Menores y violencia machista

El aumento de los abusos y violaciones cometidos por adolescentes refleja los fallos en la educación en la igualdad

Inquietante y preocupante, así califica la Fiscalía General del Estado el aumento de la violencia machista y sexual protagonizada por menores de edad. Las cifras recogidas en la memoria anual del 2018 no dejan lugar a las dudas. Durante el pasado año, el número de diligencias de estos delitos fue el más elevado de la década: 1.185 casos abiertos por abusos y 648 por agresiones sexuales. Los casos de violación se han incrementado en un 43%. De todos los datos del informe, resultan especialmente alarmantes las violaciones grupales, calificadas por el ministerio público como «fenómeno», delito que cometen cada vez más menores de 14 años.

La fiscalía apunta al acceso a la pornografía, «donde se representa a la mujer cosificada», como posible detonante de esta banalización de la violencia sexual. También reflexiona sobre el efecto contagio de las ‘manadas’, actuaciones en grupo en las que el agresor emerge como la figura a emular y la responsabilidad individual se diluye. No deja de resultar perturbador que, en pleno auge del #MeToo, con el movimiento feminista más fortalecido que nunca, se perpetúen patrones machistas entre los más jóvenes. También en las relaciones virtuales, donde arraigan nuevas vías de control, persecución o acoso del hombre sobre la mujer. En muchas ocasiones, sin que la menor sea consciente de que está siendo víctima de la violencia.

Es evidente que, como señala el ministerio público, falta educación, falta formación y falta empatía y respeto. Es imprescindible que la escuela y la familia redoblen los esfuerzos en educar en la igualdad, pero es obvio señalar que solo con la implicación de todos los sectores de la sociedad se podrá combatir esta lacra mortífera. Los datos urgen a conjurarse contra cualquier discurso negacionista o relativista de la violencia machista.

Esfuerzo en la educación, sí. Las cámaras en las aulas o en los despachos de las escuelas, como ha sugerido la fiscalía atendiendo a la gravedad de las denuncias, son un medida más cuestionable. La frontera entre la seguridad y el derecho a la intimidad es extremadamente fina. Una medida de este calibre solo puede considerarse después de un debate profundo con la comunidad escolar. Debate que debe extenderse y convertirse en prioritario en todo lo relativo a la educación en la igualdad. Muchas cosas y a muchos niveles se están haciendo mal. El presente, ahora mismo, es machista. El futuro no debe serlo.

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