Derechos humanos para Rubén

La Universidad Carlos III y Mayor Zaragoza exigen al fiscal del Estado que pare el juicio contra el padre y la madre del niño con síndrome de Down sin escolarizar.

«Renuncien a ejercer la acción penal contra los padres de Rubén». Así de claro. El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, el ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, el catedrático de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, y otras muchas personalidades defensoras de la infancia apoyan a Rubén, el adolescente leonés con síndrome de Down cuya familia reclama su educación inclusiva en un colegio ordinario.

Sus firmas se han sumado a la campaña promovida por la asociación Solcom (para la Solidaridad Comunitaria con las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social) y respaldada por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III. A través de la plataforma digital change.org exigen al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce que paralice el proceso penal contra el padre y la madre de Rubén, Alejandro Calleja y Lucía Loma, procesados, a instancias de la Fiscalía de León, por abandono de familia.

«Hasta ahora, los progenitores de Rubén no han obtenido la debida protección jurídica en la defensa de los derechos de su hijo, pero el pasado mes de mayo la situación ha empeorado al iniciarse de manera formal un procedimiento penal contra ellos», señala la carta dirigida al fiscal general del Estado.

La dimensión social que está tomando el caso, que también cuenta con el respaldo del Cermi y de Down España, «muestra que cada vez hay más conciencia ciudadana de lo que nos estamos jugando todos. Si finalmente ganamos, ganaremos todos pero si perdemos perderemos todos también», afirma el padre de Rubén.

«El apoyo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III es abrumador: han firmado todos sus miembros», destaca el hombre, consciente de que pronto habrá fecha para el juicio en el que se dirimirá si son responsables del «abandono familiar de su hijo».

Previamente, se han visto obligados a pagar una fianza de 2.400 euros exigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de León. Rubén es un niño que hasta el curso 2009-2010 estuvo escolarizado en un colegio público ordinario de León «de manera satisfactoria y plenamente integrado con sus compañeros».

En dicho curso y en el siguiente cuando «empezó a sufrir rechazo y malos tratos físicos y verbales y morales por parte de algunos profesores y tutores lo que inevitablemente supuso un cambio en su experiencia vital y educativa», apunta el manifiesto.

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/derechos-humanos-ruben_908231.html