base, entre los que se engloban desde ayudas económicas hasta otros apoyos que no tienen retribución. El 59% de los marroquíes empadronados en Vitoria ha recibido apoyo de los servicios sociales de base, algo que ocurre también con el 56,8% de los argelinos. Maroto no habló de Nigeria, país que encabeza la petición de apoyos en función del número de empadronamientos de ese colectivo: el 72,6% de los nigerianos de Vitoria han precisado de algún tipo de recurso de los servicios sociales de base. Tampoco habló de los senegaleses, entre los que el 56,3% precisó de apoyo, un porcentaje muy similar al de los argelinos. Las nacionalidades seleccionadas son precisamente las que peor percepción reciben de los autóctonos según las distintas encuestas. Tampoco habló de los autóctonos.

En 2010, el 51% de los magrebíes estaban en desempleo

El 7,8% de los españoles empadronados en Vitoria recibió apoyo de los servicios sociales. En términos cuantitativos, los españoles son mayoría. Concretamente 17.315, frente a los 11.475. Los marroquíes atendidos fueron 2.230 y los argelinos 1.055 —les superan los chinos, con 2.800—. La población inmigrante es en Vitoria el 9,5% de la población y, en proporción, acude más a los servicios sociales de base que los autóctonos. ¿Los utilizan más porque son marroquíes o argelinos, o los utilizan porque son colectivos más necesitados? En 2010, el 51% de los magrebíes estaban en desempleo, una tasa muy superior al 10,89% con el que cerró Euskadi el año. La búsqueda de un trabajo de los inmigrantes es la principal razón por la que llegan a Euskadi.

El 7% considera las ayudas sociales atraen. Josef, un marroquí padre de dos niñas pequeñas que vive en Vitoria desde el año 2002, —cuando la economía iba como un tiro y era bien recibida la mano de obra de los inmigrantes—, explica que “vinimos aquí a trabajar; en 2004 y 2006 no vivíamos de las ayudas, trabajábamos, pero ahora, con la crisis, no tenemos trabajo”. “Yo no soy antiespañol, pero tampoco soy un mafioso, ni quiero vivir de las ayudas, tampoco quiero robar, para eso me podía haber quedado en Marruecos, yo quiero trabajar”. Los datos del Ayuntamiento hablan de atenciones realizadas. En ellas se encuentran las AES, la tercera ayuda social en importancia, por ser puntual y de poca cuantía. En las ayudas municipales el fraude está “minimizado”. Lo dice la concejal de Asuntos Sociales de Vitoria Ainhoa Domaica, que no habla del “fraude escandaloso” del que habla el regidor. ¿Dónde está el problema? En la principal ayuda social, respondió el jueves el coordinador de campaña para 2015 del PP alavés, Iñaki Oyarzábal.

El 90% de las suspensiones no se convirtió en la retirada definitiva

Es la RGI, ayuda gestionada por el Gobierno. En el caso de Vitoria, los autóctonos son mayoría (el 57,69%) entre los perceptores y son un colectivo que, con la crisis, está ganando peso. Según el Observatorio vasco de la Inmigración, al 58% de los autóctonos le preocupa la llegada de inmigrantes porque cree que le dificultará acceder a una ayuda social. Ese temor no se corresponde con la naturaleza de la RGI. Esta es un derecho subjetivo, lo que en la práctica hace que el Gobierno tenga que concedérsela a quien cumpla los requisitos: La RGI es un derecho subjetivo y, por tanto, aunque el dinero se termine, el Gobierno tiene que pagarla por ley a todo el que cumpla los requisitos. En 2013, esa ampliación fue de cien millones más de los presupuestados. Según un estudio del Gobierno vasco de 2010, a través del consumo de perceptores de ayudas se mantienen 4.567 puestos de trabajo y otros 22.200 se pueden aceptar porque la RGI aporta un plus a sueldos que no permiten acabar el mes.

Una reforma legal de la RGI impulsó más controles y exigencias a los perceptores, que llegó con suspensiones de muchas ayudas. ¿Es eso fraude? El Gobierno vasco respondió con un dato: el 90% de las suspensiones no se convirtió en la retirada definitiva de la ayuda porque se subsanaron los errores presentando más papeles o aclarando datos. Del total de familias que reciben la RGI, se extinguió el derecho al 1,16%. ¿Todo el fraude social es de los inmigrantes? “El fraude social no está focalizado en los inmigrantes”, subrayó Oyarzábal el miércoles. ¿Qué hay de fondo? Una pretensión del PP de volver a reformar la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, una ley modificada en 2011 precisamente por un pacto entre PP y PSE. El PP cree que se quedó “a medio camino” en medidas de control y en el endurecimiento del acceso a los inmigrantes, que pasó de un año de empadronamiento a tres, en vez de los cinco que pedía el PP.

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